El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó una convocatoria para contratar una firma consultora, con un presupuesto estimado de USD 150000, que tendrá a su cargo la revisión y revalidación de las prioridades de expansión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), incluyendo las obras definidas por el Gobierno nacional en 2023 y 2025.
El estudio deberá determinar qué proyectos mantienen su prioridad, cuáles requieren modificaciones y qué nuevas ampliaciones deberían incorporarse, a partir de evaluaciones técnico-económicas, análisis de escenarios, confiabilidad y resiliencia de la red. También contemplará nuevas demandas vinculadas con la minería, los centros de datos y la electromovilidad.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas de Washington D. C., y las manifestaciones de interés deberán presentarse mediante el Portal de Adquisiciones BEO del organismo, bajo las referencias RG-T4905-P002 y B260316.
Según los términos de referencia, la evaluación deberá determinar, para cada obra y los conjuntos de proyectos complementarios, “si se mantiene la necesidad, conveniencia y prioridad relativa definida en el año 2023” o si corresponde modificarla en función de las condiciones actuales del sistema eléctrico argentino.
El proceso tendrá como punto de partida los Anexos I y II de la Resolución 507/2023, mediante la cual la Secretaría de Energía aprobó el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica en Alta Tensión, y la Resolución 715/2025, que identificó obras de transporte eléctrico de ejecución urgente y prioritaria.
Entre los proyectos que deberán considerarse expresamente en la línea de base figuran AMBA I, Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca y Vivoratá–Plomer, cuyas condiciones de desarrollo inciden sobre la evaluación del resto de las ampliaciones.
La consultora deberá actualizar el diagnóstico del SADI, identificar las principales restricciones de transporte y relevar el estado de las obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas, comprometidas o en distintas etapas de desarrollo.
Además, tendrá que revisar las proyecciones de demanda regional, generación e intercambios eléctricos, incorporando escenarios asociados a nuevos consumos industriales, proyectos mineros, centros de datos y movilidad eléctrica.
Esta actualización responde a las modificaciones registradas desde la planificación aprobada en 2023, particularmente en la evolución del consumo, la composición y localización del parque generador, la disponibilidad de combustibles y los costos y plazos de ejecución de infraestructura.
Como antecedente, la priorización original surgió de un proceso iniciado en 2022, cuando la Secretaría de Energía solicitó a TRANSENER y a otros actores del sector identificar las principales necesidades de ampliación del transporte eléctrico.
Posteriormente, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) complementó las evaluaciones técnicas mediante un análisis económico de las obras de 500 kV, considerando un horizonte de 15 años desde su entrada en servicio.
La metodología contempló los costos de inversión, operación y mantenimiento, la energía no suministrada, la generación de emergencia y los beneficios asociados a la incorporación de nueva generación convencional o renovable competitiva.
Sin embargo, TRANSENER había advertido que algunas ampliaciones carecían de estudios suficientes para justificar su prioridad. CAMMESA también reconoció incertidumbres sobre la demanda futura, la incorporación de generación y los precios de los combustibles.
Por ello, la nueva contratación no se limitará a actualizar los valores económicos de la planificación anterior, sino que deberá revalidar la necesidad y oportunidad de ejecución de cada inversión.
El BID solicita nuevas evaluaciones de costos y beneficios, análisis de sensibilidad y simulaciones específicas que permitan determinar cómo las distintas hipótesis de demanda, generación y desarrollo de la red modifican la conveniencia de los proyectos.
También exige incorporar “aspectos y criterios de resiliencia, adaptabilidad y evolución tecnológica”, junto con la identificación de relaciones de dependencia, complementariedad, secuencia o sustitución entre las obras.
Uno de los resultados esperados será determinar el momento económicamente conveniente para ejecutar cada ampliación, evaluando la posibilidad de “postergar, anticipar o secuenciar las inversiones”.
La consultora deberá elaborar una ficha individual para cada proyecto, con su función dentro del sistema, restricciones que resuelve, agentes beneficiados, fecha requerida de entrada en servicio, obras complementarias e incertidumbres relevantes.
El trabajo finalizará con “una lista de obras de expansión revalidada y actualizada”, que podrá incluir nuevas alternativas y establecerá un orden de prioridades técnicamente fundamentado, acompañado de una hoja de ruta para su implementación progresiva.
Un plan de USD 6600 millones y el respaldo financiero del BID
La convocatoria se enmarca en la revisión de la infraestructura contemplada por el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, presentado en mayo de 2025, que prevé 16 iniciativas estratégicas, 5.610 kilómetros de nuevas líneas y más de USD 6600 millones de inversión.
El programa incluye ampliaciones de 500 kV en diferentes regiones del país, además de estaciones transformadoras e interconexiones internacionales orientadas a reducir restricciones de transporte, mejorar la confiabilidad del abastecimiento y acompañar la incorporación de nueva generación eléctrica.
Entre las obras identificadas se encuentran AMBA I y AMBA II, las líneas Vivoratá–Plomer, Plomer–O'Higgins, Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, Río Diamante–Charlone–O'Higgins y Rodeo–Chaparro–La Rioja Sur.
Asimismo, contempla proyectos vinculados con Antofagasta de la Sierra, Lavalle–Chumbicha, Comodoro Rivadavia Oeste y El Espinillo, además de alternativas de expansión patagónicas e interconexiones con Bolivia y Paraguay.
El esquema previsto contempla la participación del sector privado mediante concesiones de obra pública, con recuperación de las inversiones a través de cargos tarifarios aplicados a los usuarios beneficiados del transporte eléctrico.
En paralelo, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó semanas atrás una Garantía de Inversión de USD 200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar los proyectos AMBA I y Puerto Madryn–Choele Choel / Choele Choel–Bahía Blanca.
El instrumento busca reducir riesgos para los inversores y movilizar financiamiento privado de largo plazo. Según las estimaciones del programa, las obras respaldadas contribuirán a mejorar la confiabilidad del suministro para 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas.
La operación constituye la primera intervención individual bajo una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión del organismo multilateral.
En particular, la ya puesta a licitación AMBA I demandará una inversión estimada de USD 800 millones e incorporará aproximadamente 270 kilómetros de líneas de 500 kV, 220 kV y 132 kV, una nueva estación transformadora en Plomer y sistemas de compensación reactiva.
La infraestructura permitirá incrementar en aproximadamente 2.000 MW la capacidad de abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires. El cronograma informado contempla la recepción de ofertas en diciembre de 2026 y una eventual adjudicación a comienzos de 2027.
En este contexto, la nueva consultoría permitirá contrastar las prioridades establecidas en las resoluciones vigentes con las condiciones actuales del SADI, considerando tanto los proyectos que avanzaron hacia su ejecución como las necesidades que surjan de nuevos escenarios de demanda y generación.
El resultado será una hoja de ruta actualizada para la expansión del transporte eléctrico argentino, con criterios técnicos y económicos para definir la secuencia de inversiones y las ampliaciones que deberán priorizarse en los próximos años.
Por Florencia Guglielmetti
Por Energía Estratégica
Por Ailén Pedrotti
