Muchas veces el anuncio de la construcción de alguna gran represa hidroeléctrica genera resistencia por parte de ciertos sectores, sobre todo el ambientalista.
Señalan que las inmensas estructuras que se erigen para embalsar el agua trastoca el medioambiente.
En contraposición, los defensores de este tipo de actividades esgrimen que las obras son montadas responsablemente, cumpliendo protocolos de impacto ambiental.
Y arguyen que, además de generar energía eléctrica, permiten controlar sequías y fomentan el turismo, entre otras cosas.
Ese microclima es el que se tensa entre Mendoza y La Pampa.
La Provincia de Alfredo Cornejo, con el apoyo del Presidente Mauricio Macri, enfoca esfuerzos para que la represa Portezuelo del Viento sea un hecho.
Pero el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el laudo presidencial a favor de la construcción.
En una entrevista exclusiva para Energía Estratégica, Rodolfo Dalmatti, presidente del ORSEP, junto al equipo de prensa de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dan su perspectiva sobre este tema. Lea también: "El fallo de la Corte se pronunció a favor de Mendoza por la represa Portezuelo del Viento" ¿Cómo se está trabajando en la obra Portezuelo del Viento en Mendoza? La Secretaría de Energía y Minería de Mendoza elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y convocó a Audiencia Pública pare el 9 de abril del corriente año en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Malargue.
Por otra parte, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), del cual forman parte las provincias de La Pampa y Mendoza, aprobó la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Regional que, una vez terminado, en conjunto con el elaborado con la provincia, formarán parte de la presentación a realizarse en la "Audiencia Pública", que tendrá lugar en el Congreso de la Nación, de conformidad a lo establecido en la Ley 23.879 "Ley de Presas". ¿Están evaluando otros proyectos hidroeléctricos actualmente? Sí: Chihuido (Neuquén), con una inversión de 2.200 millones de dólares; el Tambolar (San Juan), con una inversión de 950 millones de dólares; Potrero del Clavillo (Tucumán y Catamarca), con un valor de inversión de 1.000 millones de dólares; y Los Blancos I y II con una inversión de 900 millones de dólares, ambas en Mendoza. ¿Cómo están trabajando desde ORSEP en la seguridad de impacto ambiental de las represas? El ORSEP tiene como misión velar por la seguridad estructural y operativa de las presas que se encuentran bajo su jurisdicción (Decreto de creación 239/99).
Su injerencia no es la de analizar el impacto ambiental de la construcción u operación de las mismas.
Sin embargo, ORSEP colabora con las autoridades de aplicación de normas ambientales en cada presa bajo su jurisdicción con tareas de apoyo técnico.
Todas las acciones y estudios que realiza el ORSEP salvaguardan la normativa legal ambiental tanto a nivel nacional como provincial.
Por otro lado, al fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad de presas y los Planes de Acción Durante Emergencias (PADE), colabora a prevenir desastres que implicarían un gran impacto socio ambiental. Y en cuanto criterios de seguridad, ¿se van renovando con el correr del tiempo? Se están actualizando los criterios tradicionales, pasando al criterio de análisis de riesgo, que permite cuantificar numéricamente la probabilidad de falla y determinar probabilísticamente si el nivel de seguridad está dentro de parámetros internacionales.
Esto permitirá también al gobierno priorizar inversiones en función del objetivo de reducir los niveles de riesgo.
Se ha completado una primera etapa de análisis comparativo para todas presas de jurisdicción de ORSEP y se ha ya realizado en forma completa el análisis de riesgo del complejo Cerros Colorados que comprende 5 presas.
Por otra parte, el ORSEP y sus profesionales participan en foros nacionales e internacionales de especialización, siendo requeridos en el país y en el exterior para aplicar criterios modernos de seguridad en obras construidas en otros tiempos y con otros criterios.
En este aspecto podemos mencionar convenios de cooperación y asistencia técnica con provincias donde se encuentran obras cuya seguridad no está bajo la órbita del ORSEP, y para las que fue necesario realizar diagnósticos y procedimientos para adecuarlas a nuevos criterios.
Como por ejemplo, el trabajo de diagnóstico y estudios de seguridad que están ejecutando juntamente con la Provincia de Córdoba.
En el exterior, hace muy poco diciembre de 2017-, se realizó una misión técnica y humanitaria en el marco del Convenio de cooperación interinstitucional y asistencia técnica suscripto por el presidente del ORSEP, Ing. Rodolfo Dalmati y el presidente de Cascos Blancos, Embajador Alejandro Daneri, con el objetivo de relevar los daños estructurales en infraestructuras y edificios gubernamentales (escuelas, puentes, hospitales, obras hidráulicas y edificios públicos) tras el paso del huracán María.
Finalmente vale destacar que se está desarrollando una propuesta de Ley de Seguridad de Presas para nuestro país, con el objetivo de dotar a todo el territorio de una regulación moderna que contemple los avances en la materia.
Esta propuesta se está consultando con las provincias y organismos de aplicación para llegar a un consenso antes de su presentación legislativa. ¿Cómo se compone el ORSEP y cómo funciona? El ORSEP es un organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Pública y Vivienda de la Nación.
Su Presidente es el Ing. Rodolfo Dalmati, que junto a cuatro Directores Regionales (correspondientes a las regionales Norte, Cuyo Centro, Comahue y Patagonia) conforman el Consejo Técnico el órgano de gobierno de la institución.
Entre sus funciones principales está el fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad de presas establecidas en los contratos de concesión de 31 presas y estructuras complementarias y secundarias bajo jurisdicción del Estado Nacional, ejerciendo las funciones y facultades de Autoridad de Aplicación en la materia de su competencia, además de cumplir con los convenios de asistencia técnica suscriptos en relación a aprovechamientos provinciales.
La sede central se encuentra en CABA y tiene sedes regionales en San Miguel de Tucumán, Mendoza (capital), San Rafael -Mendoza-, Córdoba, Cipolletti y Trelew desde las cuales se procede a realizar, entre otras, las tareas periódicas de revisión de la seguridad estructural y operativa de las obras.
Otra meta sustantiva -de un gran valor social-, es la concientización sobre emergencias hídricas para las comunidades aguas abajo de las presas fiscalizadas, con el objetivo de fortalecer la resiliencia de las mismas y reducir su vulnerabilidad.