Colombia prepara una modificación regulatoria que permitiría instalar sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en proyectos de generación y transmisión eléctrica sin tramitar una modificación de sus licencias ambientales, siempre que las intervenciones cumplan las condiciones establecidas y se ejecuten dentro de las áreas previamente autorizadas.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentra en consulta pública y propone adicionar el subnumeral 25 al numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución 859 de 2022, con el objetivo de incorporar expresamente estas tecnologías al régimen de cambios menores o ajustes normales.
La propuesta comprende la instalación, reposición, reubicación, adecuación, repotenciación y operación de baterías asociadas a centrales de generación e infraestructura de transmisión que ya cuentan con licencia ambiental.
El mecanismo permitiría desarrollar dichas intervenciones mediante el procedimiento de información previa a la autoridad ambiental, sin necesidad de adelantar una modificación de la licencia, siempre que no se generen nuevos impactos ambientales ni se configure alguna de las causales que exigen ese trámite.
La medida se plantea en un momento de mayor actividad para el almacenamiento colombiano, luego de que la subasta de contratación eléctrica de largo plazo de 2026 incorporara por primera vez baterías entre sus proyectos adjudicados.
Según informó Energía Estratégica, el proceso asignó 4.564 MWh-día respaldados por seis proyectos que reúnen 995 MW solares y 100 MW de almacenamiento, con contratos de 15 años cuyas obligaciones comenzarán el 1 de enero de 2030.
La adjudicación quedó concentrada en cuatro compañías: ISAGEN, Empresas Públicas de Medellín, Celsia y Enel Colombia. Los sistemas de almacenamiento corresponden a dos proyectos solares híbridos, Bosques Solares de los Llanos 8 y Parque Solar Andrómeda.
En particular, el producto que combinó generación fotovoltaica y baterías adjudicó 390 MWh-día a un precio promedio ponderado de 315,87 pesos colombianos por kWh, aproximadamente un 28% por encima del precio del producto exclusivamente solar diurno.
Este resultado constituye un antecedente para el mercado, al incorporar compromisos contractuales de suministro que incluyen almacenamiento durante las horas posteriores a la generación solar.
¿Qué cambiaría para los desarrolladores de proyectos BESS?
El proyecto de resolución establece que las intervenciones sobre sistemas de almacenamiento podrán ser consideradas cambios menores siempre que se desarrollen dentro del área de intervención autorizada en la licencia ambiental del proyecto de generación o transmisión.
De aprobarse, esta disposición permitiría simplificar el procedimiento ambiental para incorporar baterías a determinadas instalaciones existentes, aunque no eliminaría las obligaciones asociadas al cumplimiento de los permisos y condiciones vigentes.
El articulado propone expresamente que la incorporación de almacenamiento esté comprendida dentro del listado de cambios menores, “siempre que se encuentre dentro del área de intervención del proyecto de generación o transmisión autorizado en la licencia ambiental”.
En términos técnicos, la medida contempla equipos de conversión de potencia, sistemas de control y protección, refrigeración, conexiones eléctricas y obras complementarias necesarias para la operación de los BESS.
De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, estas intervenciones podrán aprovechar plataformas, accesos, áreas operativas e infraestructura eléctrica previamente desarrolladas, según las condiciones particulares de cada instalación.
El documento aclara que “La adición no comprende proyectos de almacenamiento independientes de los proyectos de generación o de la infraestructura de transmisión licenciados”, diferenciando estos desarrollos de las instalaciones asociadas a activos existentes.
Además, las actuaciones deberán cumplir integralmente las condiciones previstas en el artículo 2 de la Resolución 859 de 2022 y no podrán configurar las causales de modificación de licencia contempladas en el Decreto 1076 de 2015.
La propuesta también incorpora obligaciones específicas en materia de seguridad operativa. En particular, establece que “El titular de la licencia ambiental deberá actualizar el Plan de contingencia o Plan de Gestión de riesgo (según sea el caso)”, incorporando los riesgos asociados a la instalación y operación del almacenamiento.
Estas actualizaciones deberán considerar los escenarios de emergencia correspondientes a cada tecnología y configuración, así como medidas de prevención, detección, atención y recuperación.
Asimismo, deberán contemplarse las exigencias ambientales relacionadas con el tratamiento y disposición final de baterías y componentes electrónicos, actividades que permanecerán bajo seguimiento de las autoridades competentes.
La iniciativa se complementa con el marco regulatorio desarrollado durante 2026, particularmente el Decreto 0393 y la Resolución CREG 101 113, que establecieron lineamientos y mecanismos para integrar almacenamiento al sistema eléctrico colombiano.
Seguir leyendo
Esta última regulación contempla convocatorias para seleccionar inversionistas en proyectos de almacenamiento y mecanismos de remuneración, incluyendo ofertas basadas en un Ingreso Anual Esperado para determinados activos.
Por tanto, la eventual modificación ambiental abordaría una dimensión distinta de la regulación económica: los procedimientos para incorporar baterías a proyectos previamente licenciados, mientras que las normas de mercado definen aspectos vinculados a su participación y remuneración.
Un mercado con inversiones en crecimiento y desafíos de rentabilidad
El interés por el almacenamiento también se refleja en las carteras de inversión presentadas por algunas de las principales compañías del país durante Future Energy Summit Colombia 2026.
Según relevó Energía Estratégica, Isagen, Celsia, Krelo-Promigas, Enel, Terpel e ISA expusieron sus estrategias de expansión, que incluyen proyectos solares, baterías e infraestructura de transmisión.
Entre los anuncios más relevantes, Isagen presentó una cartera de aproximadamente 820 MW solares en distintas etapas y otros 600 MW de desarrollo propio, mientras que la posibilidad de hibridar sus proyectos representaría un potencial cercano a 4 GWh de almacenamiento.
Por su parte, Celsia planteó como objetivo alcanzar 1 GWh de capacidad de almacenamiento instalada durante los próximos cinco años, además de avanzar con proyectos que combinan generación fotovoltaica y baterías.
Krelo-Promigas también expuso una cartera de 600 MW solares greenfield en Colombia, evaluada desde etapas tempranas con la posibilidad de incorporar almacenamiento, mientras que otras compañías mantienen nuevos desarrollos en preparación.
No obstante, el aumento del interés empresarial todavía convive con desafíos para consolidar modelos de negocio que permitan financiar estas instalaciones.
Un análisis de Aurora Energy Research, presentado durante Future Energy Summit Colombia 2026, señala que los diferenciales de precios intradiarios para baterías de cuatro horas aumentaron un 350% entre 2021 y 2026, sin que ese crecimiento se traduzca todavía en un despliegue masivo.
La consultora proyecta que Colombia podría alcanzar alrededor de 6 GW de capacidad solar instalada hacia 2030, aumentando la necesidad de flexibilidad para gestionar los excedentes de generación durante el día y abastecer la demanda en horarios posteriores.
Sin embargo, advierte que el arbitraje energético no resulta suficiente por sí solo para impulsar las inversiones, por lo que considera necesarios mecanismos complementarios de remuneración por capacidad, confiabilidad y servicios auxiliares.
A esta discusión se suma la reducción internacional de los costos del almacenamiento. Según datos de BloombergNEF y Ember recogidos en un informe de Erco Energía, el costo nivelado de los BESS de cuatro horas disminuyó un 27% interanual, hasta los 78 dólares por MWh, mientras que los costos de inversión registraron una caída del 31%.
Pese a esta evolución, el informe estimaba que Colombia disponía de alrededor de 50 MW de almacenamiento instalados a julio de 2026, reflejando la distancia entre la reducción de costos tecnológicos y el desarrollo efectivo de proyectos en el mercado local.
En este escenario, la propuesta de simplificación ambiental se suma a las iniciativas regulatorias y comerciales destinadas a facilitar la incorporación de baterías al sistema eléctrico.
El documento justifica esta necesidad a partir de los riesgos para el abastecimiento derivados del crecimiento de la demanda, la reducción de aportes hídricos durante fenómenos de El Niño y la mayor exigencia sobre la generación térmica.
En ese sentido, los fundamentos del proyecto sostienen que “la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con baterías (SAEB) constituye una alternativa para fortalecer la seguridad energética, la flexibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico”.
También destacan su contribución para gestionar temporalmente la energía disponible, complementar la infraestructura de generación y transmisión y mejorar el aprovechamiento de fuentes renovables.
La propuesta todavía debe completar su proceso normativo. El documento establece que la modificación comenzaría a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial, manteniendo vigentes las demás disposiciones de la Resolución 859 de 2022.
De concretarse, Colombia incorporaría un nuevo mecanismo de simplificación ambiental para sistemas BESS asociados a infraestructura licenciada, mientras avanza en la consolidación de contratos, mecanismos de remuneración y condiciones para ampliar las inversiones en almacenamiento.
Por Emilia Lardizabal
Por Florencia Guglielmetti
