México otorgó 34,3 millones de Certificados de Energía Limpia (CEL) en 2025, lo que representa un alza de 22% frente a los 28,1 millones otorogados en el 2024.
Alberto Campos, Manager en Trio, aseguró que ese aumento se generó por cambios regulatorios, pero apuntó que el verdadero impacto dependerá de elevar el requisito actual y sostener el espíritu original del mecanismo.
Por caso, la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico en marzo del 2025 eliminó restricciones históricas para que centrales limpias previas al 2014 puedan recibir CEL, lo que generó un incremento de los mismos.
“Cuando ya no hay este límite de fecha, las plantas hidráulicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los parques viejos pueden recibir certificados. Esto aumenta la oferta”, manifiestó Campos en diálogo con Energía Estratégica.
El detalle mensual del otorgamiento también evidencia un cambio en la dinámica del mercado. Durante el primer bimestre de 2025 se asignaron cerca de 4,3 millones de CEL, con un promedio mensual de 2,2 millones, mientras que a partir de marzo el ritmo se aceleró hasta alcanzar cerca de 3 millones mensuales, acumulando casi 30 millones adicionales hacia el cierre del año. Este salto marca un punto de inflexión en la emisión de certificados, alineado con la flexibilización regulatoria y la incorporación de centrales legadas al esquema.
Con este nuevo escenario, el foco del mercado se traslada ahora hacia el requisito de consumo de CEL, considerado el principal factor para absorber la mayor oferta y sostener el objetivo del mecanismo. Actualmente, la obligación se ubica en 13,9%, aunque el sector espera una actualización en los próximos meses.
“Lo importante es ver el requisito que incremente para poder llegar al espíritu de los certificados, que es promover nueva generación”, apuntó y estimó que los porcentajes podrían elevarse hacia un 17% o 18% en mayo, en línea con lo que anticipan distintos actores del mercado.
Sin embargo, remarcó que un requisito del 20% sería el escenario ideal para preservar el diseño original del esquema.
Más allá del ajuste en el requisito, el incremento en el otorgamiento de CEL también abre interrogantes sobre el equilibrio entre oferta y demanda dentro del mercado. Para Campos, el aumento en la disponibilidad de certificados no necesariamente corrige las distorsiones existentes, especialmente en un contexto donde la demanda estructural sigue condicionada.
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“Si tienes una mayor demanda de certificados, los precios deberían incrementar; si tienes más oferta que demanda, en teoría deberían bajar”, sostuvo.
En ese sentido, el comportamiento de precios estará directamente vinculado a cómo evolucione el nuevo requisito, ya que será el principal mecanismo para absorber el crecimiento en la emisión. Actualmente, los CEL responden a una obligación regulatoria, lo que los posiciona como un instrumento de cumplimiento indispensable para ciertos actores del sistema.
A esto se suma un factor adicional: la vigencia limitada de los nuevos certificados, que será de 30 meses, lo que introduce una dinámica distinta en el mercado al evitar acumulaciones prolongadas.
“Eso también ayuda a que no haya tantos en el mercado o que vayan venciendo, lo cual es positivo en términos del mercado”, explicó el ejecutivo.
Sin embargo, el aumento en la oferta no resuelve automáticamente el déficit que enfrenta la CFE Suministradora de Servicios Básicos, cuyas restricciones para adquirir CEL, limitadas a subastas de mediano y largo plazo, han reducido su capacidad de abastecimiento efectivo, incluso considerando el mayor volumen disponible.
En paralelo, el mercado también observa una creciente divergencia entre los CEL y otros instrumentos ambientales como los I-REC (International Renewable Energy Certificates), utilizados principalmente por grandes corporativos para cumplir objetivos de emisiones.
“Para temas de protocolo de gases de efecto invernadero los CEL no funcionan; las empresas están utilizando I-REC o garantías de origen”, advirtió Campos.
Según detalló, esa demanda corporativa viene en aumento y ya impacta en precios. “Se está viendo una demanda mayor en temas de I-REC y eso te lleva a que los precios hayan subido”, señaló, al explicar que estos certificados pasaron de valores cercanos a 2 dólares a niveles de entre 6,5 y 7 dólares.
Este escenario refuerza que el verdadero desafío será asegurar que el diseño regulatorio continúe incentivando nueva capacidad renovable.
“Hay que ver si va a seguir con el espíritu para los cuales fueron creados, que fue incrementar el parque de generación renovable del país”, concluyó.