La adjudicación de 7400 MW distribuidos en 37 proyectos del esquema mixto con CFE representa uno de los avances más relevantes para el mercado eléctrico mexicano en los últimos años. Sin embargo, para los desarrolladores que obtuvieron fallos favorables en la primera convocatoria impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el verdadero desafío comienza ahora.
Si bien el proceso concluyó con resultados positivos para buena parte de la industria, aún resta completar una serie de etapas técnicas, contractuales y financieras que serán determinantes para transformar los anuncios en centrales operativas capaces de aportar nueva capacidad al Sistema Eléctrico Nacional.
El primer hito relevante será la presentación de las garantías de seriedad, prevista para el 16 de junio, mientras que la firma de los contratos está programada a partir del 19 de junio, según el cronograma oficial de la convocatoria.
"Todavía no están cerrados", advirtió Arturo Carranza, director de proyectos de energía de Azka Advisors, durante el streaming “Se tenía que decir y se dijo”, que lleva adelante Energía Estratégica.
Estas garantías constituyen uno de los principales filtros financieros del proceso. Se trata de recursos que los desarrolladores deben inmovilizar durante la ejecución de las obras para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
“No cualquier privado puede poner el porcentaje del valor del proyecto y tener ahí ese recurso sin disponer de ello”, explicó Carranza.
Según detalló, la garantía funciona como un mecanismo de protección para la CFE. ¿Por qué? Si el proyecto cumple con los plazos y condiciones establecidos, los recursos son liberados una vez que la central entra en operación; en cambio, si la iniciativa no avanza conforme a lo comprometido, la empresa estatal puede ejecutar dicha garantía.
El reto del financiamiento
Más allá de las garantías, otro de los puntos centrales será el cierre financiero de las iniciativas adjudicadas: la estructura económica de los contratos mixtos exige un delicado equilibrio entre capital privado y financiamiento externo.
En términos generales, “los proyectos contemplan esquemas donde entre el 70% y el 80% corresponde a deuda, mientras que el capital propio representa entre el 20% y el 30%”.
Bajo ese modelo, la rentabilidad esperada, los ingresos futuros por la venta de energía y las condiciones establecidas en los contratos con la CFE fueron factores que influyeron directamente en las negociaciones desarrolladas durante los últimos meses.
“Parte de la negociación que explica por qué se iban recorriendo los calendarios tiene que ver con la estructura de capital de estos proyectos y con la compra de energía que se iba a dar”, sostuvo.
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Y cabe recordar que el esquema establece que la CFE adquirirá el 70% de la energía generada por los proyectos adjudicados, mientras que el 30% restante podrá comercializarse en el mercado eléctrico.
De la adjudicación a la construcción
La relevancia de esta nueva etapa no sólo responde a cuestiones financieras. También existe una fuerte expectativa gubernamental respecto del impacto que estos proyectos tendrán sobre la expansión de la oferta eléctrica nacional.
México enfrenta desde hace varios años una creciente presión derivada del aumento de la demanda, particularmente en regiones industriales estratégicas y polos asociados al nearshoring.
Para Carranza, el éxito de la convocatoria no se medirá únicamente por los megavatios adjudicados, sino por la capacidad efectiva de convertirlos en infraestructura operativa.
“Lo importante es que estos proyectos operen para que exista la energía suficiente para atender el crecimiento de la demanda”, afirmó.
El especialista recuerda que la incorporación de nueva generación privada se desaceleró significativamente tras la cancelación de las subastas eléctricas en 2018, generando un rezago que las autoridades buscan revertir mediante nuevos mecanismos de inversión.
Por ello, la firma de los contratos durante las próximas semanas será observada de cerca por desarrolladores, inversionistas y entidades financieras.
El mercado ya mira las próximas convocatorias
Mientras los adjudicatarios avanzan con las garantías y los contratos, la industria ya comienza a poner atención en las siguientes oportunidades que prepara el Gobierno mexicano.
Las autoridades anunciaron nuevas convocatorias para proyectos privados y esquemas asociados al almacenamiento energético, un segmento que despierta creciente interés entre los desarrolladores.
“Habrá gran interés”, aseguró Carranza respecto de los próximos procesos.
Según el director de proyectos de energía de Azka Advisors, muchas de las empresas que no lograron obtener capacidad en la primera convocatoria exclusiva para privados, adjudicada en diciembre, continuarán participando en futuros esquemas, especialmente ahora que conocen con mayor profundidad los requisitos técnicos, financieros y regulatorios exigidos por las autoridades.
De esta manera, mientras los 7.400 MW adjudicados avanzan hacia la etapa contractual y financiera, el mercado mexicano comienza a preparar una nueva carrera por inversiones que podría definir buena parte de la expansión eléctrica del país durante los próximos años.