A fin de mes, dejarán de trabajar en Atucha II 1800 obreros y es todavía incierto el curso que tomará el proyecto de construir otra planta, que inicialmente iba a llamarse Atucha III. Ayer, como la semana pasada, los reclamos de los gremios se expandieron y advirtieron que la situación se agudizará si no hay una señal clara desde el Gobierno.

Tras una transición desprolija y sin intercambio de información, la gestión macrista tomará recién mañana posesión de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la operadora de Atucha. Asumirá como presidente el ingeniero Omar Semoloni. Reemplazará a José Luis Antúnez y a su directorio, quienes renunciaron el jueves pasado en rechazo a los despidos y al bajo presupuesto asignado ($ 4800 millones), según argumentaron. El presupuesto al que hizo mención Antúnez fue asignado por el gobierno de Cristina Kirchner, en 2015.

Antúnez y el resto de integrantes de la vieja cúpula de NA-SA respondían históricamente al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Nostálgico, el ahora diputado nacional no logra aún despegarse de su sueño de la autonomía energética y del gran plan nuclear. Tuvo hace tres semanas un divertido cruce epistolar con una diputada provincial de Cambiemos a través de solicitadas publicadas en el diario La Voz de Zárate. A página completa y con errores ortográficos, De Vido defendió la política de inversiones de la gestión kirchnerista y reivindicó el acuerdo con China por el proyecto de Atucha III.

El mensaje de De Vido se publicó un día después de la solicitada de la legisladora Sandra París, que informó que los despidos corrían por cuenta de las empresas contratistas y no por el Estado.

La misma postura tomó el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano. «El 31 de marzo vencen los contratos de las 11 empresas constructoras que están en la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares. Es un conflicto entre privados. NA-SA no despidió a nadie y no paralizó obras«, dijo Gadano, que responde al ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Por el conflicto en Atucha, el gremio de los obreros de la Uocra cortó ayer la ruta N° 14 y amenaza con extender las protestas. La Uocra perderá a fin de mes a 1200 afiliados, pero podrían ser más si se confirma la baja de Atucha III. Las empresas Vialco SA y Masoero y Asociados informaron hace dos semanas la finalización de los contratos de 600 personas afiliadas a la Unión de Empleados de la Construcción (Uecara), otro gremio con influencia en las centrales.

Anoche, la jefatura nacional de la Uocra definía un comunicado con duras críticas contra Aranguren. El gremio que lidera Gerardo Martínez le exigirá al ministro que informe su plan energético y pedirá revisar la decisión de no avanzar en el proyecto de Atucha III. «Si no se hace, los despidos serán más de 2500. Además, se están por paralizar las obras de las rutas 6, 8 y 9 y de la reparación de vías de la línea Mitre a Rosario«, dijo Ariel Puebla, dirigente de la Uocra en Zárate.

El entramado alrededor de Atucha incluye a otros dos gremios que aún no entraron en conflicto: Luz y Fuerza y la Federación de Gas y Energía -liderado por Oscar Mangone, un dirigente con muy buen vínculo con Aranguren y con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca-.

Desde el municipio de Zárate, a cargo de Osvaldo Cáffaro (FPV), se evalúa una salida transitoria: invertir dinero en materiales para que los obreros que serán cesanteados construyan obras para el municipio. La iniciativa difícilmente prospere: los sueldos deberían seguir a cargo de las empresas contratistas que están en Atucha. Cáffaro fue un aliado incondicional de De Vido.

La semana próxima los gremios activarán una «mega asamblea» y bloquearían la ruta N°9, uno de los principales accesos a la Capital. Mientras, el Gobierno evalúa la letra chica de los acuerdos que se trazaron con China, cuyos avances, hasta ahora, se desconocen.

Fuente: La Nación.