España se encamina a las elecciones generales del 29 de noviembre con decisiones energéticas que tendrán consecuencias sobre la inversión industrial, el almacenamiento y el desarrollo renovable. En ese escenario, el Partido Popular presentó La Reconstrucción Nacional, un programa que propone revisar la planificación energética, prolongar la operación nuclear y acelerar las conexiones eléctricas.
¿Alcanzarán estos compromisos para destrabar las inversiones o la distancia entre los anuncios y su ejecución seguirá marcando el ritmo del sector?
El programa se conoce después de que distintos especialistas advirtieran, en diálogo con Energía Estratégica, sobre las dificultades para convertir proyectos en obras.
En la publicación del 9 de noviembre, José Luis Bernal Albendín anticipó un mercado renovable a dos velocidades: los desarrollos maduros podrían sostener sus calendarios, mientras que aquellos sin conexión definida o ingresos suficientemente previsibles enfrentarían mayores exigencias para conseguir financiación.
Xavier López, de RMM Energy Advisors, también señaló tres decisiones centrales para el próximo Ejecutivo: la puesta en marcha de las subastas del mercado de capacidad, el tratamiento de los servicios de ajuste y el futuro del parque nuclear.
La propuesta del PP recoge varios de esos asuntos y les incorpora plazos concretos: cien días para tramitar las extensiones de vida de las nucleares, seis meses para actualizar las reglas de funcionamiento del sistema eléctrico y un plan de choque de 18 meses para resolver los obstáculos a la conexión.
La comparación con 2023 muestra continuidad en la defensa nuclear y el almacenamiento, pero un desarrollo más detallado de las redes, el respaldo y la seguridad del suministro. Para los inversores, la cuestión será cómo esos compromisos se traducen en capacidad de conexión disponible, reglas previsibles e ingresos que permitan financiar nuevos proyectos.
Redes: un plan de 18 meses y conexiones industriales planificadas en seis
La medida 230, en la página 72, propone resolver en 18 meses los obstáculos que frenan la conexión de nuevos proyectos. Incluye anticipar capacidad para zonas industriales, logísticas y tecnológicas, viviendas y centros de datos, además de revisar si la capacidad reservada corresponde a iniciativas viables.
La formación también plantea aprovechar mejor las redes existentes, priorizar las infraestructuras de transporte y distribución y reforzar las interconexiones con Europa.
Las medidas 191 y 192 amplían el planteamiento hacia la industria. El PP propone zonas de innovación estratégica con conexión eléctrica y digital garantizada, así como condiciones fiscales favorables durante siete años para proyectos que incluyen baterías.
Para inversiones declaradas estratégicas que creen al menos cien empleos, plantea una conexión eléctrica planificada en seis meses. La precisión importa: el texto compromete la planificación dentro de ese plazo, no la ejecución física de todas las conexiones.
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Nuclear: una propuesta que va más allá de la prórroga de Almaraz
La medida 228, en la página 71, propone eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo y tramitar la extensión de su vida útil durante los primeros cien días de Gobierno, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear.
La propuesta llega con un antecedente concreto: el Gobierno ya autorizó la operación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. Esa decisión, publicada en agosto, mantuvo el horizonte de cierre del conjunto del parque en 2035. Por tanto, la diferencia del planteamiento del PP reside en revisar el calendario del parque y extender esa orientación más allá del caso de Almaraz.
En su entrevista previa con Energía Estratégica, López había considerado probable que otras centrales siguieran un camino de extensión, vinculando a la necesidad de mantener generación gestionable y contener costes. Se trataba de su previsión sobre el sector, no de una evaluación del programa presentado posteriormente.
La continuidad nuclear ya figuraba en la medida 114 del programa de 2023. El nuevo documento añade una estrategia nacional y la participación en iniciativas europeas de reactores avanzados y pequeños reactores modulares, sin comprometer una potencia o un número de instalaciones.
Baterías y bombeo: apoyo tecnológico, sin calendario de subastas en el programa
El almacenamiento aparece como parte del refuerzo del sistema eléctrico. La medida 231 contempla baterías, centrales hidroeléctricas reversibles y otras tecnologías competitivas, junto con nuevas reglas operativas en seis meses, control de tensión y supervisión en tiempo real.
También condiciona el cierre de centrales de gas o hidroeléctricas necesarias para el suministro a la existencia de una alternativa cuya capacidad de sustitución esté técnicamente acreditada.
El bombeo reversible figura además en la medida 126, dentro del Pacto Nacional del Agua. Los hasta 40.000 millones de euros previstos hasta 2030 corresponden al conjunto de actuaciones hídricas contempladas, no exclusivamente al almacenamiento.
Para los inversores, el punto decisivo será cómo ese respaldo tecnológico se traduce en ingresos previsibles que permitan financiar los proyectos. El mercado de capacidad ya fue creado mediante la Orden TED/966/2026, publicada en septiembre. En las entrevistas de comienzos de noviembre con Energía Estratégica, los especialistas situaban su desarrollo operativo entre las principales definiciones pendientes para el sector.
Xavier López había advertido sobre la necesidad de completar las condiciones económicas y operativas de las primeras subastas. José Luis Bernal Albendín, por su parte, consideraba posible una primera convocatoria en 2027, aunque sin darla por asegurada, y señalaba que una revisión del diseño o una formación prolongada del próximo Gobierno podrían retrasar su puesta en marcha.
El programa del PP no fija un calendario de subastas ni detalla las condiciones de remuneración del almacenamiento. En 2023, la formación sí había mencionado expresamente un mecanismo de capacidad para impulsar el almacenamiento renovable. El nuevo documento desarrolla las tecnologías que pretende promover y su función en la seguridad del suministro, pero no concreta cómo articulará ese apoyo con el mercado ya aprobado.
La distinción importa para quienes deben comprometer capital: el respaldo político a las baterías y al bombeo aporta una señal, pero la financiación dependerá también de las reglas de participación, las obligaciones de disponibilidad y los ingresos que cada proyecto pueda acreditar.
Por Emilia Lardizabal
Por Ailén Pedrotti
Por Florencia Guglielmetti
Por Energía Estratégica
