La Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) compartieron ayer, jueves 7 de mayo, un informe sobre el impacto que habría recibido el sector solar y eólico por las medidas del acuerdo «Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional».

Las asociaciones civiles de las renovables indicaron que aquella decisión, tomada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace),  desestabilizó a empresas del sector que mantienen inversiones en el mercado.

El relevamiento señaló que la medida afectó a 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación y a más 16 proyectos en construcción.

«Los proyectos representan 50% de la nueva capacidad que entraría en operación en 2020», indica el informe preliminar. Por lo que. podrían ser cifras aún mayores si no se retrotrae la medida en el corto plazo.

A partir de allí, se estima que se impactará negativamente a unos $6,400 millones de dólares en inversiones directas de estos proyectos ubicados en 18 Estados de la República.

Esto repercute también en la generación de empleo dentro de las entidades federativas con proyectos afectados. En toda la cadena de valor serían 29517 empleos en riesgo.

Empresarios consultados esta semana por Energía Estratégica advirtieron que el debido proceso para llegar a la publicación de este nuevo acuerdo no se habría respetado y por tanto, estaría incumpliendo a la Ley.

No se trataría del primer acuerdo que en esta administración de Gobierno se atenta a la competitividad de las energías renovables. Es preciso recordar que la cancelación de las subastas a largo plazo, también impulsada desde el CENACE, empezó a afectar inversiones del sector privado de las energías renovables, en este caso a empresas con proyectos que ya se habían presentado a la convocatoria.

Luego, los cambios de criterio en los Certificados de Energías Limpias -que, por lo pronto, están sin efecto hasta que se resuelva el amparo que solicitaron desde la iniciativa privada– podrían repercutir generando una sobreoferta de CEL y llevando hacia la baja el precio del certificado; por lo que, el mercado dejaría de cobrar sentido.

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