El informe se basa en los análisis del índice de transición energética (ETI, por sus siglas en inglés) de 2020, que comparan el rendimiento de los sistemas energéticos actuales de 115 economías, teniendo en cuenta indicadores como el crecimiento y el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, y el acceso y la seguridad energéticos, así como su nivel de preparación para una transición a sistemas energéticos inclusivos, asequibles, sostenibles y seguros.

Los resultados del año 2020 muestran que un 75 % de los países han mejorado su sostenibilidad ambiental, aunque la calificación media global de este indicador haya resultado ser la más baja de las tres categorías que se han evaluado.

Estos avances son el resultado de aplicar enfoques graduales multidimensionales que incluyen la tarificación del carbono, el cierre de plantas de carbón antes de lo previsto y el rediseño de los mercados del sector eléctrico al objeto de integrar fuentes energéticas renovables.

Sin embargo, estos avances obtenidos con mucho esfuerzo ponen de manifiesto las limitaciones que implica depender únicamente de logros graduales, a partir de políticas y tecnologías existentes, para alcanzar la transición a energías limpias.

El avance global más significativo se observa entre las economías emergentes, donde se aprecia que la calificación media de ETI de los países en el 10 % superior se ha mantenido constante desde 2015, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de adoptar soluciones innovadoras, ahora amenazadas por el COVID-19.

Índice de transición energética de 2020

Suecia (1) lidera el ETI por tercer año consecutivo, seguida de Suiza (2) y Finlandia (3). Francia (8) y Reino Unido (7) son los únicos países del G20 que se encuentran entre los 10 primeros.

Sin embargo, comparten atributos similares, como la limitación de los subsidios energéticos, la reducción de la dependencia de las importaciones (que supone mejorar la seguridad emergente) la obtención de beneficios en la intensidad energética del PIB, así como el aumento de los compromisos políticos para conseguir objetivos ambiciosos de transición energética y cambio climático.

El resultado es dispar en el resto del G20. Centros de demanda emergentes como la India (74) y China (78) han realizado esfuerzos de manera consistente para mejorar un entorno posibilitador que incluya compromisos políticos, inversión y participación del consumidor, innovación e infraestructuras, entre otros aspectos.

En el caso de China, los problemas de contaminación atmosférica se han materializado en políticas de control de emisiones, electrificación de vehículos y desarrollo de la capacidad más grande del mundo en cuanto a paneles solares fotovoltaicos y centrales eólicas terrestres.

En la India, los avances se han producido gracias a un programa de expansión de energías renovables impuesto por el gobierno y que acaba de ampliarse a 275 GW con vistas a 2027.

La India también ha dado importantes pasos en lo relativo a eficiencia energética, mediante adquisiciones masivas de bombillas LED, contadores inteligentes y programas para el etiquetado de electrodomésticos. También se han puesto en marcha medidas similares destinadas a reducir los costes de los vehículos eléctricos.

Mientras tanto, la tendencia ha sido moderadamente positiva en Alemania (20), Japón (22), Corea del Sur (48) y Rusia (80). Alemania ha mostrado un firme compromiso en la eliminación gradual del carbón y la descarbonización de la industria mediante hidrógeno limpio.

Sin embargo, la asequibilidad de los servicios energéticos ha supuesto todo un desafío. Por su parte, tanto Japón como Corea se enfrentan a desventajas naturales en su condición de importadores netos de energía.

Pese a ello, factores como un entorno empresarial innovador, el desarrollo de la infraestructura y el compromiso político siguen siendo herramientas clave en estos países. Rusia, país donde el sector energético sigue siendo un pilar fundamental de la economía, conserva su liderazgo mundial en el ámbito de la seguridad energética, aunque sus avances en sostenibilidad ambiental han sido moderados.

Por otra parte, la calificación del ETI para los Estados Unidos (32), Canadá (28), Brasil (47) y Australia (36) se ha quedado estancada o va en descenso. Los desafíos confirman la complejidad de las concesiones que conlleva la transición energética.

En los Estados Unidos, los factores adversos tienen que ver en su mayoría con la política medioambiental, mientras que, para Canadá y Australia, resulta complicado equilibrar la transición energética con el crecimiento económico, debido al papel que desempeña el sector energético en su economía.

El hecho de que solo 10 de 115 países hayan mejorado de manera estable sus calificaciones del ETI desde 2015 demuestra la complejidad de la transición energética. Argentina (56), China (78), la India (74), e Italia (26) están entre los principales países con mejoras consistentes anuales.

Otros como Bangladesh (87), Bulgaria (61), la República Checa (42), Hungría (31), Kenia (79) y Omán (73) también han realizado avances considerables.

Por otro lado, las calificaciones para Canadá, Chile (29), el Líbano (114), Malasia (38), Nigeria (113) y Turquía (67) han descendido desde 2015. Por primera vez, Estados Unidos no figura entre los 25 con mejor calificación, principalmente debido a la perspectiva de incertidumbre normativa respecto a la transición energética.

Más del 80 % de los países han mejorado sus resultados en lo que respecta a seguridad y acceso energéticos desde 2015, pero el avance de países en Asia y África sigue presentando dificultades. Los programas de acceso energético en estas regiones deben priorizar servicios comunitarios como alumbrado público, calefacción y aire acondicionado urbanos, refrigeración alimentaria y conservación de productos farmacéuticos, saneamiento urbano y gestión del tráfico.

En economías avanzadas, el «acceso» viene determinado por la asequibilidad. Las facturas de servicios suponen una parte cada vez mayor del gasto de los hogares, una dificultad que podría verse exacerbada por la incertidumbre económica generada por la COVID-19.

Además, la seguridad energética es cada vez más vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones e incendios —que cada vez ocurren con más frecuencia e intensidad—, así como a los ciberataques.

Aunque aún existe una gran distancia entre lo que necesita, lo que se promete y lo que es probable que se consiga, las alteraciones combinadas de la COVID-19 han desestabilizado el sistema energético global, lo que conlleva posibles retrocesos a corto plazo.

En última instancia, se requieren grandes esfuerzos para garantizar no solo el mantenimiento de los impulsos recientes, sino su aceleración, con el fin de conseguir los ambiciosos objetivos que necesitamos.