A mediados de este mes, el Gobierno nacional dio a conocer que suspenderá momentáneamente la construcción de la hidroeléctrica Chuihuido I, a emplazarse sobre la cuenca del rio Neuquén. El motivo tiene que ver con recortes exigidos por el Fondo Monetario Internacional, de cara a la reducción del déficit fiscal.

Sin embargo, para Elías Sapag, presidente de la empresa Estado Provincial del Neuquén Emprendimientos Hidroeléctricos (Emhidro), se trata de un despropósito, no sólo por la generación de energía eléctrica que podría contribuir al país, sino, y sobre todo, por cuestiones de seguridad.

En diálogo con Energía Estratégica, Sapag recuerda que “en el año 2006 se originó una crecida extraordinaria, de 10.300 m3 por segundo de caudal instantáneo”. “Estuvo al 10 por ciento de romperse la presa de Portezuelo Grande, la única de Cerro Colorado, que soporta una capacidad de 11.500 m3 por segundo”, advierte.

Explica que, según cálculos de la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca (AIC) de los ríos Neuquén, Limay y Negro (conformada por Nación y las provincias de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén), de haberse provocado un desborde y romperse la presa se desatarían pérdidas por 20 mil millones de dólares además de accidentes fatales para las personas que viven en las inmediaciones.

Además, Sapag evoca un segundo hecho, hace 10 años, donde se desató “una crecida en volumen no registrada: 4 días a 6.400 m3 por segundo”, alarma y concluye: “Esto determinó que la única manera de proteger vidas y bienes era realizando Chihuido I, pudiendo hacerle frente a estas crecidas”.

El funcionario, asimismo, remarca que la actividad petrolera de Vaca Muerta también podría verse afectada por un desborde del dique Portezuelo Grande, lo que produciría una catástrofe mayor a la ya calculada.

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Con estos argumentos, Sapag adelanta a este medio que hará las gestiones correspondientes durante este mes para presentarse ante la justicia, como representante de la Provincia de Neuquén de la AIC, solicitando que vuelva a ponerse en marcha la obra de Chuihuido I.

De hecho, el presidente de Emhidro señala que ya existe una orden del Superior Tribunal de Justicia de la Nación alegando sobre la construcción de la represa por  posibles crecidas de la cuenca del rio Neuquén. “Por lo tanto me estoy por presentar en la justicia para solicitarle que dé la orden al Gobierno nacional de ejecutar la obra para resolver este problema”, enfatiza Sapag.

De acuerdo a un informe publicado –VER EN LÍNEA- por Emhidro, “la potencia instalada de Chihuido I (637 MW) cubrirá más del 3% de la potencia máxima anual del Sistema Interconectado Nacional, y la energía media anual (1750 GWh/año) representará el 1,5% de la generación total del país. Por otra parte, aumentará en un 12% la generación hidroeléctrica de la región del Comahue”.

Consultado sobre por qué en otras provincias el Gobierno nacional sí está respaldando proyectos hidroeléctricos como El Tambolar en San Juan o Portezuelo del Viento en Mendoza, Sapag expresa: “lo único que me surge es que se debe tratar de una razón política partidaria”.

“Pareciera que se necesita una voluntad política partidaria para realizar obras estructurales en la Argentina”, se queja el funcionario.

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Por otra parte, advierte sobre el problema de que la situación se dilate al punto tal que el financiamiento comprometido por los alemanes para Chuihuido I, de 1.600 millones de dólares, termine cayéndose. No obstante esta situación pareciera factible ya que el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, le confirmó a los inversores europeos que por las exigencias del FMI «no se puede empezar ni una sola obra nueva».

La obra tiene un costo de inversión total de 2.200 millones de dólares, según los últimos cálculos realizados.