“Los permisos ya concedidos superan las estimaciones más ambiciosas de despliegue para los próximos años”. No lo dice una patronal ni un inversor preocupado: lo admite el propio borrador con el que el Gobierno busca poner orden al boom de los centros de datos en España.
La advertencia llega cuando buena parte de esa capacidad ya tiene sitio reservado en la red y antes de que muchos proyectos hayan llegado siquiera a conectarse.
Y el desfase no es menor. En estas semanas, el Ejecutivo avanzó por vía de urgencia con una propuesta que reconoce más de 6 GW de capacidad de acceso concedida en la red de transporte y otros 6 GW aproximadamente en distribución desde 2020. En total, unos 12 GW ya tienen sitio reservado en la red mientras el mercado todavía debe demostrar cuánto de ese volumen llegará realmente a construirse.
¿El punto de fricción? Aparece justamente en aquellos desarrollos que ya cuentan con permisos pero todavía no se han conectado. La propuesta establece que también deberán cumplir las nuevas exigencias y les concede seis meses desde la entrada en vigor de la norma para acreditarlo. Si no lo hacen, sus permisos caducarán y podrán ejecutarse las garantías depositadas.
Para Javier Lázaro, director técnico y de Regulación de APPA Renovables, ahí aparece uno de los puntos más delicados del diseño planteado por el Ejecutivo.
“Todas estas inversiones se han llevado a cabo previamente a esta propuesta de borrador. Entendemos que también hay una retroactividad”, señala en conversación con Energía Estratégica.
Según explica, hasta marzo no se había planteado un esquema específico de sostenibilidad energética para los centros de datos y tampoco se conocía cómo terminarían articulando las obligaciones.
“Todas esos planes, en nuestra posición y en nuestro pensamiento, no deberían estar incluidos en este Real Decreto. El decreto es posterior a todas estas inversiones y a muchos de los puntos de acceso y conexión que se han concedido”, sostiene.
La cuestión empieza además a trasladarse desde el terreno regulatorio hacia las decisiones empresariales. En el mercado español ya se advierte sobre inversores que estarían revisando o retirando proyectos ante la incertidumbre generada por el nuevo marco, en un sector que estimaba movilizar alrededor de 66.900 millones de euros hasta 2030.
Ese riesgo no se limita a proyectos que puedan cancelarse. Lázaro advierte que parte de la inversión podría simplemente desplazarse hacia mercados vecinos si España termina imponiendo condiciones más restrictivas que otros países europeos. Francia y Portugal aparecen así como destinos naturales para desarrollos que buscan energía competitiva, acceso a red y un marco regulatorio más previsible, lo que convertiría el debate en una disputa directa por capital que hasta ahora veía a España como uno de los mercados más atractivos del continente.
El desafío para el Gobierno consiste en filtrar un pipeline que ha crecido muy por encima de la demanda que previsiblemente llegará a materializarse, sin paralizar proyectos viables que ya han recorrido parte del camino administrativo.
De hecho, el borrador permite a los titulares con solicitudes pendientes o permisos concedidos pero aún sin conexión renunciar durante un plazo de seis meses sin perder las garantías depositadas.
El 80% hora a hora abre otro frente
El cambio no se limita a los permisos. Uno de los requisitos que más tensión genera es la denominada correlación horaria.
El texto exige que, mientras España no alcance una cuota renovable superior al 90% en su generación eléctrica, los centros de datos garanticen que al menos el 80% de la energía que consumen en cada hora esté respaldada por generación renovable producida durante esa misma hora.
La cobertura podrá realizarse mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad renovable a plazo, pero se suma otra condición: las instalaciones utilizadas para acreditar esa energía deberán cumplir el principio de adicionalidad.
En concreto, las plantas vinculadas al suministro tendrán que haber obtenido su acta de puesta en servicio como máximo 18 meses antes de la entrada en funcionamiento del centro de datos o del primer uso de esa energía.
“El problema es que eso nos llevaría a sobredimensionar muchísimo los proyectos dedicados a abastecer esos centros de datos. Desde nuestro punto de vista no tiene sentido porque estaríamos siendo ineficientes”, plantea Lázaro.
La asociación propone que, al menos durante una primera etapa, la obligación pueda calcularse sobre una base anual y no mediante un casamiento estricto hora a hora.
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El argumento se cruza con otra característica del sistema eléctrico español. Según Lázaro, España está desaprovechando actualmente en torno al 20%-25% de su generación renovable potencial, mientras la nueva regulación podría incentivar la construcción de capacidad adicional exclusivamente destinada a respaldar estos consumos.
“Lo que necesitamos es que haya un mayor casamiento entre la oferta y la demanda. Pero si ahora viene la demanda y nos obliga a sobredimensionar aún más el sistema poniendo mucha más generación y mucha más oferta, las estimaciones son que los vertidos se van a incrementar”, advierte.
La eólica aparece como pieza crítica
La correlación horaria introduce además un desafío tecnológico que va más allá del volumen total de renovables instalado.
Un centro de datos mantiene un perfil de consumo relativamente estable durante las 24 horas, mientras que la expansión renovable española continúa fuertemente concentrada en fotovoltaica. Para cubrir esa demanda durante más horas del día, la complementariedad de la eólica y el almacenamiento gana peso.
“Una de las tecnologías fundamentales que necesitaría un centro de datos es la eólica. Si la eólica, a día de hoy, no ha superado los 200 MW de nueva potencia frente a los 5.000 MW que llevamos de fotovoltaica, es casi complicado o imposible que un centro de datos pueda tener esa correlación horaria del 80%”, explica.
El borrador no se queda en una obligación declarativa. Su incumplimiento lleva asociados fuertes recargos sobre peajes y cargos del sistema.
Cuando la nueva generación renovable asociada cubra menos del 20% del consumo anual, el recargo previsto alcanza el 500%. La penalización baja al 400% entre el 20% y el 40%, al 300% entre el 40% y el 60% y al 100% cuando la cobertura se sitúa entre el 60% y el 80%.
En la correlación horaria, los recargos oscilan inicialmente entre el 10% y el 50%, dependiendo de la proporción de horas incumplidas, y aumentan diez puntos porcentuales por cada mes consecutivo adicional en esa situación.
Ahora, la consecuencia máxima puede ser todavía mayor.
Mantener durante cinco años consecutivos una generación renovable adicional inferior al 60% del consumo, o incumplir la correlación horaria durante al menos el 20% de las horas, puede iniciar el procedimiento para perder los permisos de acceso y conexión.
“Tenemos que ver de qué manera podemos establecer una transición durante los primeros años de vida de estos centros de datos. Ellos serán los primeros interesados en disponer de un 80%, un 90% o un 100% de energía renovable porque será la más competitiva”, sostiene Lázaro.
Y sentencia: “No podemos matar al sector antes de que empiece”.
El debate de fondo: quién ocupa la red
La discusión llega en un momento en que la capacidad eléctrica se ha convertido en uno de los recursos más disputados por nuevos proyectos industriales, almacenamiento, hidrógeno, electrificación y grandes consumidores.
El Gobierno justifica precisamente la intervención en que las redes de transporte y distribución constituyen un recurso escaso y considera necesario introducir condiciones para decidir qué demandas pueden acceder a ellas.
APPA, sin embargo, evita plantear el debate como una carrera en la que una tecnología deba desplazar a otra.
“No vemos que se tenga que priorizar una demanda u otra”, afirma Lázaro.
Para el directivo, la respuesta debe pasar por acelerar el desarrollo de las infraestructuras eléctricas y acompasar su expansión con el volumen de generación y consumo previsto para los próximos años.
“Lo que no tiene sentido es que únicamente avancemos en la parte teórica, en el papel, y que eso no nos lleve a que los proyectos lleguen y se desarrollen. No podemos paralizarlo”, concluye.
Con el procedimiento tramitándose por vía de urgencia, el margen para modificar el texto será reducido. APPA considera posible que, si se repiten plazos similares a otros procesos regulatorios recientes, el nuevo Real Decreto pueda quedar aprobado antes de que termine 2026.
La cuestión ya no es únicamente cuántos centros de datos quiere atraer España. Con 12 GW de acceso concedidos y miles de millones de euros vinculados al pipeline, el pulso se traslada ahora a cuántos podrán adaptarse a las nuevas condiciones y cuántos decidirán seguir adelante antes de conectarse a la red.