El Gobierno de Guatemala designó a Francisco Tzirin Jocholá como nuevo viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética, en un momento decisivo para la continuidad de las licitaciones que definirán la expansión del sistema eléctrico durante los próximos años.
El funcionario reemplaza a Luis Arturo Mérida Peralta, quien presentó su renuncia con efecto desde el 1 de agosto. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) había comunicado oficialmente la salida del anterior viceministro el 31 de julio.
La designación incorpora un perfil técnico y financiero a la nueva conducción de la cartera. Tzirin es ingeniero mecánico electricista graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee una especialización en finanzas y control de gestión.
El nuevo funcionario acumula 29 años de trayectoria en el sector eléctrico y energético guatemalteco, con experiencia en planificación estratégica, evaluación económica, gestión de infraestructura, análisis financiero y administración de proyectos vinculados con la industria.
Parte de su recorrido profesional se desarrolló en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), uno de los principales actores públicos del mercado eléctrico nacional. Allí ocupó distintos cargos relacionados con la planificación, el desarrollo de proyectos y la gestión institucional.
Su llegada ocurre durante una reconfiguración de las principales autoridades energéticas del país. La salida de Víctor Hugo Ventura del Ministerio y su reemplazo por Erwin Rolando Barrios abrió una nueva etapa para una cartera que debe sostener el avance de la PEG-6 y la PET-4.
El recambio adquiere mayor relevancia ante las elecciones generales previstas para 2027. Desarrolladores, generadores, distribuidoras y entidades financieras siguen de cerca la transición institucional por su posible incidencia sobre los cronogramas de contratación y la ejecución de las obras pendientes.
PEG-6, 300 MW pendientes y una PEG-5 que cambió el mercado
Una de las tareas centrales de la nueva conducción será sostener el avance de las próximas licitaciones de generación. Guatemala todavía debe contratar alrededor de 300 MW para completar la capacidad requerida tras la PEG-5 y atender nuevas necesidades asociadas al crecimiento de la demanda.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) autorizó las bases de la Licitación Abierta 1-2026, destinada a que las principales distribuidoras contraten potencia y energía. El inicio del suministro fue reprogramado para el 1 de noviembre de 2026, tres meses después de la fecha contemplada inicialmente.
El proceso se vincula directamente con el resultado de la PEG-5, una convocatoria que modificó el perfil de las inversiones previstas para el país. La licitación adjudicó 1258 MW mediante 57 proyectos, con una participación renovable cercana al 73% y precios monómicos próximos a 101 dólares por MWh.
Los proyectos solares híbridos con baterías adquirieron un fuerte protagonismo. El resultado confirmó que el almacenamiento dejó de presentarse únicamente como un complemento tecnológico y comenzó a incorporarse como un atributo central para aportar potencia, flexibilidad y previsibilidad al sistema.
La PEG-5 también expuso un cambio en los criterios de competencia. En lugar de priorizar exclusivamente el menor costo nivelado de generación, el diseño valoró la capacidad de entregar electricidad en horarios determinados y responder a requerimientos de firmeza.
Esa condición favoreció a las configuraciones fotovoltaicas con sistemas de almacenamiento de energía en baterías. La combinación de solar y BESS permite desplazar producción hacia las franjas de mayor demanda, lo que fortaleció su posición frente a otras fuentes renovables.
En ese escenario, la energía eólica perdió competitividad relativa pese a mantener costos de generación reducidos a escala internacional. La posibilidad de controlar con mayor precisión los horarios de suministro se convirtió en un factor más determinante que el costo tecnológico aislado.
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Para la nueva conducción del MEM, el reto no se limita a adjudicar más capacidad. También deberá procurar que los proyectos cuenten con contratos actualizados, permisos previsibles y condiciones suficientes para acceder al financiamiento.
El mercado advirtió sobre la necesidad de adecuar los modelos contractuales a la nueva legislación contra el lavado de dinero. Una actualización tardía podría generar incertidumbre jurídica en la estructuración de la PEG-6 y afectar las decisiones de desarrolladores y entidades financieras.
A ese frente se agregan las diferencias surgidas en el ámbito municipal. Algunas administraciones locales comenzaron a solicitar licencias o pagos para la instalación de proyectos solares, mientras empresas y especialistas cuestionan que esas exigencias posean un respaldo homogéneo en la legislación nacional.
La coordinación entre el Gobierno central y los municipios será clave para evitar demoras en las iniciativas adjudicadas. Una extensión de los tiempos de autorización también podría elevar los costos de construcción y comprometer los calendarios de entrada en operación.
La transmisión, el siguiente cuello de botella
La integración de los nuevos parques dependerá de otro proceso que figura entre las prioridades de la gestión: la expansión del sistema de transmisión.
La elevada participación solar adjudicada en la PEG-5 incrementará la presión sobre una red que ya presenta restricciones en determinados nodos. Sin nuevas líneas y subestaciones, parte de la capacidad contratada podría enfrentar dificultades para conectarse o evacuar toda su producción.
El antecedente inmediato es la PET-3, que no logró avanzar según lo previsto por falta de respaldo técnico suficiente. Tras ese resultado, las autoridades comenzaron a trabajar en una nueva estructuración que incorpore las lecciones del proceso.
La futura PET-4 deberá acompañar el ingreso de generación renovable y almacenamiento, además de atender el crecimiento estructural del consumo. El objetivo será reducir restricciones operativas, mejorar la confiabilidad y reforzar los corredores con mayor necesidad de capacidad.
La agenda ya había sido planteada durante el Future Energy Summit Guatemala. En ese espacio, las autoridades anticiparon la búsqueda de otros 300 MW firmes y una expansión de transmisión superior a 500 kilómetros para integrar la nueva oferta eléctrica.
El mercado guatemalteco enfrenta así una doble exigencia: asegurar suficiente potencia y energía para acompañar la demanda y construir la infraestructura necesaria para transportarlas sin profundizar las limitaciones de la red.
El almacenamiento funciona como una herramienta complementaria, pero no sustituye las ampliaciones del sistema de transporte. Las baterías pueden desplazar generación, responder a variaciones y aportar servicios, aunque su desarrollo deberá coordinarse con nuevas líneas, subestaciones y capacidad firme.
En el contexto centroamericano, Guatemala se posiciona entre los mercados que más rápidamente incorporaron sistemas BESS dentro de contrataciones de largo plazo. La PEG-5 demostró que estas soluciones pueden competir sin depender exclusivamente de mercados específicos de servicios complementarios.
La tarea de Tzirin estará atravesada por esa transformación. Su experiencia técnica y financiera será puesta a prueba en una agenda que combina licitaciones, regulación, infraestructura y transición institucional.
La PEG-6, la Licitación Abierta 1-2026, la futura PET-4 y la entrada efectiva de los proyectos adjudicados en la PEG-5 determinarán el ritmo de expansión del mercado durante los próximos años.
Guatemala ya definió una parte relevante de su nueva generación. El siguiente paso será convertir las adjudicaciones en proyectos operativos y evitar que la transmisión, los permisos o la incertidumbre contractual frenen las inversiones. Esa será una de las principales responsabilidades que recibirá el nuevo viceministro al incorporarse al MEM.