A principios de este mes, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó la imposición de una multa de 910.927.600 pesos colombianos -265.270 dólares- contra la sociedad Electrificadora del Huila S.A. –Electrohuila- por obstaculizar el acceso a la red de 5 proyectos solares de cerca de 20 MW cada uno y pequeños generadores distribuidos.

Según comentó a este medio la empresa denunciataria, están en curso otras denuncias similares sobre Electrohuila, las cuales están en manos de las superintendencias de industria y servicios públicos.

También están abriendo procesos contra otro operador de red por causas similares.

“Varios directivos de Electrohuila habrían dado instrucciones a funcionarios para denegar la asignación de puntos de conexión. Permanentes incumplimientos regulatorios y dilataciones injustificadas aducirían prácticas de abuso de la posición dominante por Electrificadora”, explican desde la empresa damnificada.

Señalan que Electrohuila, al igual que otros operadores de red del país, “habrían estado influyendo en el gremio y la CREG para impedir el acceso a la red de nuevos agentes”.

Esta acción marca un hito aleccionador en Colombia sobre los malos desempeños de agentes distribuidores que impiden a usuarios residenciales, comerciales o industriales inyectar energía limpia a la red eléctrica mediante fuentes de energías renovables.

Desde marzo del 2018, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) publicó la Resolución Creg030 sobre autogeneración hasta 100 kW y la de sistemas fotovoltaicos y de renovables de una potencia entre 100 kW y 1 MW de energía a través de renovables.

También se introduce un procedimiento simplificado para la conexión de instalaciones de autoconsumo a gran escala con potencia instalada mayor a 1 MW y menor o igual a 5 MW.

Protecciones a partir de 1 MW: los cambios que espera el sector para que despegue la Generación Distribuida en Colombia