Un mes antes, las baterías ya aparecían en el 42% de los expedientes energéticos analizados por Energía Estratégica en el BOE, una aceleración que empieza a alimentar un negocio paralelo al despliegue físico: la compraventa de posiciones antes de que lleguen a obra.
Fondos internacionales, compañías de oil & gas y grandes grupos energéticos rastrean activos stand-alone avanzados para acortar tiempos de entrada, especialmente aquellos próximos a RTB (ready to build, es decir, listos para iniciar construcción) y con acceso y conexión concedidos.
Ignacio López Martín, partner e inversor de Vida Sustainable Ventures y partner y managing director de Capflex Energía, conoce además el recorrido de este mercado desde sus primeras etapas. Tras la venta de Cable Energía a Shell, posteriormente integrada en Acciona, una cláusula temporal de no competencia limitó su actividad en electromovilidad y lo llevó a explorar un segmento que entonces apenas comenzaba a desarrollarse en España: el almacenamiento.
Capflex Energía nació entre finales de 2023 y comienzos de 2024, cuando todavía no existía un marco específico para las baterías y ni siquiera estaba completamente definido cómo tramitar su acceso y conexión. Hoy, desde esa experiencia como desarrollador, López Martín explica qué referencias empiezan a aparecer en la compraventa de activos:
“He escuchado proyectos de 5 MW que van desde 30.000 euros el mega hasta 80.000. En proyectos algo más grandes en la península, he escuchado cifras de 100.000 euros por MW e incluso de 120.000 euros por MW”.
Todavía están lejos de los máximos registrados en otras renovables. En los momentos de mayor presión compradora sobre solar y eólica, recuerda López Martín, llegaron a verse operaciones en torno a 250.000 o 270.000 euros por MW.
La comparación, sin embargo, se produce sobre un segmento todavía joven y con escasas referencias públicas. Enerdatics registra 12 transacciones de almacenamiento en España desde comienzos de 2024, pero sólo tres hicieron pública alguna valoración y ninguna permite obtener una referencia directa y comparable en €/MW. Incluso adquisiciones recientes de gran escala mantienen confidenciales sus términos económicos.
Las operaciones empiezan, no obstante, a ganar tamaño. En marzo, Aquila Clean Energy vendió a Return 80 MW/318 MWh listos para construir, en la que JLL identificó como la primera transacción de una cartera BESS de gran escala en fase RTB en España. Más recientemente, BW ESS adquirió otros 126 MW y hasta 675 MWh en la Comunidad Valenciana, todavía en desarrollo y con previsión de alcanzar esa madurez administrativa en 2027.
Según López Martín, la demanda se concentra especialmente en instalaciones stand-alone de al menos 100 MW, con permisos avanzados, acceso asegurado y configuraciones de cuatro u ocho horas. El problema está en encontrarlas: por debajo de 50 MW existe mayor disponibilidad, pero alcanzar mayores escalas resulta bastante más complejo.
Una de las restricciones aparece en la propia red. Una batería necesita capacidad tanto para inyectar como para consumir electricidad, de modo que un nudo puede disponer de margen desde el lado de generación y no ofrecer suficiente capacidad de demanda para cargar el sistema.
Ese condicionante ayuda a poner distancia entre las grandes cifras anunciadas y los desarrollos capaces de avanzar hasta construcción.
“Que haya 30 GW en tramitación no significa que vayamos a construir 30 GW”, advierte López Martín.
Capflex llegó a manejar alrededor de 800 MW stand-alone en la primera fase de su cartera, pero el volumen se va estrechando a medida que aparecen nuevos filtros. Primero están las iniciativas que han presentado garantías, asegurado suelo y solicitado acceso; después, aquellas que consiguen efectivamente conexión; y sólo más adelante las que reúnen permisos, financiación y una estrategia de ingresos suficiente para convertirse en activos construibles.
Los últimos movimientos administrativos también muestran que las hibridaciones están avanzando con mayor facilidad que muchos desarrollos independientes. Parte de la capacidad autorizada en agosto se apoyó sobre plantas renovables y redes de evacuación ya existentes, reduciendo algunas de las fricciones asociadas a comenzar desde cero.
En Altarejos, Cuenca, Aitana, Aspe, Bañuela y Turbón incorporaron cuatro bloques de 21,69 MW cada uno, mientras Covatillas 3 añadió otros 43,9 MW. En Sevilla, Afrodita, GES, Don Rodrigo II y Bianor concentraron otros 147,17 MW vinculados a instalaciones fotovoltaicas.
El recorrido de un stand-alone puede ser distinto. BESS Solórzano, de 49,738 MW y 199,52 MWh en Cantabria, obtuvo las autorizaciones previa y de construcción, pero no la declaración de utilidad pública para recurrir a la expropiación, por lo que deberá asegurar suelo y servidumbres mediante acuerdos privados.
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La fotografía deja así una lectura menos espectacular que la suma bruta de gigavatios, pero más relevante para compradores y financiadores: bajo una misma etiqueta de pipeline conviven activos con grados de madurez y perfiles de riesgo muy diferentes.
Llegar primero no alcanza: el cuello de botella es la financiación
La urgencia compradora tiene una explicación temporal. Con todavía poca capacidad instalada, quienes consigan conectarse antes podrían aprovechar durante los primeros años los diferenciales entre las horas baratas de carga y aquellas de mayor precio. Pero esa oportunidad no es permanente: una entrada masiva de almacenamiento modificaría la propia curva sobre la que hoy se calcula el arbitraje.
“Todo el mundo quiere tener la posibilidad de llegar pronto”, resume López Martín.
Comprar una cartera avanzada permite a las grandes compañías ahorrarse parte de los años de desarrollo, pero tener permisos, suelo y acceso a red no garantiza que la batería llegue a construirse. El siguiente filtro es conseguir capital.
Para López Martín, hoy existen tres caminos principales: respaldar la operación con el balance de una gran corporación, disponer de ingresos regulatorios suficientemente previsibles o cerrar contratos de largo plazo con contrapartes bancables.
“Hasta que no tengas todos los permisos y estés RTB [...] nadie puede hablar de empezar a ver realmente cómo financiar esto”, sostiene. Aún superada esa instancia, el financiador necesita saber qué flujo de caja sostendrá la deuda.
El mercado español acaba de ofrecer una primera referencia de cómo puede resolverse esa ecuación. En julio, Grenergy cerró €100 millones de financiación senior sin recurso para Oviedo, un BESS stand-alone de 154 MW y 618 MWh en Asturias, con Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. La operación llegó después de que la compañía firmará un tolling financiero a diez años con una energética internacional con grado de inversión, un contrato que reduce la exposición a ingresos puramente merchant.
Desde este 17 de septiembre aparece además otra vía. La Orden TED/966/2026 crea el mercado de capacidad peninsular y abre las subastas a generación, almacenamiento y demanda. Para nuevas inversiones, los periodos de prestación se definirán por tecnología y podrán extenderse hasta un máximo de 15 años, mientras las ofertas se expresarán en euros por MW firme y año bajo un mecanismo pay-as-bid.
La nueva señal amplía las opciones para construir ingresos previsibles, aunque todavía faltan parámetros decisivos para trasladarla a los modelos financieros. Cada convocatoria deberá concretar, entre otros elementos, las necesidades de potencia firme, los coeficientes aplicables a cada tecnología y los periodos de prestación correspondientes.
Hasta que esas referencias ganen recorrido, la diferencia seguirá siendo relevante. Una utility puede asumir mayor exposición al mercado y financiar inicialmente con balance; un desarrollador independiente necesita demostrar mucho antes de dónde saldrá el dinero para pagar la deuda.
“No hablaría únicamente de simplificar”
Cuando Capflex comenzó a desarrollar almacenamiento, entre finales de 2023 y comienzos de 2024, las baterías todavía atravesaban procedimientos concebidos fundamentalmente para activos de generación. A esa falta de un marco específico se sumó durante parte del periodo una garantía adicional de 20.000 euros por MW, posteriormente eliminada, mientras los requisitos administrativos continuaban modificándose.
Para López Martín, el siguiente paso no pasa simplemente por recortar plazos, sino por diferenciar el tratamiento de una tecnología con características propias.
“No hablaría únicamente de simplificar. Hablaría de adaptar la regulación”, sostiene.
El directivo pone como ejemplo la ocupación territorial. Una instalación BESS de 50 MW puede desplegarse en aproximadamente una hectárea, incluida la infraestructura necesaria, y ubicarse cerca del punto de conexión, reduciendo también la extensión de las líneas de evacuación. A su juicio, esas diferencias frente a parques solares o eólicos deberían trasladarse a los procedimientos de autorización.
Esa adaptación regulatoria tampoco elimina otra necesidad estructural: reforzar la red. López Martín considera que el almacenamiento puede aportar flexibilidad y ayudar a repartir en el tiempo parte de las inversiones necesarias, pero no sustituirlas.
“Las baterías son un parche, no la solución definitiva”, resume.
Su planteamiento es que una infraestructura eléctrica más robusta permitiría integrar mayores volúmenes de generación y nueva demanda, mientras el almacenamiento puede aportar flexibilidad y ganar tiempo durante ese proceso.
Así, el salto del BESS español ya no depende únicamente de sumar permisos. La siguiente etapa será convertir acceso, regulación e ingresos previsibles en proyectos capaces de cerrar financiación y entrar efectivamente en operación.









