España habilitó una inversión adicional de hasta €17900 millones en redes eléctricas hasta 2030 para ampliar la capacidad de conexión de nuevas industrias, viviendas y sistemas de transporte electrificado. La medida busca evitar que la falta de infraestructura se convierta en un límite para el crecimiento de la demanda y la electrificación de la economía.
El nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros permitirá destinar hasta €10200 millones adicionales a las redes de distribución y otros €7700 millones al sistema de transporte. Sumados a los recursos ordinarios vinculados al PIB, el desembolso total podrá superar los €35000 millones hasta el final de la década.
La inversión extraordinaria seguirá una trayectoria creciente desde 2027. En distribución se habilitarán €1020 millones durante ese año, €2550 millones en 2028, €3060 millones en 2029 y €3570 millones en 2030.
En transporte, los montos adicionales alcanzarán €700 millones en 2027, €1850 millones en 2028, €2300 millones en 2029 y €2850 millones en 2030. Su ejecución dependerá de la Planificación de la red eléctrica con horizonte 2030 que finalmente apruebe el Gobierno.
Hasta ahora, las inversiones anuales financiadas por el sistema eléctrico estaban limitadas al 0,065% del PIB para transporte y al 0,13% para distribución. El Ejecutivo considera que esos topes ya no alcanzan para atender el volumen de solicitudes de acceso asociado a nuevas demandas.
La revisión se produce en un contexto marcado por la aparición de proyectos industriales intensivos en electricidad, centros de datos, instalaciones de almacenamiento, nuevos desarrollos residenciales, infraestructura de recarga y procesos productivos que buscan sustituir combustibles fósiles.
El incremento de los recursos no implicará, sin embargo, que las distribuidoras puedan destinarlos libremente. El decreto delimita las categorías en las que deberán concentrarse las inversiones adicionales y establece nuevas obligaciones para justificar su planificación y ejecución.
La prioridad será conectar demandas industriales y residenciales, además de proyectos vinculados con la descarbonización del transporte. Las empresas también podrán utilizar hasta un 20% de los fondos extraordinarios para control de tensión, telemando, telecontrol, observabilidad y ciberseguridad.
Estas herramientas permitirán mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de las redes, anticipar riesgos y gestionar un sistema eléctrico con una mayor participación de recursos distribuidos, nuevas cargas y flujos bidireccionales de energía.
Otro 20% podrá destinarse a inversiones anticipatorias. Se trata de infraestructuras que podrán construirse incluso cuando la demanda no esté asegurada durante los cinco años siguientes, siempre que permitan habilitar conexiones en zonas sin redes, con capacidad agotada o con potencial para atraer nuevos proyectos.
Este punto supone un cambio relevante frente a una planificación basada exclusivamente en solicitudes ya formalizadas. Las redes podrán adelantarse a la llegada de la demanda en áreas industriales o territorios donde la falta de capacidad impide actualmente desarrollar inversiones.
El decreto reserva además hasta un 10% para adaptar líneas eléctricas a la normativa de protección de la avifauna y otro 10% para mejorar la resiliencia frente a fenómenos naturales adversos y los efectos del cambio climático.
La regulación también permitirá que los gestores adquieran líneas privadas ya construidas, como determinadas infraestructuras utilizadas para evacuar generación, y las incorporen a la red. La alternativa podría evitar la duplicación de instalaciones cuando exista capacidad disponible en activos cercanos.
El Gobierno sostiene que la ampliación de las conexiones también permitirá distribuir los costes del sistema entre una base mayor de usuarios. Si la demanda crece, los costes totales de las redes podrían repartirse entre más consumidores y reducir la presión de los peajes sobre las facturas finales.
Además, el Ejecutivo atribuye a las inversiones un efecto tractor sobre la actividad económica. Los estudios citados por el Ministerio estiman que cada millón de euros destinado a redes puede generar €1,27 millones de Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 sobre el empleo.
Más control sobre las distribuidoras y sus inversiones
El nuevo marco no solo eleva el volumen de recursos, sino que modifica la forma en que las empresas distribuidoras deberán preparar y presentar sus planes de inversión.
Las compañías tendrán que someter sus propuestas a una consulta previa para que administraciones, industrias, promotores y otros agentes interesados en conectarse puedan formular observaciones. Los documentos serán públicos y deberán explicar cómo se consideraron las aportaciones recibidas.
La publicación permitirá que los potenciales usuarios conozcan con mayor precisión qué actuaciones prevén ejecutar las distribuidoras, en qué zonas se concentrarán y qué capacidad adicional podría habilitarse.
Las empresas también deberán elaborar informes públicos de cumplimiento una vez finalizado cada ejercicio. Tendrán un plazo de un mes para detallar el grado de ejecución de las obras comprometidas y justificar las posibles desviaciones.
El decreto incorpora un sistema de penalizaciones para aquellas distribuidoras que inviertan reiteradamente por debajo o por encima de los montos previstos. En esos casos, podrán reducirse sus límites de inversión durante los ejercicios posteriores.
La medida busca evitar que las compañías acumulen autorizaciones que luego no ejecutan, pero también que realicen desembolsos fuera de la planificación aprobada y reclamen posteriormente su reconocimiento con cargo al sistema eléctrico.
Con esta combinación de mayor inversión, planificación pública y control sobre el cumplimiento, España busca reducir la incertidumbre que enfrentan los proyectos a la hora de solicitar acceso a las redes.
El desafío será convertir los nuevos márgenes económicos en obras ejecutadas dentro de los plazos previstos. La disponibilidad de €17900 millones adicionales amplía la capacidad de respuesta, pero la conexión efectiva de nuevas demandas dependerá de la tramitación administrativa, la coordinación territorial y la velocidad con la que las empresas desarrollen las infraestructuras.
Las redes se consolidan así como una de las principales piezas de la transición energética española. Sin capacidad suficiente de transporte y distribución, la electrificación industrial, la movilidad eléctrica y el crecimiento de nuevos consumos pueden quedar condicionados, incluso cuando exista generación disponible para abastecerlos.