México proyecta incorporar casi 7 GW adicionales de energía eólica hacia 2030, un despliegue que podría movilizar millones de dólare sy que coloca al financiamiento como uno de los factores determinantes para convertir la capacidad prevista en proyectos operativos.
“Hablamos de 25 mil millones de dólares de inversión en renovables, de los cuales 12 mil millones corresponden a energía eólica” aseguró, Ramón Fiestas, presidente de Global Wind Energy Council (GWEC) para América Latina, en diálogo con Energía Estratégica.
La magnitud surge de una planificación que contempla 6860 MW eólicos adicionales hacia 2030. De ese volumen, 4701 MW distribuidos en 17 centrales que ya fueron asignados y otros 2159 MW permanecen pendientes para las convocatorias vigentes, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Energía (SENER).
José María Rivera Fosado, Jefe de unidad en Comisión Federal de Electricidad, aseguró que de las 17 centrales adjudicadas ocho corresponden al esquema mixto por una capacitad total de 2949 MW + 890 MW de baterías con fecha de operación comercial entre 2029 y 2030 en Nuevo León y Tamaulipas. Por lo que el resto de lo adjudicado, 1752 MW, es resultado de la convocatoria para proyectos privados prioritarios de diciembre del 2025.
Con desarrolladores interesados y las nuevas convocatorias avanzando, la siguiente discusión será cómo financiar esa cartera. Fiestas explica que los proyectos renovables suelen estructurarse con una participación muy elevada de deuda, por lo que las condiciones que establezcan bancos y otras instituciones financieras tendrán impacto directo sobre su viabilidad.
“Normalmente los proyectos suelen apalancarse en un 70% en financiación de terceros”, precisa el directivo. En consecuencia, la evaluación de riesgo que hagan las entidades financieras sobre el mercado mexicano incidirá sobre las tasas de interés, los retornos exigidos y las condiciones necesarias para cerrar contratos de suministro eléctrico.
En ese escenario, GWEC pone especial atención sobre el riesgo regulatorio, las condiciones de integración a la red y la certidumbre sobre los ingresos futuros de las centrales.
“A menor riesgo identificable, más barata será la financiación”, remarcó Fiestas. Para el ejecutivo, reducir esas incertidumbres permitirá mejorar las condiciones económicas de los proyectos y, en última instancia, alcanzar precios de suministro más competitivos para los consumidores.
El asunto cobra relevancia porque México no solo busca materializar esta primera cartera de proyectos antes del 2030. GWEC considera que el crecimiento de la demanda eléctrica podría obligar a ampliar considerablemente las metas actuales, impulsado por el nearshoring, los centros de datos, la inteligencia artificial y la electrificación industrial.
Es allí donde Fiestas subraya que : “Los objetivos del Gobierno de México se quedan muy cortos desde el punto de vista de esta perspectiva de atender las necesidades de la electrificación de la economía en México”.
El representante de GWEC aclara que esa presión sobre el consumo de energía limpia y competitiva ya comienza a materializarse, por lo que las actuales convocatorias pueden funcionar como una primera prueba para un mercado renovable de una escala significativamente superior.
¿Oportunidades de fabricación, repotenciación y offshore en México?
La Secretaría de Energía observa oportunidades para ampliar la cadena de valor eólica dentro de México, desde la fabricación de componentes hasta los servicios asociados al ciclo completo de los parques.
Durante el encuentro organizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y GWEC, Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, destacó oportunidades en la fabricación y suministro de aerogeneradores, palas, torres, góndolas y componentes eléctricos y de control.
El potencial también alcanza las etapas de construcción, instalación, operación y mantenimiento y repotenciación de centrales eólicas, por lo que la expansión prevista hacia 2030 podría generar oportunidades más allá de los desarrolladores encargados directamente de los proyectos.
Este punto coincide con otra de las expectativas de GWEC. Fiestas considera que, si México logra construir un entorno de inversión adecuado, el nuevo ciclo puede contribuir a recuperar cadenas de suministro eólicas que ya tuvieron presencia en el país.
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“En función de la calidad del ambiente de inversión que se alcance en México, esa recuperación va a ser más rápida o más lenta”, señaló Fiestas.
A este escenario industrial podría incorporarse además una nueva tecnología. Islas Samperio adelantó que la Administración está analizando el potencial de inversión en energía eólica marina (offshore) y que los detalles serán dados a conocer próximamente.
La SENER identifica a esta tecnología como una posible palanca para avanzar sobre las metas de transición energética, mientras que durante el foro también se señaló su potencial frente al incremento de demanda asociado a los centros de datos.
De avanzar esa estrategia, México ampliaría el horizonte actualmente concentrado en proyectos terrestres y abriría una nueva discusión sobre infraestructura portuaria, cadena de suministro, transmisión, financiamiento y capacidad industrial local vinculada al desarrollo offshore.
¿Qué falta para que México pueda escalar más allá de los primeros 7 GW?
Para Fiestas, uno de los principales desafíos será que la infraestructura eléctrica deje de condicionar el volumen de generación renovable que México puede incorporar.
El directivo explica que las convocatorias actuales responden, en buena medida, a las posibilidades que ofrece hoy el Sistema Eléctrico Nacional para absorber nueva generación variable sin grandes inversiones adicionales en transmisión.
“Lo que se necesita es la transformación del sistema eléctrico para poder incorporar ese mayor contingente de energías renovables que demanda, por así decirlo, el presente y el futuro”, sostiene Fiestas.
Esto requerirá una planificación más profunda de las redes de transmisión, de manera que la infraestructura acompañe el crecimiento de la generación y no se convierta en el límite para nuevas inversiones.
La cuestión vuelve a conectarse con el financiamiento. Para los bancos, la capacidad efectiva de un proyecto para evacuar su producción y obtener ingresos previsibles es uno de los elementos que determinan la evaluación de riesgo.
Fiestas considera que el Gobierno todavía tiene margen para reducir la exposición regulatoria de los desarrollos, principalmente mediante reglas que otorguen mayor certidumbre sobre la producción, la integración de electricidad a la red y la remuneración.
“Este riesgo regulatorio es algo que se puede paliar, se puede reducir sustancialmente en función de cómo el Gobierno vaya facilitando la entrada de estos proyectos desde la perspectiva normativa”, explicó el presidente regional de GWEC.
“También hemos visto un cambio de actitud muy positivo por parte del Gobierno en lo que se refiere a abrir canales de comunicación con el sector privado”, agregó.
Para GWEC, esa coordinación será indispensable porque la dimensión de la expansión eléctrica mexicana supera la capacidad de actuación de un único actor.
“El sector privado, la iniciativa privada, es una herramienta que tiene el Estado para cumplir sus políticas”, afirmó Fiestas, quien considera que la convergencia entre inversión pública y privada será necesaria para materializar las metas energéticas.
El desafío, por lo tanto, no acaba con adjudicar nueva capacidad. México deberá lograr que los proyectos alcancen cierre financiero, encuentren espacio en la red, cuenten con certidumbre regulatoria y recuperen una cadena industrial capaz de acompañar una expansión sostenida.