¿Qué inquietudes presentan los inversores interesados en energías renovables?

Los inversores extranjeros en energías renovables, tienen una primera dificultad que allanar cuando diseñan sus negocios para Argentina y es la complejidad de los marcos jurídicos aplicables a la actividad en relación al medio ambiente, las regulaciones sobre higiene y seguridad y salud ocupacional.

Es por ello que nuestra experiencia en el estudio Villanueva & Asociados, con 21 años como asesores legales en dichas disciplinas son el corazón de nuestro negocio.

El diseño de matrices legales, la gestión de Permisos, Licencias y Habilitaciones, así como el couching legal ambiental y de higiene y seguridad, son los servicios más solicitados por los clientes del sector de energías renovables.

En muy importante la verificación de cláusulas legales que aborden detalladamente las obligaciones de las partes en los contratos y en los anexos aplicables a las áreas de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad en los pliegos licitatorios para la contratación de  servicios de obras.

Las distintas modalidades contractuales, EPC (Engineering, Procurement and Construction), EPIC (Engineering, Procurement, Installation & Commissioning), EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning), como un tipo derivado del EPIC y el EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management), requiere una  verificación exhaustiva de los marcos regulatorios del sector energético a la luz de los aspectos ambientales.

¿Han asesorado a actores del Programa RenovAr?

Durante el Programa RenovAr hemos tenido una fuerte demanda de servicios de asesoría legal, sobre todo centrados en la Ronda 1.5 y 2.

Ciertamente se requiere un mayor esfuerzo para que el mercado llegue a cumplir con las expectativas previstas en materia de expansión, pero nuestro equipo de especialistas está preparado para el reto.

¿Qué expectativas tiene con respecto al supuesto lanzamiento de la Ronda 3?

Existen varias incertidumbres en el mercado eléctrico frente a la próxima Ronda, la capacidad de transporte disponible es una de ellas y la proyección de las nuevas líneas de trasmisión. En ese sentido nuestra participación se verá reforzada para brindar el soporte de asesoría adecuada que seguramente dará comienzo a partir del mes de octubre.

Marcos jurídicos extensos y complejos deberán ser adecuados y seguramente las municipalidades deberán accionar sus legislaciones locales. En ese sentido Villanueva & Asoc. brinda asistencia para la redacción de normas en el ámbito legislativo.

¿Están recibiendo consultas para el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER)?

Por el momento no han sido las más frecuentes, pero estimamos que se incrementen próximamente.

¿Qué evaluación hace de los marcos regulatorios tanto del RenovAr como del MATER?

El marco regulatorio del RenovAr, en sus comienzo presentó ciertas debilidades en cuanto a la contemplación de requisitos legales ambientales, tanto por parte de las provincias como de los municipios, los que luego se fueron ajustando sobre todo a partir de la Ronda 1.5.

En la Ronda 1 de junio de 2016, se incluyó en el anexo 10 las “Normas De Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental  y Social” de la IFC (Corporación Financiera Internacional).

Este documento fortalece el proceso ya que son ocho normas que deben ser respetadas durante todo el periodo contractual. Los aspectos son: La Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, el Trabajo y condiciones laborales, la Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación, la Salud y seguridad de la comunidad, la Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario,  la Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, los Pueblos Indígenas y Patrimonio cultural.

Estas líneas de trabajo requieren de un profundo conocimiento de los marcos regulatorios específicos correspondientes a nivel local.

En cuanto al Mercado a Término, los Grandes Usuarios como comercios e industrias, negocian la compra de energía renovable a generadores y comercializadores los que  podrán hacerlo hasta el 100% de su consumo eléctrico de fuentes renovables o  adquirir los mínimos establecidos por  la Ley, el 8% hasta llegar al 20% en el año 2025.

Para el caso de que el usuario no tome ninguna iniciativa el Estado se encarga de suministrarlo aunque se estima que hasta el 2020 el Estado no alcanzara el 8%. En este escenario se espera la firma de múltiples acuerdos de compra de energía limpia que implicaran mayores inversiones el país.

La Resolución 72/2016 aprueba el “Procedimiento para la Obtención del Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables”. Su artículo 4 regula la información que se debe acompañar la presentación del proyecto. El mismo artículo refiere a las habilitaciones ambientales que son tratadas en el apartado d) indicando que  todo proyecto deberá garantizar que el recurso que se prevé explotar se encuentre disponible y sin restricciones. En particular en relación a las Habilitaciones Ambientales sus requisitos y condicionantes,  la resolución 72  indica la información a brindar en relación al título jurídico habilitante para la utilización del recurso, regula situaciones para el caso de recursos naturales provistos por terceros y establece indicaciones respecto del uso del suelo.

Este nuevo enfoque de la autoridad en materia de cumplimiento ambiental y de seguridad evidencia un fortalecimiento y ha llevado  en algunos casos a los municipios a sancionar normas complementarias.

El Mercado a término ha sido superador en materia de requisitos ambientales exigidos en relación al Plan RenovAr.

¿Considera que debieran modificarse algunos aspectos?

Desde nuestra mirada de asesores legales comprometidos con los sistemas de gestión  ambiental y de calidad, entendemos que la estandarización y sistematización de los requisitos, facilita y brinda equidad y previsibilidad.

Los estados municipales deben revisar sus marcos legales vigentes y adecuarlos para que sean consistentes con la legislación provincial evitando duplicación en las exigencias de cumplimiento.

Las provincias, a su vez, deben acompañar este proceso de política nacional que ciertamente beneficiara a  todos incluyendo a las generaciones futuras, ya que estamos hablando de preservar los recursos y se trabajar para la sostenibilidad ambiental, Objetivos del Desarrollo del Milenio.