República Dominicana tiene una potencia eléctrica instalada de 4,507 MW, conformada en un 76% por fuentes tradicionales de generación – carbón, gas natural, diésel y fuel oil – y un 24% por no convencionales que significan 1050 MW, entre las distintas tecnologías: eólica, solar, biomasa y mini-hidroeléctrica.

La economía viene aumentando a buen ritmo y en forma sostenida, al punto que la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) ubica al país primero en las proyecciones de crecimiento para la región en 2020, estimando un 4.7% de incremento.

En este escenario de aumento de la demanda de energía eléctrica, el Ministro de Energía, Isa Conde, explicó en una entrevista exclusiva para Energía Estratégica que “se determinó que el país necesita incorporar 250 MW al año durante los próximos cuatro años”.

Estas nuevas plantas serían el resultado de licitaciones a cargo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), consorcio que administra a las empresas del sector energético donde el estado dominicano es propietario o socio mayoritario. También es el órgano regulador de la generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica en República Dominicana.

Si bien Isa Conde aclaró que el plan de inclusión de renovables “va a depender del progreso de las redes de transmisión” aclara que podrían aprovecharse otras zonas de la isla “si una empresa que quiera invertir está en condiciones de asumir los costos que conlleva la transmisión de energía”.

Siguiendo la idea, sintetizó: “Son 1.000 MW en cuatro años, pero el programa puede ser modificado, antes o después, dependiendo de cómo marche el desarrollo de las redes de transmisión”.

El límite está dado por la seguridad y absorción que presenta el sistema interconectado. «Anteriormente el crecimiento de la generación se había hecho de manera anárquica y esto puede crear desequilibrios en las redes eléctricas porque esa energía intermitente va directo al sistema”, planteó.

En cuánto a los plazos, Isa Conde explicó que “quién define qué es lo que quiere y la duración no es el ministerio sino las empresas eléctricas”.

En este sentido agregó que “la Corporación de empresas eléctricas – CDEEE – decide que necesita 250 MW este año y otros 250 el próximo, en eólico o solar, y llama a licitación bajo ciertas condiciones”.

En definitiva, la CDEEE es la contraparte compradora de la energía. Y a priori, se calcula que los contratos PPA serían estipulados a 20 años y en dólares, bajo los beneficios que plantea la Ley 57-07.

Mesas de negociación

Cabe recordar que estas conclusiones vienen resultado del trabajo mancomunado entre el sector privado y el público. Ya en mayo de 2018, el Gobierno dominicano creó el Comité de Seguimiento de la Energía Renovable, integrado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE), con el objetivo de elaborar un plan de desarrollo de corto y mediano plazo de la energía renovable.

De acuerdo al comité, existen en República Dominica 26 áreas de interés con gran potencial eólico y 24 para solar fotovoltaica que van a ser parte de las subastas.

La primera partida se lanzaría en el primer trimestre de 2020, con 250 MW repartidos en tres polígonos que permitirán desarrollar tres parques eólicos y dos solares, informó en una conversación con este medio Oscar De La Maza, Director Nacional de Energía Renovable.

Gas y renovables

La política pública que establece el Gobierno define que toda la generación tendrá que ser limpia y competitiva.

“Hay una decisión que a partir de ahora todas las empresas que incrementen la generación van a tener que hacerlo utilizando gas natural y energías renovables. Queremos impulsar las energías renovables y ojalá podamos hacerlo a mayor capacidad de lo que estamos haciendo”, ratificó Isa Conde.

Se terminaron los contratos discrecionales

Isa Conde valora que en las mesas de discusión se definió avanzar bajo esquemas de licitaciones, a los fines de evitar la discrecionalidad entre compañía eléctricas y los inversores privados, lo que además transparentaría y mejoraría los precios.

“Lo que se acabó son los contratos directos. Tienen que hacerse bajo un proceso de licitación y es lo que se ha planteado en la ley y tenemos que controlar para que se cumpla”, insistió el Ministro de Energía.