Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 y designó al ingeniero Guillermo Shinno Huamaní para conducir el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La definición despeja la incógnita que rodeó al Ministerio durante los días previos al cambio de Gobierno. Rafael Belaúnde Llosa había sido mencionado como posible responsable del área energética, pero finalmente fue destinado al Ministerio de Defensa, mientras que Shinno quedó al frente del organismo que regula la minería, la electricidad y los hidrocarburos.
El nombramiento coloca en el centro de la agenda a un directivo con amplia experiencia minera y antecedentes en instituciones eléctricas y regulatorias. Shinno fue viceministro de Minas, director general de Minería y gerente de Fiscalización Minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
También ocupó responsabilidades en la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte y en la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa. En el sector privado encabezó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Compañía Minera Apumayo.
Su llegada al Minem se produce en un momento decisivo. El sector espera que la nueva administración cierre la reglamentación de la Ley 32249 y defina cuándo comenzarán las licitaciones que permitirían a las tecnologías renovables competir por el suministro de los usuarios regulados.
Seguridad jurídica y menos permisos: las señales de Fujimori
Durante su primer mensaje a la Nación, Fujimori presentó la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones públicas como condiciones para recuperar la inversión nacional y extranjera.
La mandataria convocó al empresariado a apostar por Perú y planteó que el Estado debe ofrecer reglas claras y protección institucional. La orientación resulta relevante para una industria eléctrica que necesita horizontes de largo plazo, contratos bancables y procedimientos administrativos previsibles para financiar nuevas centrales y redes.
Fujimori juró que “cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú”, al asumir formalmente la Presidencia el 28 de julio de 2026.
El discurso también anticipó un proceso de desregulación y eliminación de cargas administrativas consideradas innecesarias. El objetivo será reducir los obstáculos que retrasan inversiones y modernizar los procedimientos estatales mediante una nueva institucionalidad digital.
La creación de una Autoridad Nacional Digital y la implementación de una identidad digital formarían parte de esa transformación. Para los desarrolladores renovables, el impacto dependerá de que estas medidas alcancen los trámites vinculados con concesiones, permisos ambientales, servidumbres, estudios de conexión y autorizaciones sectoriales.
En materia internacional, la nueva administración buscará fortalecer la relación con la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, además de atraer capital procedente de las economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y de países de Medio Oriente.
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El objetivo es posicionar a Perú como un nodo logístico y productivo, una estrategia que demandará mayor cobertura eléctrica, redes de transmisión robustas y disponibilidad de energía competitiva para acompañar nuevas actividades industriales.
El MINEM a través de Shinno deberá conducir una agenda que incluye la reglamentación de la Ley 32249, la incorporación de 3,6 GW de proyectos solares y eólicos y la posible reactivación de inversiones renovables estimadas en USD 12.000 millones.
El mercado ya cuenta con una amplia cartera renovable en desarrollo. Según datos de Osinergmin analizados durante la entrevista, existen 105 proyectos con estudios de preoperatividad aprobados, que en conjunto suman alrededor de 22 GW. De ese total, 13.778 MW corresponden a centrales solares fotovoltaicas y 8.243 MW a parques eólicos.
La nueva administración se propone aumentar la participación de las energías renovables no convencionales al 20% de la matriz eléctrica en 2031. De acuerdo con las cifras aportadas, estas tecnologías ya representarían cerca del 14%.
El programa de Fujimori también contempla alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 100%, con especial atención en las comunidades rurales, las zonas amazónicas y los territorios donde todavía existen limitaciones para acceder al suministro.
La propuesta también busca reducir la dependencia de derivados importados desde aproximadamente el 75% hasta el 50%, mediante una combinación de nueva capacidad renovable, producción nacional de hidrocarburos y expansión del gas natural.
En materia de fuentes limpias, el próximo Gobierno plantea construir una Agenda Nacional del Hidrógeno Verde con participación de organismos públicos, compañías privadas y entidades internacionales de cooperación. El desarrollo de esa industria exigirá establecer reglas para la producción, certificación, transporte y utilización del vector energético. También demandará infraestructura eléctrica, acceso competitivo a generación renovable y mecanismos de financiamiento.
Uno de los principales asuntos pendientes es la reglamentación de la Ley 32249, orientada a mejorar la eficiencia y la competencia dentro del mercado eléctrico peruano. La falta de una normativa operativa limita la estructuración de contratos y dificulta que los proyectos alcancen el cierre financiero. El próximo ministro también deberá enfrentar las consecuencias de la inestabilidad institucional. Perú atravesó más de ocho presidencias durante los últimos años, junto con numerosos cambios de ministros y viceministros que afectaron la continuidad de las políticas sectoriales.
El mensaje presidencial reconoció, además, el cambio climático y el fenómeno El Niño como amenazas capaces de destruir infraestructura y afectar la economía. El Gobierno buscará pasar de una respuesta posterior a los desastres hacia una política de prevención oportuna.
Esta orientación tendrá implicancias para el sistema eléctrico. Las redes, subestaciones y centrales deberán incorporar criterios de resiliencia frente a inundaciones, sequías, temperaturas extremas y otros eventos que pueden afectar tanto la oferta como la demanda.
La llegada de Shinno cierra la discusión sobre el nombre que conducirá el Ministerio, pero abre una etapa más exigente. El mercado espera conocer cuándo quedará operativa la Ley 32249, qué productos se licitarán, cómo participarán las renovables y qué expansión de redes acompañará las adjudicaciones.
Las primeras decisiones permitirán medir si las promesas presidenciales de seguridad jurídica, simplificación y atracción de capital se traducen en proyectos concretos. En ese proceso, las licitaciones eléctricas serán una de las pruebas iniciales para la política energética del Gobierno de Fujimori.