Mientras Perú mantiene en desarrollo una de las mayores carteras de energías renovables de Sudamérica, la nueva rotación de autoridades en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) vuelve a instalar dudas sobre la capacidad del país para transformar ese potencial en proyectos concretos.
La reciente designación de un nuevo viceministro de Electricidad motivó una fuerte advertencia de Brendan Oviedo Doyle, socio de DLA Piper Perú y especialista en regulación energética, quien vinculó directamente la inestabilidad institucional con la paralización de inversiones estratégicas para el sistema eléctrico peruano.
"El sector eléctrico, infraestructura crítica que sostiene absolutamente toda actividad productiva del país, se ha convertido en una de las mayores víctimas de la improvisación del Estado peruano", afirmó el experto a través de LinkedIn.
La preocupación surge en un momento especialmente sensible para el mercado. Perú atraviesa un período de incertidumbre política asociado al proceso electoral y mantiene pendientes varias definiciones regulatorias consideradas claves para la expansión de la generación renovable, el almacenamiento energético y la modernización del mercado eléctrico.
Más de USD 12000 millones esperan señales políticas
Detrás de la discusión institucional existe una cifra que preocupa a desarrolladores, inversionistas y financistas. De acuerdo con datos de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), actualmente existen 58 proyectos renovables listos para avanzar, que representan más de 12,5 GW de capacidad instalada potencial y más de USD 12.000 millones de inversión, siempre que existan señales regulatorias claras por parte del Gobierno. La cartera incluye proyectos solares y eólicos distribuidos en distintas regiones del país, muchos de los cuales llevan años atravesando procesos administrativos, ambientales y regulatorios.
En el caso específico de la energía solar, información recopilada por Energía Estratégica sobre la base de datos de Osinergmin muestra que existen 65 proyectos fotovoltaicos en tramitación que suman 13.116 MW, todos ellos con estudios de preoperatividad aprobados. Sin embargo, apenas 11 proyectos, equivalentes a 2,3 GW, cuentan con concesión definitiva para avanzar hacia la construcción, reflejando la distancia que existe entre el desarrollo de proyectos y su ejecución efectiva.
La situación es similar en el segmento eólico. Perú dispone de más de 14,8 GW eólicos en distintas etapas de desarrollo, de los cuales aproximadamente 8,9 GW ya cuentan con Estudios de Preoperatividad aprobados, mientras otros 5,2 GW continúan avanzando en procesos regulatorios. La cifra contrasta con una capacidad eólica instalada que apenas supera el gigavatio.
Regulaciones pendientes y proyectos en espera
Uno de los principales focos de preocupación del sector es el retraso en la implementación de la Ley 32249, normativa destinada a reactivar las licitaciones de suministro eléctrico realizadas por las distribuidoras y considerada fundamental para viabilizar nuevos contratos de largo plazo para energías renovables.
Aunque el reglamento fue sometido a consulta pública y recibió observaciones técnicas hace meses, su publicación definitiva continúa pendiente.
Seguir leyendo
"Personalmente, no veo muchas posibilidades de que sea publicada bajo este gobierno, aunque espero equivocarme", había advertido previamente Oviedo al analizar el contexto preelectoral peruano.
La falta de definiciones también alcanza al nuevo mercado de servicios complementarios, una reforma considerada estratégica para el futuro del sistema eléctrico
El sector espera señales económicas claras para servicios como control de frecuencia, regulación de tensión, reservas operativas y flexibilidad de red. La ausencia de esos incentivos limita el desarrollo de tecnologías emergentes como los sistemas de almacenamiento con baterías, llamados a desempeñar un papel central en la integración de mayores volúmenes de generación solar y eólica.
La preocupación por la continuidad técnica
La advertencia del especialista no apunta únicamente a la coyuntura electoral. Según Oviedo, uno de los principales problemas estructurales del país es la falta de continuidad en la toma de decisiones públicas.
"Mientras el Perú discute cómo crecer, atraer inversión o desarrollar minería o industria, seguimos descuidando precisamente el sector que hace posible que todo eso exista", señaló.
El especialista sostiene que la sucesión constante de ministros, viceministros y funcionarios técnicos genera una dinámica donde los proyectos regulatorios avanzan o se frenan según las prioridades de cada gestión, dificultando la planificación de largo plazo.
La situación resulta particularmente compleja para un sector cuyos proyectos suelen requerir horizontes de inversión de entre 20 y 30 años y procesos de financiamiento que dependen de estabilidad regulatoria.
Para el abogado, las consecuencias ya comienzan a percibirse en el mercado. "A consecuencia de ello, vemos inversiones paralizadas, señales regulatorias inexistentes y un país que empieza a comprometer su propia seguridad energética", afirmó.
La advertencia adquiere relevancia considerando que Perú busca incrementar la participación de energías renovables, fortalecer la red de transmisión y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica impulsada por nuevos proyectos mineros e industriales.
En ese contexto, la incertidumbre política ya no aparece únicamente como un problema institucional, sino como un factor que podría condicionar la ejecución de más de 12,5 GW de proyectos renovables y más de USD 12.000 millones de inversiones potenciales que hoy permanecen a la espera de definiciones regulatorias y señales de largo plazo.
Como resumió Oviedo en su publicación, el desafío no pasa solamente por nombrar nuevas autoridades, sino por construir una hoja de ruta energética capaz de sobrevivir a los cambios políticos y ofrecer previsibilidad a quienes deben tomar decisiones de inversión para las próximas décadas.