El legislador propone el cambio de la matriz energética, aplicando cambios no sólo en la generación de energías limpias, sino a través de la demanda. En su texto, define al vehículo eléctrico a todo aquel que es “impulsado con energía de cero emisiones y que no contenga motor de combustión”.

A priori, incluye “automóviles, buses, camiones, trenes, bicicletas eléctricas”, pero sabiendo los veloces avances tecnológicos aclara la posibilidad de sumar “cualquier otro sistema de movilidad que defina posteriormente la Autoridad de Aplicación”.

Con el objeto de fomentar la movilidad eléctrica, Villalonga plantea los siguientes incentivos:

  • Acceso a financiamiento para la compra de vehículos eléctricos con tasas preferenciales, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
  • Reducción del arancel de importación de vehículos y sus repuestos. Estas reducciones serán definidas de acuerdo al artículo 664 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), o la norma que en el futuro la reemplace.
  • Reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, la que será del diez por ciento (10%) para la compra de vehículos eléctricos y sus repuestos.
  • Reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, la que será del diez por ciento (10%) para los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos alcanzados por la presente ley.

“Las exenciones y reducciones precedentes se establecen por el plazo de diez (10) años, prorrogables, a criterio de la Autoridad de Aplicación, por el término de cinco (5) años más”, expresa el texto.

Otro beneficio que agregaría ley sugiere eliminar “por el término de dos (2) años la obligación de pago de la tarifa de peaje por parte de los vehículos eléctricos, en las autopistas, autovías y rutas nacionales. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de adquisición del vehículo”.

El Estado, primero

Según el proyecto la “flota vehicular afectada al uso del Estado Nacional será gradualmente reemplazada por vehículos eléctricos en el marco del Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica, con un mínimo del veinte (20) por ciento cada cinco años”

Reconversión

Los importadores de vehículos eléctricos como también los fabricantes y ensambladores nacionales deberán garantizar la disponibilidad de repuestos, accesorios y servicio técnico de reparación a efectos de ser incluidos en la nómina nacional de modelos de vehículos eléctricos autorizados para su comercialización.

Nuevas estaciones de carga

El texto plantea que “la construcción y operación de los centros de recarga de vehículos eléctricos será libre, sin perjuicio de las normas técnicas de cumplimiento obligatorio que se establecerán para todo el territorio nacional”.

Los particulares tienen el derecho de instalar equipamiento para recarga en sus respectivos domicilios; en su caso, cumpliendo las normas vigentes en materia de propiedad horizontal.

Nuevo plan de largo plazo

La Autoridad de Aplicación de esta ley será designada por el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de:

  • Constituir el Consejo Consultivo Interministerial de Movilidad Eléctrica, el cual presidirá, a efectos de consensuar y articular la elaboración y ejecución del Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica;
  • Liderar la coordinación interministerial respecto de los distintos asuntos que requieran el establecimiento de normas consensuadas con otras carteras ministeriales;
  • Formular, actualizar y ejecutar el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4, promoviendo su difusión;
  • Promover la capacitación, educación e información a fin de fomentar la movilidad eléctrica y sus efectos benéficos en orden a la protección ambiental y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero;
  • Establecer y actualizar las metas de recambio de la flota vehicular pública y privada, de acuerdo a la última Contribución Determinada a Nivel Nacional disponiendo, en el marco de sus competencias y en caso de corresponder, nuevos incentivos no previstos legalmente;
  • Elaborar la nómina de modelos de vehículos eléctricos autorizados para su comercialización, verificando que los mismos se ajusten a los estándares internacionales.
  • Establecer la normativa técnica para la implementación de la ley, particularmente para la instalación y funcionamiento de los centros de recarga;
  • Establecer un sistema de indicadores de cumplimiento de movilidad eléctrica, y realizar sus actualizaciones y publicación;
  • Fiscalizar el cumplimiento de esta ley y su normativa complementaria;
  • Dictar toda otra norma reglamentaria necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.