El reglamento de contratación eléctrica de Perú volvió a quedar en el centro de la discusión antes de su aprobación. La Asociación Peruana de Energías Renovables pidió al Gobierno y al Ministerio de Energía y Minas modificar la propuesta para que las licitaciones de largo plazo impulsen efectivamente nueva capacidad de generación.
El planteo apunta directamente al diseño de los contratos. Según el sector privado, las centrales existentes parten con ventaja frente a nuevos proyectos porque ya cuentan con activos operativos y, en muchos casos, ampliamente depreciados, lo que les permite presentar ofertas más competitivas.
Por eso, la asociación sostiene que la contratación de largo plazo debería reservarse a nuevas plantas, mientras que las centrales en operación podrían competir naturalmente en procesos de corto y mediano plazo.
“Las licitaciones de largo plazo deben hacer posible la implementación de nuevas plantas de generación”, señaló la entidad en su comunicado.
La organización considera que el reglamento debe adecuarse antes de su publicación para cumplir con el objetivo de la Ley N.º 32249 y con el artículo 4.1 de la Ley 28832, orientados a generar condiciones para promover nuevas inversiones en generación.
El punto de fondo es financiero.
Para los desarrolladores, acceder a contratos de largo plazo es una condición clave para respaldar ingresos futuros y facilitar el financiamiento de nuevos proyectos.
La asociación advierte que, si las nuevas centrales deben competir en igualdad formal con activos ya operativos y depreciados, podrían quedar sistemáticamente fuera de las adjudicaciones.
“Al encontrarnos con un reglamento que no favorece una real competencia en igualdad de condiciones, los nuevos proyectos no podrán ganar contratos a largo plazo para la venta de su energía, lo que no permite su financiamiento y construcción”, sostuvo.
El sector privado vincula directamente esta discusión con la necesidad de incorporar nueva capacidad eficiente al sistema eléctrico peruano.
Según su diagnóstico, si no ingresan nuevos proyectos capaces de respaldarse en contratos de largo plazo, el sistema podría continuar recurriendo con mayor intensidad a generación con diésel.
La consecuencia, advierte, sería un mayor costo de producción eléctrica y una presión adicional sobre el mercado.
“Esto nos lleva a que la situación de crisis actual se agrave aún más, dado que se seguirá aumentando la generación con diésel, con el consecuente incremento del costo de la electricidad como no se había visto en muchos años”, señaló la asociación.
Nueva generación versus centrales existentes
El debate vuelve a poner sobre la mesa una de las cuestiones más sensibles del nuevo esquema de contratación: qué tipo de centrales deberían competir por los productos de largo plazo.
Desde la Asociación Peruana de Energías Renovables sostienen que estos contratos deben utilizarse como herramienta para viabilizar nueva capacidad y diversificar la matriz, mientras que las plantas actualmente en operación deberían concentrar su competencia en horizontes más cortos.
La entidad cuestiona que el proyecto, en su forma actual, no garantice esa diferenciación.
A su entender, mantener un esquema abierto sin distinguir entre activos nuevos y existentes puede terminar consolidando la posición de centrales ya amortizadas y reducir las posibilidades de bancabilidad para nuevos desarrollos.
“El futuro eléctrico del país no puede quedar subordinado a mantener el status quo y no lograr el objetivo de la Ley N.º 32249, que ha sido garantizar un suministro seguro, confiable y eficiente, diversificando la matriz energética”, manifestó.
Por eso, el pedido final del sector privado es concreto: revisar el reglamento antes de su aprobación y asegurar que las licitaciones de largo plazo funcionen como una señal efectiva para nuevas inversiones.
La discusión queda así abierta en un momento clave para el mercado eléctrico peruano, donde el diseño definitivo de las contrataciones definirá no sólo qué agentes podrán competir, sino también qué proyectos tendrán capacidad real de llegar a financiamiento y construcción.









