El Gobierno de España ha aprobado una reforma del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que amplía las compensaciones económicas a las industrias con elevado consumo eléctrico y reduce las obligaciones vinculadas a su concesión.
El Real Decreto 978/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de noviembre, incorpora las aportaciones al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE) entre los costes subvencionables, con porcentajes de cobertura del 75% y el 85%, según la exposición de cada actividad industrial al riesgo de fuga de carbono.
La modificación también elimina determinadas exigencias de contratación renovable, flexibiliza los criterios para obtener la certificación y adapta los mecanismos de control de las subvenciones.
Las nuevas disposiciones entraron en vigor el 14 de noviembre, aunque los cambios relativos a la obtención y renovación del certificado serán aplicables desde el 1 de enero de 2027.
La principal novedad económica es la incorporación de las contribuciones al SNOEE, un mecanismo que obliga a determinados agentes energéticos a cumplir objetivos anuales de ahorro.
Hasta ahora, las ayudas a los consumidores electrointensivos cubrían parcialmente los cargos destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los sobrecostes eléctricos de los territorios no peninsulares.
Con la actualización normativa, también podrán compensarse las cantidades que las comercializadoras trasladan a sus clientes industriales mediante la factura, así como las aportaciones directas de quienes adquieren electricidad en el mercado.
Según el documento oficial, este concepto representa actualmente alrededor de 2 €/MWh para las instalaciones expuestas al riesgo de fuga de carbono, una cifra que podría aumentar en los próximos ejercicios.
El importe subvencionable dependerá de cómo se hayan satisfecho las obligaciones de ahorro, ya sea mediante contribuciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) o mediante Certificados de Ahorro Energético (CAE).
Para calcularlo, cada convocatoria considerará el consumo del año anterior, los porcentajes de cumplimiento mediante ambos instrumentos y sus correspondientes valores económicos.
La intensidad máxima ordinaria será del 85% para sectores en riesgo significativo de fuga de carbono y del 75% para aquellos clasificados en riesgo.
En este último grupo, el porcentaje podrá elevarse al 85% si las instalaciones acreditan que al menos la mitad de su electricidad procede de fuentes renovables y cumplen una condición adicional: contratar mediante instrumentos a plazo de origen limpio un mínimo del 10% de su demanda anual o cubrir el 5% mediante autoconsumo.
También podrán reconocerse ayudas adicionales a determinadas plantas especialmente expuestas, en función del peso de los gastos subvencionables sobre su valor añadido bruto.
En cualquier caso, se mantiene el límite que impide reducir los costes elegibles soportados por el beneficiario por debajo de 0,5 €/MWh.
Se elimina la obligación general de contratar energía renovable a cinco años
Otro cambio relevante afecta a las condiciones exigidas a las empresas que reciben apoyo público.
La reforma suprime la obligación de acreditar que al menos el 10% de la electricidad consumida anualmente procede de contratos renovables a plazo con una duración mínima de cinco años.
También desaparece la alternativa que permitía cumplir ese requisito mediante un porcentaje equivalente de autoconsumo.
El Ejecutivo justifica esta decisión por las dificultades regulatorias que todavía condicionan la contratación a largo plazo y limitan la capacidad de negociación de algunos consumidores industriales.
La eliminación de esta exigencia general no impide que las futuras convocatorias establezcan compromisos específicos para acceder a mayores intensidades de subvención.
Por otra parte, las instalaciones sujetas a auditorías energéticas deberán cumplir, dentro de un período máximo de tres años desde la concesión, al menos una de las actuaciones previstas en la normativa.
Entre las opciones figuran ejecutar mejoras de eficiencia económicamente rentables, destinar como mínimo el 50% de la ayuda a proyectos de reducción sustancial de emisiones o acreditar que el 30% de la electricidad utilizada procede de fuentes renovables.
En esta última alternativa se contabilizarán tanto la generación para consumo propio como el suministro de red cuyo origen limpio esté debidamente certificado.
El auge fotovoltaico modifica las condiciones de acceso
El nuevo texto elimina el requisito de consumo mínimo durante el período tarifario valle para obtener la condición de consumidor electrointensivo.
La decisión responde a la transformación del sistema eléctrico español y, especialmente, al crecimiento de la generación solar.
Entre 2020 y 2025 se instalaron más de 25 GW de potencia renovable, de los cuales 20 GW corresponden a tecnología fotovoltaica, según recoge el BOE.
Esta última representa ya aproximadamente una cuarta parte de la capacidad instalada y ha modificado los patrones de formación de precios del mercado diario.
En ese escenario, exigir consumo en determinadas franjas tarifarias podía entrar en contradicción con las señales económicas que reciben las fábricas para ajustar su demanda.
La nueva regulación permitirá que las empresas adapten sus operaciones a la evolución de los precios sin que esa distribución horaria constituya un impedimento para acceder a la certificación.
No obstante, se mantienen otros criterios de elegibilidad.
Entre ellos, haber registrado un consumo anual superior a 1 GWh durante al menos dos de los tres ejercicios anteriores, operar en alguno de los sectores contemplados en el anexo y disponer de un sistema de gestión energética certificado conforme a la norma ISO 50001.
El cálculo de electricidad utilizada incluirá expresamente el autoconsumo, mientras que las instalaciones de nueva creación podrán acreditar determinados requisitos mediante proyecciones sujetas a verificación posterior.
Menos trámites y cambios en las ayudas por costes de carbono
La actualización también elimina la obligación de presentar, durante los tres años posteriores a la concesión, un informe detallado con datos de producción, utilización de combustibles, indicadores de eficiencia y evolución de emisiones.
Parte de esta información se integrará en el Registro de Consumidores Electrointensivos para simplificar su recopilación y seguimiento.
Asimismo, se modifica el Real Decreto 309/2022, que regula las compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO₂ para los sectores industriales expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el período 2021-2030.
Las convocatorias podrán establecer condiciones de compatibilidad con ayudas del Fondo de Innovación europeo y con mecanismos de subastas financiados por la Unión Europea, evitando situaciones de doble financiación.
También se contempla incorporar ajustes aprobados por Bruselas para prevenir solapamientos con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y con la asignación gratuita de derechos de emisión.
En cuanto a los plazos, las nuevas reglas de compensación del Estatuto serán aplicables a las solicitudes correspondientes a costes incurridos desde el 1 de enero de 2026.
Las ayudas seguirán articulándose mediante convocatorias anuales del Ministerio de Industria y Turismo, con importes sujetos a las disponibilidades presupuestarias y a los límites establecidos para cada beneficiario.









