En las últimas semanas, a ambos lados de la parte austral de la Cordillera de los Andes, se discute la dolarización de los contratos de energía, y su impacto en alzas continuas y bruscas de las tarifas eléctricas.

A este respecto, resulta evidente que en tanto las tarifas eléctricas se encuentren indexadas al valor del dólar y/o a los índices de precios al consumidor de los Estados Unidos de América, cualquier modificación a estas variables impactará en las tarifas que deben pagar los consumidores finales.

En este contexto, es natural que surjan propuestas tendientes a que la fijación tarifaria sea sensible a las variaciones monetarias y a los índices de reajustabilidad expresados en moneda nacional, la que tanto en Argentina como en Chile se denomina “peso”.

En los últimos días, el Congreso Nacional chileno aprobó la Ley 21.185 que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas. Esta ley, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de noviembre último, se aprobó en sólo 5 días y tiene por objeto prevenir un alza de 9,2% de las tarifas eléctricas, motivada principalmente por variaciones cambiarias (dólar – peso).

La solución impulsada por el Gobierno chileno fue la de estabilizar las tarifas en un horizonte de 8 años, mediante la “compensación” nominal y anticipada del alza inmediata de las tarifas eléctricas con la reducción de las tarifas que se proyecta a partir del año 2021, producto de exitosas licitaciones de contratos de suministro eléctrico adjudicadas en los últimos 2 o 3 años y que entran en vigor a partir de esa fecha.

Pudiendo justificarse esta intervención legislativa en atención al estallido social experimentado en Chile los últimos días, la fórmula empleada por el legislador implica que los saldos no recaudados de alza de las tarifas que se contemplaban a partir de este año no devengarán interés, y sólo, excepcionalmente, los saldos no recaudados al 1° de enero de 2026 devengarán un interés igual a Libor de seis meses, o la tasa equivalente que la reemplace, más un spread correspondiente al riesgo país a la fecha de aplicación.

Sin embargo, este cambio regulatorio importará una reducción en los flujos de caja de las empresas generadoras en los años 2019 y 2020, el que, junto con impactar en sus estados de resultados, podría provocar una interrupción en la cadena de pagos y, en especial, arriesgaría el default de algunas de dichas empresas.

A este respecto, es ilustrativo que el Gobierno de Chile, durante la tramitación parlamentaria, haya presentado una “indicación” o propuesta normativa en orden a suplir parcialmente la ausencia de intereses hasta el año 2025 con una fórmula que disponía la actualización de los saldos no recaudados mediante el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, el “Consumer Price Index”.

Empero, esta indicación fue rechazada por mayoría de votos en el Senado. Sin duda que la incorporación de una medida de actualización como la indicada habría atenuado la pérdida patrimonial derivada del congelamiento de tarifas eléctricas, la cual, no obstante estar prevista en la ley, presenta significativas dudas de conformidad con la Constitución chilena vigente.

Por su parte, en Argentina, se plantea la posibilidad de que en la determinación de las tarifas eléctricas no tengan aplicación las variaciones cambiarias ni el índice compuesto de precios mayoristas y minoristas de los Estados Unidos. Este debate surge a propósito de la medida adoptada por YPF, a fines del mes de agosto de este año, de pesificar las relaciones contractuales con sus contratistas tras una brusca devaluación del peso y el congelamiento de los precios del combustible.

Es probable que, atendidas esas circunstancias, la adopción de esta medida haya sido indispensable para asegurar la sustentabilidad financiera de la empresa petrolera, a costa de los contratistas cuyos gastos operativos estén determinados en dólar, sea por requerir la importación de equipos u otra razón.

El debate se torna más acalorado en la Argentina con la propuesta de pesificar los contratos de energía sugerida por asesores o personas cercanas a Alberto Fernández, el Mandatario electo de la Nación argentina.

Esta posibilidad se aventura con el propósito de impulsar el desarrollo de energías limpias y renovables (eólica y solar, principalmente), toda vez que los costos de operación de estas plantas son bajos y, a la vez, ya se encuentran establecidos en moneda nacional, y, a la par, para destinar parte importante de la producción de gas y petróleo a la exportación, asegurando así una fuente importante de divisas que requiere la economía argentina.

¿Qué tienen en común los hechos descritos? El común denominador que se aprecia tanto en Argentina como en Chile es la relativización de la fuerza vinculante de los contratos. En el caso chileno, los contratos eléctricos vieron modificados una de sus cláusulas esenciales (el precio) en virtud de una ley, aprobada con posterioridad a la fijación tarifaria.

En el caso argentino, la pesificación se adoptó mediante una decisión unilateral de la empresa fiscal valiéndose de su posición de dominio.

No es el ánimo de esta columna de opinión discutir el mérito de la pesificación sino, en primer lugar, poner en cuestión el impacto que genera la alteración de las reglas del juego y, en particular, el valor de los contratos y, en segundo lugar, sugerir que, al momento de emplear -exclusiva o preferentemente- la moneda nacional, se tengan en consideración las distintas variables que concurren, para así formarse una idea más cabal de las consecuencias de adoptar la decisión de introducir modificaciones a los contratos vigentes por la vía regulatoria o valiéndose de la posición dominante de uno de los contratantes.

En primer lugar, es conveniente tener presente que los contratos a los cuales aludimos son muy variados: contratos regulados de suministro de energía, contratos de compraventa de energía (PPA, en inglés) a clientes “libres” o no regulados, convenios de acceso a las líneas de transmisión o de transporte, contratos de desarrollo de proyectos, contratos de compraventa de proyectos de energía o de instalaciones eléctricas o contratos de compraventa de empresas o sociedades eléctricas (SPA, en inglés), compraventa de equipos mayores o menores, compraventa de insumos para la operación, etc.

En todos estos contratos se emplean monedas extranjeras (el dólar estadounidense, primordialmente) para la fijación de los precios o, en su caso, de los fees u honorarios que percibe una de las partes.

La mayor parte de los contratos antes mencionados se celebran con arreglo al derecho privado o común; empero, algunos de ellos -generalmente los contratos de suministro- se encuentran regulados y es aquí donde se traba la actual discusión sobre “pesificar” las cláusulas de precio.

Empero, no parece conveniente omitir que la cadena completa de los contratos eléctricos de encuentra dolarizada y, por lo mismo, es preciso examinar con más detención los efectos que se siguen de pesificar los contratos regulados.

Una segunda arista es el impacto que esta medida tendría en el régimen de la libre y justa competencia que debe mediar entre las empresas incumbentes y entrantes. Sin duda que la pesificación de los contratos eléctricos, tanto en Argentina como en Chile, constituye un aliento para las empresas incumbentes y, en especial, para las empresas locales, mientras que la dolarización de los contratos favorece a las empresas entrantes y, en especial, a los grandes players internacionales.

Augusto Quintana, Abogado del estudio Abdala y Compañía, y Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Esto se explica por varios motivos y, entre ellos, porque, generalmente, las grandes empresas internacionales planifican y definen sus inversiones sobre la base de análisis comparativos de rentabilidad de los diferentes proyectos que poseen en carpeta, sea en países donde se encuentran presentes o a los cuales desean ingresar. Dicho examen comparativo se facilita en tanto los costos e ingresos más relevantes se estipulan en base a una moneda única (dólar o euro).

Evidentemente que la promoción de empresas nacionales puede ser un componente de la política pública, pero no puede desconocerse la ventaja de facilitar el ingreso de nuevos actores en el sector eléctrico, especialmente si ello cataliza la introducción de innovaciones tecnológicas en un mercado más cerrado, producto de efectivas barreras de entrada para las empresas extranjeras (como podría pensarse que es el caso argentino), o en un mercado altamente concentrado (como es el caso chileno).

Otra variable a considerar en la evaluación de la pesificación de los contratos, es si ésta es idónea para impulsar una determinada fuente energética que posea externalidades positivas (por ejemplo, las energías renovables y limpias).

En efecto, la pesificación de los contratos de energía regulados podría favorecer el desarrollo de proyectos de centrales eléctricas cuyos costos de operación son más bajos en comparación con aquellas otras fuentes de energía cuya operación se basa de una manera significativa en insumos importados.

Desde esta perspectiva, es lógica la propuesta de pesificar los contratos eléctricos. Empero, la conveniencia de un eventual resquebrajamiento del principio de neutralidad tecnológica, para favorecer una determinada fuente energética, debe ser evaluada comprendiendo una pluralidad de factores y, entre ellos, si supone un incremento de subsidios estatales, la interrupción de la cadena de pagos por parte de las empresas que tengan problemas de flujo de caja o en una menor construcción de plantas generadoras derivada, directa o indirectamente, de una mayor contingencia regulatoria o el encarecimiento de los créditos en el sistema financiero.

En base a lo expuesto, resulta prudente examinar en forma minuciosa el impacto sistémico del incremento de contingencias derivadas de cambios regulatorios y, específicamente, la migración desde contratos indexados al dólar o a precios internacionales tasados en dólar, junto con criterios de actualización monetaria conforme a la inflación registrada en los Estados Unidos de América, a contratos en los cuales la determinación de los precios se calcule en base a la moneda nacional y a índices de reajustabilidad expresados en dicha unidad de intercambio.