El Gobierno de Perú prepara el relanzamiento de licitaciones para desarrollar nuevas centrales hidroeléctricas, con el objetivo de incentivar la inversión privada, diversificar la matriz de generación y fortalecer la seguridad del suministro eléctrico frente al crecimiento de las fuentes renovables variables.
La iniciativa contempla la posibilidad de establecer tarifas garantizadas mediante contratos de 10, 15 o 20 años, un mecanismo orientado a mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos que requieren importantes desembolsos de capital y extensos períodos de construcción.
El anuncio fue realizado por Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas de Perú, durante la inauguración de la Expo Internacional del Sector Eléctrico Pecier-FISE 2026, donde presentó parte de la agenda gubernamental destinada a impulsar nuevas inversiones en infraestructura energética.
La propuesta adquiere relevancia ante las proyecciones del sistema eléctrico peruano, que anticipan un posible déficit de hasta 800 megavatios (MW) de reserva de generación eficiente durante las horas de máxima demanda en 2029, en caso de que no se incorpore suficiente capacidad.
De acuerdo con el diagnóstico recogido en el Plan de Transmisión 2027-2036, la insuficiencia de reserva eficiente alcanzaría los 150 MW en 2027, aumentaría hasta 500 MW en 2028 y llegaría a 800 MW en 2029.
En este escenario, la expansión hidroeléctrica aparece como uno de los componentes de la estrategia oficial para respaldar el funcionamiento del sistema y acompañar la incorporación de nuevas instalaciones solares y eólicas.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) considera que el aumento de estas tecnologías debe complementarse con inversiones capaces de contribuir a la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico.
Contratos de largo plazo y nuevas reglas para atraer inversiones
Uno de los principales aspectos de la propuesta gubernamental es el diseño de instrumentos que otorguen mayor previsibilidad económica a los desarrolladores de centrales hidroeléctricas.
En particular, el Ejecutivo analiza establecer esquemas de remuneración con horizontes contractuales de hasta dos décadas, aunque las condiciones definitivas todavía deben evaluarse junto con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
El mecanismo busca atender las características financieras y constructivas de esta tecnología, cuyos proyectos pueden demandar entre siete y ocho años antes de comenzar su operación comercial.
Por ese motivo, la estabilidad de los ingresos durante períodos prolongados constituye uno de los elementos considerados por las autoridades para facilitar la participación de inversionistas privados.
Sin embargo, el anuncio no implica que las condiciones contractuales ya estén definidas. La duración de los acuerdos y sus características económicas permanecen sujetas a evaluación.
En paralelo, el Ministerio trabaja en la aprobación de disposiciones regulatorias pendientes que resultan relevantes para el desarrollo del mercado eléctrico.
Entre ellas se encuentran el reglamento de licitaciones y la normativa correspondiente a los servicios complementarios, instrumentos que forman parte de la agenda de actualización del marco sectorial.
De cumplirse ese cronograma, el sector contaría con nuevas definiciones regulatorias antes de finalizar 2026, aunque todavía no se precisaron las fechas de convocatoria de las futuras licitaciones hidroeléctricas.
El avance regulatorio se produce en el marco de la Ley N.º 32249, que modifica la normativa del mercado eléctrico peruano para impulsar la diversificación de la matriz energética. Según informó Energía Estratégica, el proyecto de reglamento de licitaciones ya cuenta con una evaluación favorable de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria y contempla contratos de largo plazo de entre 10 y 15 años, compras separadas de potencia y energía y contratación por bloques horarios.
Sin embargo, las condiciones de participación de centrales existentes y nuevos proyectos mantienen posiciones divergentes entre los principales actores del mercado. Mientras EDF Perú plantea reservar las licitaciones de largo plazo para nuevas instalaciones, empresas como Kallpa, ENGIE y Statkraft defienden la competencia entre generadores operativos y desarrollos futuros. A su vez, ACCIONA propone extender los contratos hasta 20 años para facilitar el financiamiento de nuevas inversiones.
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La disponibilidad de acuerdos de suministro de largo plazo también representa una preocupación para el sector. Durante Future Energy Summit Perú 2026, César Butrón, presidente del Directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), advierte: “No están consiguiendo el cierre financiero. Ese es el gran problema, no hay suficientes contratos de largo plazo”.
En este escenario, la aprobación del reglamento no necesariamente implicaría una convocatoria inmediata de licitaciones, dado que parte de los contratos vigentes de las distribuidoras vencerá en 2030 y 2031. Por ello, la definición de los cronogramas, los volúmenes de energía y las condiciones de adjudicación será determinante para establecer cuándo podrán competir los nuevos proyectos hidroeléctricos y las demás tecnologías de generación.
Las renovables apuntan al 20% mientras crece la demanda eléctrica
La estrategia de inversión también responde a los cambios previstos en la composición de la generación nacional.
Según las proyecciones comunicadas por el titular del Minem, las energías renovables no convencionales, principalmente solar y eólica, podrían representar aproximadamente el 20% de la generación eléctrica hacia el cierre del quinquenio.
Esta expansión plantea nuevos requerimientos operativos para el sistema, especialmente en relación con la disponibilidad de generación que respalde el suministro cuando disminuya la producción de las tecnologías dependientes de las condiciones meteorológicas.
En consecuencia, el Gobierno plantea mantener una combinación de fuentes que incluya centrales hidroeléctricas y generación térmica a gas natural, además del crecimiento previsto de las instalaciones solares y eólicas.
No obstante, el desarrollo de nuevos proyectos térmicos también enfrenta restricciones relacionadas con la disponibilidad futura de combustible.
Shinno advierte que las reservas actuales de gas natural de Camisea presentarían un horizonte de aproximadamente 10 a 13 años, circunstancia que podría condicionar las decisiones de inversión en nuevas centrales de esta tecnología.
Ante esta situación, el Ejecutivo prevé coordinar acciones con el Ministerio del Ambiente (Minam) para analizar las condiciones que permitan avanzar en el desarrollo de reservas adicionales.
La disponibilidad de gas se convierte así en otro componente de la planificación energética, debido a su incidencia sobre la viabilidad de nuevas inversiones en capacidad de generación térmica.
Por otra parte, la insuficiencia de reserva eficiente podría incrementar la utilización de centrales que operan con diésel, cuyo mayor costo de generación tendría consecuencias económicas para las empresas y los consumidores.
Este riesgo se presenta mientras continúa creciendo la demanda nacional de electricidad.
Entre enero y agosto de 2026, la producción eléctrica peruana registró un incremento cercano al 5% frente al mismo período del año anterior, lo que refleja una mayor necesidad de abastecimiento.
La composición del consumo también permite identificar los principales sectores que impulsan los requerimientos del sistema.
Según el balance energético de 2023 citado en la información oficial, la actividad minero-metalúrgica concentra el 35% de la demanda eléctrica, seguida por la industria, con una participación del 22%.
El consumo residencial representa otro 20%, mientras que el comercio reúne el 13% del total.
En este contexto, el relanzamiento de las licitaciones hidroeléctricas forma parte de una agenda más amplia orientada a ampliar la capacidad disponible y establecer condiciones para el ingreso de nuevas inversiones.
La definición de los mecanismos de contratación, la aprobación de los reglamentos pendientes y la coordinación con ProInversión serán aspectos centrales para determinar cómo avanzará la iniciativa y bajo qué condiciones podrán participar los desarrolladores privados.
El desafío para las autoridades será compatibilizar la expansión de las fuentes renovables con la incorporación oportuna de capacidad que contribuya a mantener la continuidad del suministro, especialmente ante las necesidades proyectadas para los próximos tres años.
Por Emilia Lardizabal
Por Ailén Pedrotti
Por Energía Estratégica
