A raíz de la Resolución CREG 060/2019, publicada en junio del año pasado, Jepirachi, el primer y único parque eólico en funcionamiento en Colombia tuvo que dejar de operar.
Lo hizo a partir del pasado mes de enero. La normativa exige que las centrales eólicas y solares fotovoltaicas que inyecten energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN) cumplan nuevos requisitos, más modernos, de manera tal que garanticen la estabilidad de la red eléctrica.
Cabe destacar que para el año 2023 se esperan en Colombia la entrada de unos 2.500 MW. Hoy la potencia disponible de energías renovables no convencionales ronda los 50 MW.
Jepirachi empezó a mover sus aspas el 19 de abril de 2004, en La Guajira. Hace más de 15 años que entrega energía limpia al SIN y, en virtud de la Resolución 060, Empresas Públicas de Medellín (EPM), propietaria de la planta, debería invertir para modernizar la planta.
Según pudo saber Energía Estratégica, la compañía paisa está explorando tres alternativas.
La primera, que se postergue el cumplimiento de la resolución. El argumento que EPM le expone al Gobierno es que la potencia renovable no convencional de Colombia aún es muy baja para generar distorsiones en el sistema. De este modo postergar por algún tiempo estas inversiones.
De no llegar a un acuerdo, el segundo escenario sería que la empresa de Medellín realice las modificaciones que se le exigen y que el parque eólico pueda así retomar actividad. Para eso, desde la gerencia están analizando soluciones tecnológicas y económicamente viables para modernizar el equipamiento.
Pero si los números no cierran, EPM contempla como tercera estrategia dar cierre definitivo a la central; es decir, desmantelarla.
Desde la empresa esperan tener una definición antes de que termine el año.
Acuerdo con las comunidades
La región de La Guajira es conocida por ser patrimonio de las comunidades originarias Wayuu.
Desde EPM aseguran que en las consultas previas llevadas a cabo en los años 2002 y 2003 se acordó con las comunidades el montaje del parque eólico Jepirachi.
El arreglo quedó asentado en el Ministerio del Interior y solamente hasta febrero del presente año, dicho Ministerio certificó el cumplimiento de todos los compromisos.
Comentan que en 2017 hubo un conflicto, donde los habitantes bloquearon las operaciones de la central, pero quedó resuelto. “Debimos establecer nuevos acuerdos que están vigentes hasta octubre de 2021”, recuerdan dentro de la empresa.
Ahora, ante la posibilidad del desmantelamiento del Jepirachi y EPM desmiente versiones de romper acuerdos. “Tenemos claras nuestras obligaciones y bajo ninguna circunstancia se consideraría su incumplimiento”, se comprometen ante la consulta de Energía Estratégica.
La Resolución CREG 060 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía en principio está muy bien para proteger la red ante el impacto que podría tener la posible llegada de grandes proyectos eólicos al País. No obstante la medida debería aplicarse a partir de su emisión y no de manera retroactiva. En especial teniendo en cuenta que el parque Jepirachi lleva 16 años en funcionamiento, por lo que ya se ha probado sobradamente que aunque no cuenta con las nuevas tecnologías para proteger la red, por su «pequeño» tamaño su impacto en la red es leve. Me parece que el gobierno ha sido miope al aplicar esta norma con efecto retroactivo, perjudicará a la comunidades Wayuu de la zona del parque y creará un muy mal ambiente para los acuerdos a futuro de los proyectos que están por desarrollarse en la zona.
Esto es como que el gobierno hiciera demoler el castillo de San Felipe por no cumplir el reglamento de construcciones sismo resistentes
Llega la Resolución CREG 136 de 2020 a resolver el tema.