La nota que tuvo acceso exclusivo Energía Estratégica (Descargar nota completa)  tiene como fecha el martes 26 de junio de este año. Y fue realizada con el objetivo de informar sobre los alcances del Decreto Reglamentario respecto del articulado de la Ley 27.424.

¿Cómo deben técnicamente ser las conexiones? ¿Cómo será la relación entre las distribuidoras y los prosumidores? ¿Está definido el esquema de facturación? ¿Cómo se van a repartir los fondos entre las provincias? ¿Qué medidor será necesario utilizar? ¿Qué rol tiene la Autoridad de Aplicación? Estas y otras preguntas analiza Morrone en su informe que giró a distintas secretarías involucradas.

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(Descargar ANEXO borrador del Decreto)

“Me dirijo a usted en las presentes actuaciones, por las que tramita un proyecto de decreto reglamentario a ser suscripto por el Sr. Presidente de la República Argentina y los Sres. Ministros de Energía, de Hacienda y de Producción, por el que se propicia la reglamentación de la Ley Nacional N° 27.424”, introduce Morrone a Kind.

La nota completa

  • Síntesis y análisis de la medida en trámite

A continuación se hace referencia a los capítulos de la ley con sus respectivos artículos reglamentarios. Los artículos en la ley se corresponden en igual orden con los del Anexo I que acompaña al decreto reglamentario.

El Capítulo I de la Ley N° 27.424 establece las disposiciones generales, a saber: su objeto, el cual es fijar las políticas y condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de los usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red.

A la vez, se establece la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección asegurando el libre acceso a la red. El decreto complementa lo anterior y, como consecuencia de ello, entre otras cuestiones, determina la obligación de compra de la energía inyectada por parte de los prestadores del servicio público de distribución, los que deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la ley manteniendo la integridad de la red y la adecuada calidad de la prestación. Además, se declara de interés nacional la generación distribuida a partir de fuentes renovables.

El artículo 4° establece el derecho de los usuarios de la red de distribución a instalar equipamiento para la generación distribuida de fuentes renovables hasta una potencia equivalente a la que tienen contratada con el distribuidor. Además determina que los usuarios deberán solicitar aumento de la potencia únicamente en los casos que deseen conectar equipos de generación distribuida por una potencia mayor a la que tienen contratada. El decreto refuerza estos conceptos y especifica la situación de aquellos usuarios que no posean una potencia contratada definida.

En el artículo 5° se establece el derecho a los usuarios-generadores a generar energía eléctrica a partir de energías renovables para autoconsumo e inyección de excedentes en cumplimiento con los requisitos técnicos a establecer por la Autoridad de Aplicación. El decreto establece que la Autoridad de Aplicación fijará los requisitos técnicos que se deberán cumplir.

El artículo 6° fija que la Autoridad de Aplicación podrá determinar categorías de usuario generador a los fines de establecer requerimientos acordes en cada caso, el decreto complementa lo anterior determinando que las mismas podrán fijarse teniendo en cuenta parámetros técnicos, de tipo de usuario y potencia contratada.

El Capítulo II regula lo relativo al procedimiento de Autorización de Conexión. En la ley, se establece que la autorización será solicitada por el usuario-generador al distribuidor, que esta deberá formalizarse dentro de los plazos previstos en cada jurisdicción para la instalación de medidores, que una vez aprobada la evaluación técnica se suscribirá un contrato de generación eléctrica bajo la modalidad distribuida.

El decreto complementa el texto de la ley estableciendo que dicha autorización deberá seguir los procedimientos y requisitos que la Autoridad de Aplicación establezca para tal fin, que a fin de ajustarse a los requerimientos técnicos y de seguridad, deberá contemplar un análisis de viabilidad de conexión, una verificación de la instalación realizada, la celebración del contrato, la instalación del Equipo de Medición bidireccional y conexión a la red de distribución.

Además, en el artículo 9° del decreto se establece que la instalación de Equipos de Generación Distribuida deberá ser llevada a cabo por instaladores calificados que reúnan los requisitos que determine la Autoridad de Aplicación.

Por su parte, el artículo 11 del decreto establece que, una vez celebrado el contrato de generación eléctrica, la Autoridad de Aplicación emitirá un Certificado de Usuario-Generador.

El Capítulo III trata sobre el esquema de facturación. En el artículo 12 de la ley se determina que el distribuidor efectuará el cálculo de compensación y la administración por la remuneración de la energía inyectada a la red. Asimismo, se fija la tarifa de inyección, y modalidad en que el distribuidor deberá reflejarla en la facturación. Se faculta también a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a dictar normas complementarias para instrumentar los aspectos impositivos, sin perjuicio de la eximición contenida en el art. 12 bis que más adelante se trata.

Por otro lado, se establece que en caso de acumulación de créditos, los usuarios-generadores podrán solicitar la retribución de los mismos. Se delega en la Autoridad de Aplicación la determinación de mecanismos para cesión o transferencia de dichos créditos. Se establece que el distribuidor no podrá añadir ningún tipo de cargo adicional por mantenimiento de red, peaje de acceso, respaldo eléctrico o cualquier otro concepto asociado a la instalación de equipos de generación distribuida.

El decreto reglamentario, perfecciona el artículo especificando que la lectura por la inyección se realizará conjuntamente con la lectura de demanda de energía. Asimismo, para aquellos usuarios cuyas tarifas sean discriminadas por segmentos horarios, se determina que el mecanismo para el reconocimiento y pago de la inyección se efectuará de idéntica forma.

Por otro lado, regula el inc d), estableciendo que el crédito a favor que se genere por aplicación del sistema compensatorio establecido será imputado automáticamente en la facturación del período siguiente.

Adicionalmente, en el caso de persistir dicho crédito, se faculta al usuario-generador a solicitar la retribución del saldo favorable o la transferencia de los créditos en la oportunidad, forma y modalidad de pago que la Autoridad de Aplicación determine. En el artículo 12 bis, se exime de impuesto a las ganancias e impuesto de valor agregado (IVA) a la inyección de excedentes por parte de los Usuarios-Generadores, sólo en los casos en que cuenten con hasta 300 kW de potencia contratada. El decreto complementa el artículo estableciendo que dichas exenciones corren a partir de la fecha de conexión del medidor bidireccional. Se delega a la AFIP a dictar las normas a fin de cumplimentar lo dispuesto.

El Capítulo IV trata las funciones y atribuciones de la Autoridad de Aplicación. El decreto reglamentario determina que la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Energía de la Nación, y que podrá delegar el ejercicio de sus competencias a una dependencia de rango no inferior a Subsecretaría. El artículo 15 de la ley indica que las normas técnicas que establezca la Autoridad de Aplicación regirán en todo el territorio nacional y que las disposiciones jurisdiccionales no podrán alterar el Sistema Interconectado Nacional ni el Mercado Eléctrico Mayorista.

El decreto adiciona que lo antedicho será de conformidad a la Ley N° 24.065 (Régimen de la Energía Eléctrica).

En el Capítulo V se crea el fondo fiduciario público denominado Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS). En el artículo 16 del decreto se indica adicionalmente que la Autoridad de Aplicación podrá establecer por el plazo que estime oportuno, mecanismos de reserva de asignación de fondos para los usuarios de las diferentes jurisdicciones que adhieran a la ley.

El artículo 17 de la ley establece el objeto del fondo el cual es aplicar los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, realización de aportes de capital y otros instrumentos financieros, todos ellos destinados a la implementación de generación distribuida de fuentes renovables. En el decreto se regulan los pormenores de la norma, estableciendo que la aplicación de los bienes fideicomitidos regirá según lo establecido en los artículos 21 y 27 de la ley. Asimismo, determina que los beneficios podrán ser otorgados directa o indirectamente a los Beneficiarios FODIS. Sobre el mismo artículo, el decreto reglamentario precisa que se podrán otorgar garantías o avales a favor de Beneficiarios FODIS o terceros tales como proveedores de equipamiento y/o proveedores de servicios y/o empresas de instalación de equipamiento de generación de energía de fuente renovables y/o proveedores de capital o financiamiento.

Por su lado, indica que pueden otorgarse préstamos y financiamiento por las modalidades admitidas por la legislación aplicable, enumerando de forma enunciativa a modalidades tales como: adquisición de títulos, bonos, obligaciones negociables, certificados de deuda o participación en fideicomisos y/o cualquier otro mecanismo en concordancia con lo establecido en el artículo 21 de la reglamentación.

El artículo 18 de la ley, designa al Estado nacional, a través de la Autoridad de Aplicación, como fiduciante y fideicomisario del Fondo, y al banco público seleccionado por el fiduciante como fiduciario. Además, se establece que son beneficiarias las personas humanas domiciliadas en Argentina y las jurídicas registradas en el país. Por su lado, el decreto define a los Beneficiarios FODIS y determina que las características que habrán de ostentar serán establecidas en el Contrato de Fideicomiso.

Adicionalmente prescribe que los beneficiarios accederán a los beneficios promocionales siempre y cuando se verifiquen las condiciones técnicas, de seguridad, certificación de equipos que establezca la Autoridad de Aplicación.

El artículo 19 de la ley se establece que el FODIS estará constituido por una serie de bienes fideicomitidos enumerados en incisos a) a e), dentro de los que se incluyen aquellos recursos provenientes del presupuesto nacional.

Sobre estos bienes fideicomitidos, determina que para el primer año de entrada en vigencia la ley se destinarán pesos quinientos millones ($500.000.000) al FODIS. Luego, a partir del segundo año, el cupo total de asignación presupuestaria deberá incluir los montos que fueran otorgados en el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos aprobados y en ejecución. En el decreto se detalla que los recursos podrán depositarse en distintas cuentas fiduciarias que se abrirán conforme los objetivos a cumplir. Además, se regulan pormenores de los incisos del artículo y se establece que de los recursos provenientes del presupuesto nacional antes indicados, deberán destinarse al FODIS para el ejercicio presupuestario 2018 doscientos cincuenta millones pesos ($250.000.000) y para el ejercicio presupuestario 2019 los restantes pesos doscientos cincuenta millones ($250.000.000).

Se establece también que, con anterioridad al 30 de junio de cada año, la Autoridad de Aplicación deberá comunicar al Ministerio de Hacienda los recursos estimados a destinar para el año siguiente al FODIS, a los efectos de su consideración en la Ley de Presupuesto correspondiente. Asimismo, para el cálculo de los montos necesarios, se determina que la Autoridad de Aplicación utilizará la información de incorporación de generación distribuida y su correspondiente ahorro en combustibles fósiles.

El artículo 20 de la ley dispone que durante la vigencia del FODIS el fondo podrá ser estructurado mediante distintos fideicomisos públicos y que los bienes fideicomitidos que integren dichos fideicomisos, no podrán aplicarse al pago de obligaciones distintas a las previstas. En el decreto, se precisa que el FODIS o cualquiera de los fideicomisos que se constituyan podrán conformar un Consejo u órgano consultivo con fines específicos o suscribir acuerdos de cooperación o asesoramiento para fines determinados para un mejor desempeño del FODIS y el cumplimiento de su objeto.

El artículo 21 trata en sus incisos a) a d), los instrumentos que podrá implementar el FODIS. El decreto especifica que los préstamos o mecanismos que directa o indirectamente impliquen otorgar financiamiento para la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovables estarán en línea con lo previsto en el apartado v) del artículo 17 de la reglamentación. De igual modo, se establece que las bonificaciones o subsidios de tasa de interés de créditos podrán realizarse directamente a los Beneficiarios FODIS o indirectamente a través de acuerdos con entidades financieras u otros proveedores de financiamiento.

En el artículo 23 de la ley, se faculta a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas que resulten pertinentes para la administración del Fondo, para aplicar las sanciones que correspondan y reemplazar al fiduciario. El decreto establece que el contrato o los contratos que se estructuren en el marco del FODIS establecerán los procesos de renuncia, reemplazo y remoción del Fiduciario, fijando como pautas que dichos procesos deberán seguir, al resguardo de los bienes fideicomitidos y el cumplimiento del objeto de los fideicomisos. El decreto delega al Ministerio de Energía la suscripción del contrato de fideicomiso con el banco público seleccionado, como así a los fideicomisos públicos en el marco del artículo 20 de la ley.

En el capítulo VI, se establecen los beneficios promocionales que podrán ser otorgados como modalidad de fomento del régimen. En el artículo 25 de la ley, se establece que el otorgamiento de incentivos y/o beneficios a fin de promocionar la generación distribuida se encontrará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y sus reglamentaciones por parte de los solicitantes. Sobre este artículo, el decreto precisa quienes podrán ser los destinatarios de los beneficios promocionales, determinando que estos estarán disponibles para los usuarios-generadores de las jurisdicciones que hubieran adherido íntegramente al régimen de la ley y sus reglamentaciones.

El artículo 26 dispone que el beneficio promocional de bonificación sobre el costo de capital será establecido en función de la potencia a instalar, de acuerdo a lo que la reglamentación establezca. Por otro lado, establece que al menos un tercio de los montos afectados al otorgamiento de este tipo de beneficios promocionales deberán ser destinados a viviendas de tipo unifamiliar. El decreto complementa el beneficio estableciendo que su otorgamiento podrá otorgarse directa o indirectamente a los usuarios generadores y de forma anual, plurianual, consolidado o según lo establezca la Autoridad de Aplicación.

El artículo 27 de la ley instrumenta el beneficio promocional de precio adicional de incentivo respecto de la energía generada a partir de fuentes renovables por tiempo limitado y en base a los costos evitados para el sistema eléctrico en su conjunto, cuyo precio de incentivo será fijado de manera proporcional para todos los aportantes al sistema conforme la energía generada y no podrá afectar en más de un veinte por ciento (20%) los recursos del Fondo. El decreto define que dicho precio adicional podrá ser otorgado de forma anual, plurianual o consolidada y conforma a las condiciones y valores que la Autoridad de Aplicación establezca.

El artículo 28 de la ley prevé la posibilidad de instrumentar como beneficio promocional un certificado de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado, impuestos internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos), detallando que serán nominativos e intransferibles. A su vez, el mismo artículo establece un cupo fiscal de doscientos millones ($200.000.000) para ser asignado.

El decreto determina que será la Autoridad de Aplicación quien establecerá el procedimiento para solicitar el certificado de crédito fiscal, y que ésta, junto con AFIP (cada una en el marco de sus competencias), regularán las formas y condiciones de su emisión y utilización. Allí mismo se precisa que el certificado de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros o de su actuación como agentes de retención o percepción. Tampoco permite su utilización para cancelar gravámenes con destino al financiamiento de fondos con afectación específica ni deudas correspondientes al Sistema de Seguridad Social.

Se define que la determinación del monto del certificado de crédito fiscal será efectuado por la Autoridad de Aplicación, en función de una serie de criterios objetivos, dentro de los que de forma enunciativa se enumeran a la potencia instalada, el desplazamiento de combustible fósil, la vida útil del sistema de generación distribuida. El decreto define que este beneficio promocional podrá ser otorgado en forma anual, plurianual o según lo establezca la Autoridad de Aplicación.

Por último, el decreto establece que el beneficio procederá en relación con los montos facturados al Usuario-Generador por la adquisición de un sistema de generación distribuida y no podrá aplicarse sobre montos que hubieran sido objeto de otro tipo de beneficio en los términos de la Ley N ° 27.424.

A través del artículo 29 se establece el beneficio diferencial por adquisición de equipamiento de fabricación nacional, siempre que aquellos cumplan con los requisitos de integración de valor agregado nacional que establezca la reglamentación. Por su lado, el mismo artículo establece que el monto de beneficios que se acuerden se determinarán tomando como base el porcentaje de valor agregado nacional y serán como mínimo un veinte por ciento (20%) superior a lo establecido mediante el régimen general.

El decreto, a su vez, complementa el artículo determinando que la Autoridad de Aplicación está facultada a dictar conjuntamente con el Ministerio de Producción las normas tendientes para definir los requisitos de integración de valor agregado nacional como también determinar el listado y registro de equipos y partes homologados que cumplan con dichos requisitos.

En el artículo 30, se establece que los beneficios promocionales podrán otorgarse durante la vigencia del régimen de promoción, que la ley establece por una duración de doce años a contar a partir de la reglamentación, prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo nacional.

En el artículo 31 de la ley se excluyen del régimen de promoción a las personas que se encuentren en situaciones de quiebra, querellados o denunciados penalmente por la AFIP o la ex Secretaría de Hacienda, denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias o la de terceros, las personas jurídicas en las que sus socios, administradores, directores o quienes ocupen cargos equivalentes hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros.

El decreto reglamentario precisa que quienes soliciten acogerse al régimen de fomento instaurado, deberán declarar bajo juramento que no se encuentran comprendidos en ninguna de estas causales impeditivas, facultando a la Autoridad de Aplicación a suspender y/o revocar los beneficios, instrumentos e incentivos otorgados, como también solicitar su restitución, de acuerdo a los procedimientos que a tales efectos se establezcan.

El capítulo VII trata sobre el régimen de fomento de la industria nacional para la fabricación de sistemas, equipos e insumos para la generación distribuida a partir de fuentes renovables (FANSIGED). La Autoridad de Aplicación en todo lo concerniente en este capítulo es el Ministerio de Producción tal como lo establece el artículo 32 del decreto.

El artículo 33 de la ley establece las actividades comprendidas en el FANSIGED, y el decreto las complementa determinando que el Ministerio de Producción establecerá los criterios de elegibilidad de las actividades comprendidas.

Por el artículo 34, la ley lista los instrumentos, incentivos y beneficios integrantes del FANSIGED (incisos a) a e). En el decreto se explicita que será el Ministerio de Producción el que determinará los criterios, procedimientos, y normas complementarias para la solicitud y aplicación a los mismos.

Luego en el artículo 35 de la ley se precisa que las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la República Argentina podrán adherir al régimen de fomento de la industria nacional, excluyendo expresamente a las medianas empresas tramo dos según la ley 25.300 y sus modificatorias; y las personas jurídicas, constituidas conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en proporción superior al veinticinco por ciento (25%), sea de titularidad de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, de aquellos beneficios previstos de los incs. a), b), y c) del artículo 34.

En el decreto se define que quienes deseen adherir al FANSIGED deberán contar con el Certificado PyMe obtenido de acuerdo con los procedimientos previstos por la autoridad competente.

A través del artículo 36 de la ley, se establece para el ejercicio fiscal en que la ley entre en vigencia, un cupo fiscal de doscientos millones pesos ($200.000.000) para la asignación de beneficios para el fomento de la industria nacional. A través del artículo 36 del decreto se determina que será el Ministerio de Producción quien fijará los requisitos y procedimientos para la asignación del cupo mediante certificados de crédito fiscal.

Por último, el artículo 37 de la ley exige que los beneficios serán otorgados bajo aprobación de estándares de seguridad y calidad establecidos en la ley y que el incumplimiento de dicha condición dará lugar a pérdida del beneficio y restitución del mismo. El decreto establece en su artículo 37 que el Ministerio de Producción será quien determinará cuáles serán los requerimientos de seguridad y calidad a cumplir para el otorgamiento.

El artículo 38, contenido en el Capítulo VIII de la ley establece el régimen sancionatorio respecto de los incumplimientos por parte del distribuidor relativos a los plazos establecidos en las solicitudes de información y autorización, así como los plazos de instalación de medidor y conexión. Delega en el ente regulador jurisdiccional el establecimiento de las sanciones y compensaciones a favor del usuariogenerador. El decreto adiciona que las mismas deberán ser debidamente publicadas por cada ente regulador jurisdiccional. El Capítulo IX incluye algunas disposiciones complementarias de carácter formal, las cuales no requieren de mayores aclaraciones mediante el decreto reglamentario. 3.

Conclusión de Morrone

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, esta Dirección Nacional recomienda el dictado de la medida en trámite, por resultar necesaria para la plena aplicación de lo establecido en la Ley N° 27.424