8 de mayo 2020

El Gobierno extendería obras de energías renovables por Covid19 mientras cobra multas a empresas demoradas en operación comercial

Se trata de una Resolución que publicaría la Secretaría de Energía para evitar el cobro de multas a firmas que demoraron la construcción exclusivamente como consecuencia de la pandemia.


La medida, en cabeza de Sergio Lanziani, el Secretario de Energía, está prevista que sea retroactiva al 12 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández declaró la emergencia sanitaria a través del Decreto 260/2020. Así confirman fuentes oficiales a Energía Estratégica.

¿Por cuánto tiempo se extendería la prórroga por COVID19? Todavía no hay una decisión política definitiva pero se calcula que durará lo que dure la pandemia. Se están analizando distintas propuestas.

Por otra parte, esta semana la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) siguió cobrando multas – de USD 1.388 por megavatio instalado y por día – a las compañías que se retrasaron en poner en marcha las plantas que actualmente están generando energía limpia.

Se trata de contratos que se firmaron en el marco de la Resolución 202 y bajo el Programa RenovAr, entre 2016 y 2019, que por distintos motivos demoraron su entrada en operación comercial.

Para tomar dimensión del impacto de las multas por empresa, cabe un ejemplo: seis meses de atraso en obras de un parque eólico de 100 MW representa algo así como 24.984.000 dólares.

En realidad, Cammesa lo hace bajo instrucción de la cartera de energía, tal como refleja una carta enviada por Lanziani a Esteban Kiper, el Gerente General de Cammesa, con fecha 15 de abril.

«Resulta pertinente establecer que el monto de las multas impuestas por CAMMESA con motivo de dicho incumplimiento, sea descontado de la suma que le corresponda percibir al Vendedor sancionado en virtud del Contrato suscripto, a partir de los tres (3) primeros meses de producida la multa por deficiencia, en seis (6) cuotas mensuales iguales y consecutivas sin interés», le informó.

La sanción económica recibida esta semana sorprendió a los privados, primero por implementarse en un contexto económico particularmente adverso, pero principalmente porque se aplicó directamente sobre el pago de la operación, sin notificación explícita previa.

“Es mucha plata y no nos avisaron”, criticaron desde un proyecto que enfrentó el cargo, conformado por capitales extranjeros.

Los parques solares eólicos y las centrales de bioenergías que aún no están en funcionamiento de igual modo recibirían las intimaciones.

El malestar de los empresarios

En el actual escenario, el cobro de cifras millonarias generó enojo en el sector empresario, dado que aún se discuten argumentos respecto a la legalidad de estas sanciones que, a decir verdad, fueron impuestas en los pliegos de licitación.

Así las cosas, cada parte esboza su punto de vista. Por un lado, la actual administración aduce que, aplicando las sanciones, solo respeta las condiciones consensuadas durante la gestión anterior.

Desde esta mirada, sus principales funcionarios no consideran motivos para brindar nuevas prórrogas a quiénes se demoraron en la operación comercial.

Además, entienden que de esa forma se empieza a liberar capacidad de transporte en alta tensión de contratos que, en parte, sospechan que fueron pensados para hacer negocios especulativos.

Sí algunas compañías lograron construir… ¿Por qué otras no? De acuerdo a cifras de Cammesa, actualmente existen instalados 3.152 MW de potencia renovable, considerando todas las tecnologías, justifican su posición.

Los privados, por su parte, cuestionan que luego de lanzarse las subastas de renovables cambiaron las reglas de juego radicalmente en el país, impidiendo el cierre financiero de los proyectos.

Ubican como principio del problema el primer cuatrimestre de 2018, apenas dos años después de la gestación de la era Mauricio Macri, precisamente pasando abril, cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras ese episodio, aseguran que se empezó a restringir y encarecer el mercado de capitales, dejando al desnudo la fragilidad de la macroeconomía argentina.

Año y medio más tarde, hacia finales de 2019, se terminó definitivamente el juego de seducción a los bancos tras el establecimiento del cepo al dólar, medida que, además frenó el desembolso de fondos por parte de los organismos financieros internacionales, afectando las obras de los parques que estaban efectivamente en construcción.

Las tasas de financiamiento de hasta 15% ya no tenían relación con precios de 40 USD/MWh que se ofertaron en la Ronda 2 del Programa RenovAr.

Sumando argumentos, los propietarios de proyectos cuestionan que el Estado incumplió en la reglamentación de beneficios fiscales que estaban planteados en las subastas, por ejemplo, con respecto a la devolución anticipada del IVA, que para algunas firmas su demora significó pérdidas próximas a los 20 millones de dólares.

De hecho, todavía no se encontró el responsable directo para reemplazar a Maximiliano Bruno, encargado de la cuestión impositiva en la cartera de renovables.

Por estos motivos, compañías de todos los tamaños han presentado recursos de Fuerza Mayor para exigir a las autoridades que no se cobren las multas por retraso en los plazos de construcción.

Antes de esta instancia, solicitaron al Gobierno que lance una Resolución para extender la entrada en operación comercial de las centrales, con el objetivo de  ganar tiempo en la búsqueda de financiamiento. Lo hicieron por distintos caminos, tanto a través de las cámaras empresarias como en forma individual.

En algunos casos, los recursos de fuerza mayor fueron rechazados durante la gestión de Sebastián Kind, ex Subsecretario de Energías Renovables durante el Gobierno anterior.

Otras presentaciones continúan sin resolución bajo expedientes que descansan en el área legal de la Secretaría de Energía.

Los empresarios con mayor espalda fueron más lejos y apostaron por defender su postura en un escenario de arbitraje internacional.

A la fecha no se conocen sentencias, por tanto, tampoco antecedentes o «jurisprudencia» en la materia. Pero cabe aclarar que no son pocos los que piensan avanzar por esta línea.

Como dato de color, las multas molestaron más todavía a los industriales cuándo se conoció el establecimiento de un barril de crudo «criollo» en USD 45 para subsidiar a las compañías petroleras.

La idea que debaten los países desarrollados de avanzar hacia una salida verde a la crisis del COVID19, no llegó a la Argentina.

Matías Kulfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, tiene una mirada afín a las renovables, pero todavía no entró en acción con planes específicos, quizás golpeado por las demandas de gestión que demanda el COVID19.

En estas aguas toca nadar al neuquino Guillermo Martín, el nuevo Director Nacional de Energías Renovables de la Nación, oficializado en su cargo recién el 15 de abril.

Andrea Polizzotto Bacur, que hasta ese día defendía su puesto, ahora ocupa una silla en el directorio de Transener.

1 Comentario

  1. Jerónimo

    Obviamente, la nota está basada en comentarios y no en el análisis de la documentación a la cual se hace referencia. En particular, la instrucción de la Secretaría de Energía hace alusión a un incumplimiento de la energía comprometida entregar anualmente por cada central de generación de energía renovable (en este caso ya habilitada comercialmente para operar) y no tiene que ver con la multa aplicable por el incumplimiento de alcanzar la habilitación comercial de la central en la fecha comprometida para ello y que fue uno de los elementos considerados como elemento de evaluación de la correspondiente oferta.
    Es de destacar que las empresas no necesitan que alguien les avise que han incumplido con su propio compromiso, ya que las mismas cuentan con toda la información necesaria y suficiente para saberlo, así como también que los contratos no establecen que se efectúe la comunicación que las mismas estarían reclamando. En relación a esto último, ello demuestra la falta de atención y dedicación que las mismas tienen para con una actividad fundamental para la prestación del servicio público de electricidad, indicando también ello que no contarían con el suficiente plantel profesional abocado a la generación de energía eléctrica y que pueda prever situaciones como las que se están presentando en la actualidad.
    Por otro lado, la mención a las dificultades para obtener el financiamiento de los proyectos, habiéndose realizado las rondas RenovAr (Rondas 1 y 2 principalmente) durante 2016 y 2017, habiendo dispuesto de plazos para suscribir los contratos de abastecimiento después de se conocerse su adjudicación mayores a los 9/12 meses, además de los establecidos en los propios contratos, ha llevado que muchos de los contratos de la Ronda 2 se concretaran a fines del 2018 y principios del 2019. Agregado a lo anterior, para la Ronda 3, realizada durante el año 2018, se firmaron los contratos a finales del 2019 y muchos proyectos no llegaron a suscribirlos por haberse superado el plazo estipulado para ello, Al respecto, la Secretaría de Energía ha prorrogado dicho lapso de tiempo hasta junio de 2020, agregando tiempo para que las empresas interesadas pudieran presentar la documentación que las mismas se comprometieran para la firma de dichos contratos.
    Dado lo anterior, la situación macroeconómica de los años 2018 y 2019 no serían situaciones que no se conocían al momento de haber rubricado los correspondientes contratos, por lo que las empresas argumenten tales situaciones como imprevistas, muestra una vez más que no tenían siquiera cerrado preventivamente el financiamiento requerido para la construcción de las centrales, especularon con el argumento de las plantear como caso fortuito o fuerza mayor tal situación macroeconómica, conocida al momento de firmar los contratos y reclamando se reconocimiento mucho tiempo después de que, llegado el caso, ello los hubiere afectado. La decisión de firmar los contratos ha sido pura y exclusivamente de los actores privados y, llegada la situación de emergencia, debería haberse invocado la misma para no suscribir tales contratos sin el costo asociado de la garantía de oferta. Vale destacar que ninguna empresa ha desistido de firmar tales contratos, salvo inconvenientes con la obtención de la documentación requerida para hacerlo

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