El gobierno de Guatemala publicó la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo el 17 de junio, que entrará en vigencia el 17 de septiembre y obligará a las empresas a transparentar información que históricamente permanecía dentro del ámbito corporativo privado, incluyendo estructuras accionarias, beneficiarios finales y cambios de control societario. También aumentará los procesos de debida diligencia aplicados por bancos, aseguradoras y otras entidades vinculadas a operaciones clave para el desarrollo de infraestructura eléctrica.
Para Ligia López de Luna, especialista en Derecho Regulatorio Eléctrico, el alcance de la ley trasciende ampliamente al sector financiero y alcanzará prácticamente todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto.
“La nueva normativa puede afectar nuevos proyectos, sociedades existentes, financiamiento, garantías de licitación, inversionistas, estructuras accionarias y cambios de control”, advirtió la especialista en conversación con Energía Estratégica.
El nuevo escenario llega además en un momento particularmente sensible para la industria. En las últimas semanas, desarrolladores energéticos manifestaron preocupación por cobros y exigencias controversiales impulsadas por algunas municipalidades que, según distintos actores del mercado, podrían afectar la viabilidad de proyectos adjudicados en procesos competitivos. Ahora, a esas discusiones se suma un marco regulatorio que exigirá mayores estándares de cumplimiento y trazabilidad.
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la identificación del beneficiario final, concepto que apunta a determinar quién ejerce realmente el control de una empresa, incluso cuando existen sociedades intermedias, holdings, fideicomisos o fondos de inversión.
“La ley exige identificar a quien controle realmente la empresa”, señaló López de Luna.
La legislación fija un umbral de 15% de participación o control y obliga a las compañías a documentar con mayor precisión la composición de sus estructuras societarias. En paralelo, reforma el régimen de registro de acciones incorporando información detallada sobre accionistas, transmisiones de titularidad, gravámenes y estructuras fiduciarias.
Según explica la especialista, el cambio representa una transformación profunda para un sector donde la información accionaria solía mantenerse dentro de la esfera privada de cada compañía.
“Deja de ser un dato privado para convertirse en información puesta a disposición del registro público”, sostuvo.
La medida alcanzará tanto a nuevos desarrollos como a empresas que ya operan en el mercado. Las sociedades existentes deberán actualizar información corporativa, registros de acciones y órganos de administración dentro de los plazos establecidos por la normativa.
La ley también introduce modificaciones relevantes en materia societaria. Entre ellas, la obligación de inscribir ante el Registro Mercantil a todos los integrantes de los órganos de administración y no únicamente a quienes poseen representación legal.
López de Luna remarcó que la adecuación no quedará limitada a proyectos futuros.
“Las sociedades ya constituidas también deberán adecuarse”, afirmó.
Las compañías dispondrían de períodos específicos para regularizar la información requerida. De no hacerlo, podrían enfrentar restricciones para realizar determinados trámites registrales, una situación con potencial impacto sobre operaciones corporativas habituales.
La actualización de registros, la identificación de beneficiarios finales y la revisión de estructuras accionarias aparecerían así entre las primeras tareas que las empresas deberán abordar antes de la entrada en vigor de la norma.
El acceso al capital también quedaría alcanzado por los nuevos requisitos.
Los bancos podrían solicitar información más exhaustiva sobre beneficiarios finales, origen de fondos, estructura accionaria y grupos empresariales antes de aprobar financiamientos para proyectos energéticos. Esto supone un endurecimiento de los procesos de debida diligencia que habitualmente acompañan el desarrollo de iniciativas intensivas en capital.
En palabras de López de Luna, las entidades financieras estarían habilitadas para profundizar la revisión de la información corporativa de quienes soliciten recursos.
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La especialista explicó que esta situación podría generar procesos más extensos de análisis y validación documental, especialmente en operaciones con participación de inversionistas internacionales o estructuras corporativas complejas.
Nuevas condiciones para licitaciones y garantías
Las licitaciones tampoco quedarían ajenas a los cambios.
Si bien continuarían vigentes mecanismos habituales como cartas de crédito stand-by, seguros de caución y depósitos en efectivo, la documentación necesaria para respaldar esas garantías podría aumentar significativamente.
Sin embargo, advierte que “podría aumentar la documentación necesaria para respaldarlas”, por lo que recomienda anticipar los procesos de preparación y validación.
La trazabilidad de los recursos utilizados para constituir estas garantías cobraría una importancia creciente en futuros procesos competitivos, particularmente aquellos vinculados al desarrollo de nueva capacidad de generación o infraestructura de transmisión.
La cuestión adquiere especial relevancia considerando el momento que atraviesa el mercado eléctrico guatemalteco. Recientemente concluyó la licitación PEG-5, considerada una de las convocatorias más relevantes de los últimos años para la incorporación de nueva capacidad de generación. El proceso adjudicó contratos de largo plazo con precios que, según destacó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), se ubicaron por debajo de los valores observados en el mercado, consolidando el interés de desarrolladores e inversionistas por el país.
A ello se suma que las autoridades anticiparon nuevas convocatorias durante FES Guatemala para expandir la oferta eléctrica nacional. Entre ellas figuran la licitación PEG-6, orientada a la contratación de potencia firme, y la PET-4 para infraestructura de transmisión.
En ese escenario, los mayores requerimientos de trazabilidad sobre el origen de los fondos, la composición accionaria de las empresas y la documentación de respaldo para garantías podrían convertirse en un elemento cada vez más relevante para los participantes que busquen competir en futuros procesos de contratación.
“La ley fortalece el control sobre la venta de proyectos, el ingreso de inversionistas, las reestructuraciones corporativas y los cambios accionarios”, destacó López de Luna.
Para un mercado donde es habitual la incorporación de nuevos capitales durante las distintas etapas de desarrollo de una iniciativa, la actualización permanente de la información corporativa pasará a ocupar un lugar central.
Al mismo tiempo, la legislación incrementaría las responsabilidades vinculadas al cumplimiento corporativo, la supervisión interna y el gobierno corporativo.
“La transparencia deja de ser una buena práctica y se convierte en una necesidad”, enfatizó la especialista.
El alcance de la norma incluye además la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos relacionados con lavado de dinero. Las sanciones pueden llegar hasta 625000 dólares y, en casos de reincidencia, contemplan incluso la cancelación definitiva de la personalidad jurídica de la empresa.
La cuenta regresiva hacia septiembre
Aunque el reglamento de la ley aún no ha sido emitido, López de Luna consideró que las compañías no deberían esperar para iniciar los procesos de adecuación.
“La preparación puede comenzar desde ahora”, sostuvo.
La especialista recordó además que el sector energético enfrentó históricamente controversias regulatorias y administrativas que terminaron resolviéndose favorablemente mediante recursos legales y acciones judiciales.
“Siempre tuvimos muy buenos resultados”, afirmó al referirse a experiencias previas vinculadas con exigencias municipales que posteriormente fueron cuestionadas en tribunales.
Con la entrada en vigor prevista para septiembre, las empresas deberían avanzar en la revisión de sus estructuras corporativas, fortalecer mecanismos de cumplimiento, actualizar registros societarios e identificar beneficiarios finales. En un entorno donde los desafíos regulatorios se multiplican, la capacidad de adaptación será cada vez más determinante para acceder a financiamiento, competir en licitaciones y concretar nuevas inversiones en el sistema eléctrico guatemalteco.
