El Ministerio de Energía y Minería continúa trabajando en la Ley 27.424, aprobada a fines del año pasado. Una vez aplicada, la norma permitirá a los usuarios residenciales y pymes a inyectar energía renovable a la red eléctrica, a cambio de beneficios en la tarifa.

Sin embargo, su reglamentación es más compleja de lo que parece. Los actores involucrados requieren saber con claridad cómo será su aplicación, ya que puede repercutir sobre fibras sensibles.

Una de ellas son las distribuidoras, muchas veces representadas por las provincias. En diálogo con Energía Estratégica, Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), deja claro, ante todo, el apoyo de la entidad sobre esta medida.

“Obviamente que apoyamos al desarrollo de las Generación Distribuida, porque es algo que tiene que ver con la mejora del sistema: alentar con la contribución de energías renovables y la posibilidad de que los usuarios generen su propia energía”, subraya.

No obstante, aclara que su instrumentación debe darse en un marco favorable para las compañías generadoras, a través de una correcta medición de lo que pudiera generar el usuario con respecto a lo que pudiera consumir.

«De alguna manera debe haber un registro preciso”, indica Bulacio y desliza que este correcto cálculo permitirá evitar alteraciones en el canon que cobran las compañías eléctricas, denominado VAD, por un lado, y por otro medir cuánto genera el usuario, lo cual es necesario para dotar de recursos al FODIS. Es que una de las partidas que tiene este fondo es a través del dinero que se ahorra el Estado en la energía de fuentes renovables que el usuario genera.

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«Por suerte la ley es bastante amplia y habla de un sistema de medición y no sólo de un medidor bidireccional», enfatiza Bulacio en referencia a la necesidad de medir la energía consumida y la aportada con un doble medidor.

En cuanto a ello y la posibilidad de que el Gobierno publique un ‘pre-reglamentación’ sujeta a las observaciones del sector privado, el titular de ADEERA opina: “sería interesante porque a partir de eso uno puede estudiar cómo se pretende aplicar y hacer sus aportes. Obviamente el que tiene que sancionarlo luego es el Poder Ejecutivo”.

“En la medida que la reglamentación sea flexible y sea más parecida a lo que cada provincia requiere, va a ser más fácil la adhesión”, observa el dirigente y subraya: «todo lo que tenga que ver con discusión abierta y publica es positivo»

Justamente una de las mayores preocupaciones del oficialismo es la adhesión de las Provincias a la Ley 27.424.

“Lo que tenemos ahora es una discusión política de alto voltaje, más allá de aspectos económicos y regulatorios con las distribuidoras (y cooperativas): lo que tenemos son 24 jurisdicciones que tienen que evaluar la adhesión”, dijo en una jornada abierta al público Juan Carlos Villalonga, Diputado nacional por Cambiemos y uno de los referentes en el armado de la Ley.

“Ese es el hito fundamental”, remató el legislador. Actualmente el propio Villalonga está recorriendo el país, dialogando con las distintas provincias para despejar dudas y generar beneplácito.