Tras más de un mes de escrutinio y revisión de actas, Perú ya tiene definidos a los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta del próximo 7 de junio. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, fueron los más votados en una primera vuelta marcada por la fragmentación política y la alta dispersión del electorado.
Fujimori lideró el proceso electoral con cerca del 18% de los sufragios válidos, mientras que Sánchez logró asegurar su lugar en el balotaje con poco más del 12% de los votos. La definición se resolvió por escaso margen, dejando fuera de la contienda al conservador Rafael López Aliaga, quien quedó a pocas décimas porcentuales de acceder a la instancia decisiva.
A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, ambos candidatos llegan al balotaje con propuestas que coinciden en la necesidad de impulsar las energías renovables, aunque difieren en aspectos centrales como el rol del Estado, el desarrollo de los hidrocarburos y la estrategia para acelerar la transición energética.
La elección se desarrollará en un contexto político complejo para el país andino, que ha tenido ocho presidentes en menos de una década. En ese escenario, el sector energético observa con atención las definiciones que podría adoptar el futuro Gobierno en un momento clave para la expansión de la generación renovable, la electrificación y la reglamentación de nuevas normas destinadas a promover inversiones. Las encuestas publicadas en la recta final de la campaña muestran a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al frente de la intención de voto con entre 36% y 39%, mientras que el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra entre 30% y 35% de las preferencias. A su vez, cerca de un 16% del electorado permanece indeciso, factor que mantiene abierto el desenlace electoral.
Dos modelos energéticos para el próximo Gobierno
Fujimori plantea aumentar las renovables no convencionales al 20% de la matriz eléctrica a 2031, la misma ya se encuentra en 14%, y la expansión de la electrificación rural, especialmente en zonas de la Amazonía y territorios donde el acceso al suministro eléctrico todavía presenta limitaciones. Busca priorizar la seguridad energética, inversión privada y reducir la dependencia de derivados importados del 75% al 50% y alcanzar cobertura eléctrica nacional del 100%.
Dentro de su programa también figura la construcción de una Agenda Nacional del Hidrógeno Verde, iniciativa que prevé la articulación entre organismos públicos, empresas privadas y organismos internacionales de cooperación. La propuesta de la candidata no se limita a las fuentes limpias. También contempla fomentar la exploración de hidrocarburos, habilitando nuevos lotes en la selva y la costa norte bajo un esquema de reglas estables que incentive la llegada de inversiones privadas y fortalezca la oferta energética nacional.
En paralelo, impulsa la creación de un Polo Energético del Norte, con el objetivo de convertir a esa macroregión en un centro estratégico para la generación, procesamiento y distribución de energía, aprovechando su potencial de recursos y su ubicación geográfica.
Por su parte, Sánchez tiene como eje central la sobernaía energética y propone una visión más intervencionista del sector energético, al considerar que recursos como el gas, el petróleo, el agua y la energía deben permanecer bajo gestión directa del Estado por su carácter estratégico.
La iniciativa forma parte de una agenda que busca reforzar la capacidad estatal en actividades consideradas clave para el desarrollo económico y social del país. En materia de transición energética, el candidato plantea la creación de un Centro Nacional de Innovación orientado a impulsar proyectos vinculados a construcción, saneamiento y energías renovables.
La propuesta busca fortalecer la generación de conocimiento local y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a sectores productivos y de infraestructura. Asimismo, Sánchez incorpora dentro de su plataforma una estrategia de desarrollo sostenible y equitativo, basada en la promoción de la economía circular, el crecimiento de las energías renovables y la protección de ecosistemas, fuentes hídricas y semillas nativas. También propone la derogación de la denominada Ley Antiforestal y la implementación de mecanismos de protección para defensores ambientales.
Seguir leyendo
Propone reflotar y fortalecer Petroperú para recuperar 40-45% del mercado, prioriza el Gasoducto Sur y plantea la masificación residencial del gas natural como política social universal. Además, menciona hidrógeno verde, solar, eólica y microhidro, y fija como meta cuantificable elevar el presupuesto de electrificación rural de S/489M a S/1,100M anuales.
Más allá de las diferencias entre ambos candidatos, el sector también advierte una serie de vacíos compartidos en las propuestas energéticas. Ninguno de los programas aborda el potencial crecimiento de la demanda eléctrica asociada a los centros de datos y la inteligencia artificial, ni incorpora metas concretas para el desarrollo de sistemas de almacenamiento con baterías (BESS), una tecnología considerada clave para acelerar la integración de energías renovables.
Tampoco aparecen iniciativas específicas vinculadas a la electromovilidad, la electrificación de la economía, la generación distribuida o el despliegue de redes inteligentes. A ello se suma la ausencia de estrategias para desarrollar cadenas de valor asociadas a minerales críticos como el cobre y el litio, recursos de los que Perú dispone y que podrían desempeñar un papel relevante en la transición energética global.
El país cuenta actualmente con una cartera creciente de proyectos solares, eólicos e iniciativas asociadas al hidrógeno verde, mientras el sector continúa atento a la reglamentación de la Ley 32249, considerada una de las principales herramientas para mejorar la eficiencia y la competitividad del mercado eléctrico.
Según estimaciones recientes, Perú podría incorporar 3,6 GW de energías renovables no convencionales en los próximos años a partir de proyectos solares y eólicos que actualmente se encuentran en construcción o en distintas etapas de evaluación. Este crecimiento demandará además nuevas inversiones en infraestructura de transmisión y soluciones de almacenamiento para acompañar la expansión de la generación limpia.
En ese contexto, las definiciones que adopte el próximo Gobierno serán observadas de cerca por los desarrolladores y los inversores del sector, especialmente en lo referente a marcos regulatorios, acceso al financiamiento y mecanismos que permitan acelerar la incorporación de nueva capacidad renovable.
A pesar del contexto electoral, diversos actores del mercado consideran que el desarrollo energético peruano mantiene una dinámica relativamente independiente de los ciclos políticos. El sector muestra una particular resiliencia frente a los cambios de Gobierno, una característica que lo diferencia de otros mercados de América Latina.
En diálogo con Energía Estratégica, Edmundo Farge, CEO de Batech Energy, sostuvo que los impactos de la política peruana sobre el sector económico son "ínfimos o casi nulos". Según explicó, ello responde a "la fortaleza monetaria y el control de la inflación, sumado al alza de los metales del sector minero que demanda la energía eléctrica renovable".
La estabilidad macroeconómica y la continuidad de las inversiones energéticas se reflejan en que Perú ha atravesado más de ocho presidentes durante los últimos años sin modificar sustancialmente el rumbo económico ni la hoja de ruta del sector energético. Esta percepción cobra relevancia en momentos en que la industria espera definiciones regulatorias clave para acelerar el despliegue de nueva capacidad renovable y fortalecer la competitividad del sistema eléctrico.
El resultado del balotaje definirá no solo quién ocupará la presidencia durante los próximos cinco años, sino también quién estará al mando del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y enfoque con el que Perú buscará consolidar su proceso de transición energética en una etapa marcada por nuevas inversiones, desafíos regulatorios y oportunidades de crecimiento para las tecnologías renovables.
. La expectativa también se traslada a otros países de la región como Colombia, donde los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. En ambos casos, desarrolladores, fondos de inversión y empresas del sector siguen de cerca el escenario político, atentos a las señales que puedan influir en el desarrollo de las energías renovables, las inversiones en infraestructura y el avance de la transición energética en América Latina.
El resultado del balotaje definirá no solo quién ocupará la presidencia de Perú durante los próximos cinco años, sino también quién estará al frente del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el enfoque con el que el país buscará consolidar su transición energética en una etapa marcada por nuevas inversiones, desafíos regulatorios y oportunidades de crecimiento para las tecnologías renovables. La expectativa del sector no se limita a Perú. También se traslada a Colombia, donde los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. En ambos mercados, desarrolladores, fondos de inversión y empresas energéticas siguen de cerca el escenario político, atentos a las señales que podrían influir en el desarrollo de las energías renovables, las inversiones en infraestructura y el rumbo de la transición energética en América Latina.