El gobierno de Argentina enfrenta una carrera contra el calendario para licitar nuevas obras de transporte eléctrico antes de que venza el plazo de presentación de proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La celeridad de las siguientes convocatorias dependerá del resultado de AMBA I, la ampliación de transmisión de USD 800 millones con la que Argentina inaugura su nuevo mecanismo de concesiones y que comprende 270 kilómetros de líneas de 500, 220 y 132 kV, lo que permitirá incorporar alrededor de 2000 MW de capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Ejecutivo quiere evaluar esa primera experiencia antes de lanzar los procesos de Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca y Vivoratá–Plomer, ya que la intención es que las próximas concesiones puedan acogerse al esquema de beneficios y estabilidad de largo plazo, un componente central para atraer financiamiento privado.
"Queremos ver qué pasa con el proceso de AMBA I para salir con otras licitaciones y que puedan entrar en RIGI antes del 9 de julio del próximo año", anticipó Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica de Argentina, durante el encuentro Argentina +Renovable que organizó la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER)
El condicionante no es únicamente temporal. El procedimiento de AMBA I establece que la propuesta económica más competitiva será preadjudicada, pero el contrato definitivo quedará supeditado a una instancia previa de aprobación en el RIGI.
"Y en ese momento el preadjudicado va a estar habilitado para presentarse en el RIGI. Una vez aceptado en el RIGI, se hace la adjudicación, firma el contrato de concesión e inicio de la construcción", detalla Sanfilippo.
La secuencia contempla la evaluación técnica de propuestas, apertura de sobres económicos y selección de la oferta con la Tarifa de Concesión de Obra Pública (COP) más baja. La aprobación bajo el régimen precederá a la firma contractual.
"Aparte de lo técnico y otras cuestiones, el principal desafío es financiero, porque es una obra de mucha inversión de capital a cobrar a largo plazo, en diferente períodos de gobierno", reconoce el funcionario.
El RIGI contempla 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria para las inversiones que cumplan sus requisitos. Su incorporación a las concesiones busca reducir la exposición de los inversores a cambios normativos durante períodos prolongados de recuperación de capital.
La primera respuesta del mercado llegará el 14 de diciembre de 2026, fecha prevista para la apertura inicial de propuestas de AMBA I. La adjudicación se proyecta para comienzos de 2027, sujeta al desarrollo de las distintas instancias administrativas.
El esquema económico establece que la Remuneración COP Total deberá ofertarse en dólares, con actualizaciones vinculadas al Producer Price Index (PPI), publicado por el Bureau of Labor Statistics estadounidense.
El ajuste inicial considerará la variación del índice entre la firma del contrato y el comienzo del período de cobro. Luego se aplicarán actualizaciones anuales, mientras que los desembolsos mensuales se efectuarán en pesos mediante una referencia cambiaria que preserve su equivalencia con el valor dolarizado.
El período de remuneración correspondiente podrá extenderse hasta siete años desde la puesta en servicio de cada etapa. Mientras que la recuperación estará asociada a la Tarifa COP aplicada a los usuarios del transporte y/o distribución identificados como beneficiarios.
Aunque todavía deberán publicarse por circular la Remuneración COP Máxima y la Tarifa COP Máxima, dos parámetros relevantes para la formulación de las ofertas.
A los incentivos y condiciones contractuales se añade una garantía de inversión de USD 200 millones a 25 años aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a respaldar AMBA I y Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca.
"Está pensado como garantía de liquidez que cubre eventos específicos de falta de pago y puede cubrir hasta seis meses de la remuneración", explicó Lisa Viscidi, Lead Energy Specialist del BID.
"Hicimos modelaciones de cuánto y estimamos que puede reducir el costo de financiamiento en 100 puntos básicos y el costo de capital en 50 en el escenario base", reveló durante el encuentro organizado por CADER.
El BID, además, trabaja en asistencia para estudios y una consultoría que revisará los criterios de evaluación y priorización de proyectos, con la posibilidad de actualizar la hoja de ruta de ampliaciones.
"A medida que vayamos teniendo experiencia y se den las cuestiones, cada una de las licitaciones saldrá mejor", planteó el subsecretario.
Una de las grandes generadoras evalúa competir, pero necesita socios especializados
Central Puerto analiza participar de la licitación AMBA I, aunque una eventual propuesta dependerá de la conformación de un consorcio con capacidad financiera, experiencia en transporte eléctrico y recursos constructivos.
"Al ser un proyecto grande y complejo, nuestro abordaje tiene una primera etapa sobre quienes absorberán el costo de capital. Dentro de ese conjunto debe haber alguien con experiencia en transmisión, y como en nuestro caso no lo somos, sí o sí estamos obligados a buscar un socio. Luego hay un bloque sobre las capacidades constructivas para llevar adelante el desafío, explicó Leonardo Katz, director de Planeamiento Estratégico de Central Puerto.
“También hay que juntar compañías, voluntades, para que el primer grupo logre que el segundo construya, y posteriormente opere y mantenga (o no). Hay 3 bloques de análisis que se deben emanar para que finalmente haya una oferta”, agregó.
De todos modos, la empresa todavía no confirmó una decisión de participación y mantiene abiertas otras alternativas, considerando que está a la espera de los detalles del Contrato de Concesión de Obra Pública (COP), incluyendo inversión de capital, estructura de financiamiento e impuestos.
"Hay elementos interesantes dentro de la propuesta que estamos esperando, especialmente el Contrato de Concesión de Obra Pública (COP)", manifiesta Katz.
"Vemos con mucha expectativa AMBA I, nos interesa el proceso y el mecanismo pero también hay otras opciones para avanzar", concluyó Katz.
El desafío inmediato será compatibilizar los tiempos de AMBA I con la ventana de adhesión al RIGI que el Gobierno busca aprovechar para las próximas obras. La evolución de la primera licitación definirá cuándo podrán avanzar los nuevos llamados bajo el esquema de concesión privada.
Por Ailén Pedrotti
Por Energía Estratégica
Por Emilia Lardizabal
