Para esta primera entrega me valgo de una publicación que acaba de hacer la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la distribuidora de energía estatal que integra el Grupo ICE,  en el sentido que suscribió un acuerdo con la empresa Panasonic (ver https://www.google.com/search?q=cnfl+acuerdo+panasonic&oq=cnfl+acuerdo+panasonic&aqs=chrome..69i57.4310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) que involucra la instalación y administración de 400 paneles solares por la suma de USD$100,000.00.  El contrato tiene un plazo de 13 años.

Vino a mi mente el tema de la sana competencia en un mercado abierto. Si bien es cierto la generación, transmisión y distribución de energía en Costa Rica es un monopolio estatal en manos del Grupo ICE (salvo algunos territorios a cargo de cooperativas de generación rurales y dos empresas municipales) la generación distribuida y la venta e instalación de los equipos no están dentro de ese monopolio.

Quiere decir que la CNFL compite en un mercado abierto; sin embargo, en materia de generación distribuida, a la CNFL le corresponde otorgar los permisos y realizar los estudios correspondientes para que empresas que están en el negocio de la G.D., puedan instalar los equipos para sus clientes.

Él Decreto Ejecutivo Nº 39220-MINAE; Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla establece en su artículo 10 que la “(…) empresa distribuidora tiene la obligación de realizar los estudios técnicos para determinar la capacidad máxima de potencia que se puede agregar a cada circuito.”, luego, el artículo 19 establece la obligación del prosumidor que, previo “(…) instalar el sistema de generación distribuida para autoconsumo deberá obtener la autorización por parte de la empresa distribuidora para su instalación (…)” y además “(…) cumplir con los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento establecido por la empresa distribuidora.”

El conflicto de intereses es bastante evidente. Al no ser una actividad regulada por ley, ni tampoco un monopolio de alguna naturaleza, no existe impedimento alguno para que las distribuidoras puedan también incurrir en el negocio de la generación distribuida (aunque tengo dudas que la CNFL pueda hacerlo por ser una entidad estatal sujeta al principio de legalidad pero ese es otro tema).  Quiere decir que las empresas, que ostentan la facultad de otorgar o denegar permisos para que se instalen sistemas de generación distribuida en sus redes, compiten por clientes con otras empresas que suministran estos equipos.

Me ha tocado escuchar las críticas de varias de estas empresas, que algunas distribuidoras se toman su tiempo para otorgar los permisos correspondientes e incluso que existe una seria inseguridad jurídica respecto de la forma en que se aplican los requisitos.  De hecho, si vemos el reglamento, cada distribuidora no solo pide los requisitos establecidos en normas técnicas desarrolladas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, también puede exigir requisitos propios. Sé por contacto directo que tuve con el caso en particular, a una empresa la CNFL tardó más de mes y medio en otorgarle una viabilidad.

Como lo he indicado en otras entregas, las distribuidoras sienten la amenaza de la generación distribuida, particularmente la estatal, por cuanto sus abonados cada vez más están reduciendo su facturación mientras que la empresa estatal de energía y distribución está dedicada al repago de empréstitos importantes con los cuales construyeron proyectos de generación.

El caldo de cultivo para incurrir en una competencia desleal está ahí.  No estoy en contra de una competencia sana, sin embargo el que los entes encargados de otorgar permisos también participen del negocio es un riesgo importante que las empresas dedicadas al suministro de sistemas de G.D.

Este es un tema que se sale de la entidad rectora (el Ministerio del Ambiente y Energía) para entrar más dentro de la esfera de competencia de la Comisión de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio la cual y no dudo que, tarde que temprano, pronto tendrá que determinar, ante una queja interpuesta por alguna empresa, si alguna distribuidora incurrió en, por ejemplo, una práctica monopolística relativa, definida como “(…)los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas,…” (Art. 12 Ley 7472)

Mi recomendación para ambas partes: las distribuidoras deben de evitar caer en la tentación de querer acaparar el mercado e instruir a sus funcionarios que no deben incurrir en conductas que puedan calificarse como un intento de crear un monopolio con la intención de sacar competencia en el mercado. Principalmente el flanco más evidente por donde podría ingresar una queja en su contra (que conlleva multas importantes) es el que se dediquen a retrasar injustificadamente el otorgamiento de permisos o bien fijen requisitos innecesarios o sin justificación técnica.

Para los empresarios dedicados a la G.D. en caso que sospechen de una práctica monopolística, documenten el caso.  No solo es presentarse a la comisión e indicar que tal o cual distribuidora incurrió en la práctica; es su obligación presentar la prueba correspondiente ya que sin ella, la queja no va a prosperar.

La G.D. está causando una disrupción en Costa Rica y eso las distribuidoras ya lo han entendido, queda ahora ver cuál será la dinámica entre las partes, si de compartir el mercado y colaborar para que la industria avance, o una guerra frontal.