El Ministerio de Ambiente y Energía de Portugal anunció el lanzamiento de dos licitaciones, previstas para el 14 de septiembre, que pondrán en juego un total de 1050 MW de proyectos BESS, al tiempo que presentó la Estrategia Nacional de Almacenamiento de Energía.
La primera convocatoria destinará 750 MW para proyectos de almacenamiento de energía en baterías independientes, mientras que los restantes 300 MW serán para la capacidad sobrante para proyectos renovables con almacenamiento colocalizado, aprovechando infraestructura de red ya disponible.
Asimismo, desde el Poder Ejecutivo luso dejaron claro que “no se trata de licitaciones aisladas”, sino del inicio de un esquema permanente de asignación de capacidad de red para almacenamiento.
¿Por qué? La Estrategia Nacional de Almacenamiento identifica que los escenarios actuales subestiman la capacidad de baterías que requerirá el sistema en los próximos años. Los estudios técnicos recomiendan alcanzar 3 GW de almacenamiento en baterías para 2030 y elevar esa capacidad hasta 4,5 GW en 2040, junto con una expansión progresiva del bombeo hidroeléctrico.
Las autoridades locales recibirán el 30 % de los ingresos generados por el Sistema Energético Nacional mediante subastas de almacenamiento independientes y hasta el 70 % de los proyectos que utilicen el excedente de capacidad de la red.
Mientras que los promotores también deberán destinar el 2,5 % de los ingresos netos a medidas de beneficio para la comunidad local, mientras que los proyectos agro-voltaicos recibirán una bonificación del 20 % durante el proceso de subasta.
Además, el lanzamiento responde a un escenario en el que la expansión de la energía solar y eólica comienza a exigir nuevas herramientas para integrar la producción al sistema eléctrico, de modo que Portugal cuenta con más de 15 GW de proyectos solares en desarrollo y estima inversiones superiores a los 10000 millones de euros hacia 2030, un crecimiento que incrementa la necesidad de incorporar almacenamiento para reducir vertimientos.
Por lo que las baterías dejan de considerarse un complemento de los proyectos renovables para convertirse en infraestructura estratégica, capaz de aportar flexibilidad operativa, reducir el uso de generación térmica, disminuir las emisiones y mejorar la eficiencia económica del sistema eléctrico.
Otro de los ejes del nuevo esquema será la valorización económica de estos activos hacia mecanismos específicos de remuneración para complementar los ingresos que obtienen los BESS mediante arbitraje de precios y prestación de servicios al sistema.
La operadora REN también destacó el potencial económico del almacenamiento dentro de los mercados de servicios de sistema. Según sus estimaciones, alrededor de 1170 millones de euros de los 1350 millones de euros que movieron esos mercados durante 2025 corresponden a segmentos donde las baterías podrán participar.
El paquete regulatorio se completa con el nuevo régimen de gestión dinámica de la capacidad de conexión, que permitirá recuperar capacidad de red reservada pero sin utilizar para reasignarla a proyectos listos para avanzar, mejorando el aprovechamiento de la infraestructura existente.
Un nuevo marco regulatorio para acelerar el despliegue de baterías
Además de las licitaciones, el Gobierno presentó nuevos lineamientos regulatorios que acompañarán el desarrollo del almacenamiento.
Entre ellos se incluyen procedimientos específicos de licenciamiento, requisitos técnicos para la conexión de baterías y la incorporación de capacidades avanzadas como operación grid-forming, control de frecuencia, regulación de tensión e inercia sintética, con el objetivo de que estos sistemas desempeñen un papel cada vez más relevante en la estabilidad de la red.
El esquema también incorpora incentivos para proyectos agro voltaicos dentro de la licitación de capacidad sobrante y un nuevo mecanismo de distribución de beneficios hacia los municipios que alberguen las instalaciones, mediante una participación anual en los ingresos generados por los proyectos durante toda su vida útil.
Las bases de ambos procedimientos entrarán ahora en consulta pública, mientras que el inicio formal de las licitaciones está previsto para septiembre.