Bajo la Resolución 21 del año 2016, la cartera que dirige Juan José Aranguren seleccionó en dos etapas un total de 29 proyectos termoeléctricos por 3.139,8 MW. “Casi un 10 por ciento de la actual capacidad instalada”, festejaba el ministro al ver los resultados.

Ahora bien, algunos proyectos tienen serios problemas para entrar en operaciones en el plazo comprometido. Ante esta situación, el viernes pasado el Ministerio de Energía y Minería publicó la Resolución 264. Para analizarla, Energía Estratégica consultó a los abogados especialistas en energía José Carlos Cueva y Gonzalo Viña, quienes trabajan juntos en el estudio Beccar Varela.

¿Esencialmente, qué establece esta resolución?

Por un lado, la norma establece que el monto de las multas impuestas por CAMMESA —con motivo del incumplimiento en la fecha comprometida para la habilitación comercial prevista en los Contratos de Demanda Mayorista (Res. ex SEE 21/2016)- será descontado de la suma que le corresponda percibir al agente generador a partir de la habilitación comercial efectiva en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas (art. 1).

Inclusive, la resolución prevé que el agente generador sancionado cancele el importe de las sanciones en hasta 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, abonando sobre el saldo una tasa efectiva anual nominada en dólares de 1,7%, siempre que las cuotas que sean establecidas no excedan la vigencia del contrato (art. 2).

Por otro lado, en aquellos casos en que hubieran sido detectadas demoras en la habilitación comercial que dieran lugar a la rescisión del contrato, la norma subsana tal supuesto en caso de encontrarse finalizada la central. De tal modo, tiende a la vigencia del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades.

Por lo tanto, el objetivo de la norma es doble: ofrecer una herramienta para la cancelación del pago de fuertes penalidades en cabeza del agente generador y, al mismo tiempo, mantener la vigencia del contrato evitando la rescisión.

El motivo de esta decisión se encuentra en los considerandos de la norma, donde es ponderado el resultado de la convocatoria de la Res. ex SEE 21/16 que contribuyó “a superar la situación de insuficiencia de capacidad de generación que motivó la declaración de la Emergencia Eléctrica mediante el Decreto N° 134/2015”.

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¿Da señales de que no habrá negociación de plazos sino el pago de multas por incumplimientos de plazo de entrada en operaciones?

En principio, la norma no introdujo quitas sobre las penalidades, sino facilidades de pago. Por lo tanto, no hay modo de asegurar una reducción en el importe de las multas, al menos, con base en esta resolución.

¿Sorprendió al sector esta determinación?

Existieron algunos atrasos en proyectos por distintas circunstancias y, con diversos fundamentos jurídicos, algunos generadores impugnaron la determinación de dichas penalidades. Esta norma pretende apaciguar las aguas, al menos desde el punto de vista financiero, pero no del económico, ya que no redujo el importe a pagar sino que lo financia.

Se sabe que adjudicatarios del Programa RenovAr tienen problemas con en el avance de sus acuerdos asumidos. ¿A partir de esta Resolución se puede llegar a conjeturar que en el mercado de renovables suceda una lógica similar?

No podemos soslayar que la industria de las energías renovables es novedosa en nuestro país y que aún estamos transitando una curva de aprendizaje en varios aspectos y sectores (financiamiento, proveedores, importaciones y aplicación de beneficios impositivos, entre otros). En ciertos casos, la demora resulta entonces no imputables al generador, lo que justificaría la excepción a aplicación rigurosa de sanciones. Por ello, es necesario cierto margen de flexibilidad, al menos en el comienzo, para favorecer a su desarrollo.

Bajo esta tesitura, analizando caso por caso, quizás la autoridad de aplicación eventualmente puede otorgar algunas “concesiones” o interpretar la norma con mayor flexibilidad, además por supuesto de considerar aquellos casos no imputables al generador.