Ecuador necesita incorporar nueva generación y ya puso una cifra sobre la mesa, con un volumen que apunta a cubrir buena parte del déficit que actualmente enfrenta el sistema eléctrico nacional.
“Tenemos la meta de inyectar 1250 MW, debemos hacerlo. Esa es la brecha que tenemos realmente dentro de los próximos dos años”, confirmó Marco Salao, subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Ecuador, en diálogo con Energía Estratégica.
La definición adquiere relevancia en un contexto desafiante para el sector. Entre octubre y diciembre de 2024, Ecuador atravesó apagones de hasta 14 horas diarias que afectaron a hogares, industrias y comercios. Mientras que actualmente, el déficit de generación ronda los 1000 MW y la demanda continúa creciendo entre 200 y 300 MW por año.
Para acelerar la incorporación de capacidad, el Ejecutivo apuesta a una mayor participación privada. El esquema contempla nuevas regulaciones para proyectos renovables de distintas escalas y la creación de un fideicomiso destinado a responder uno de los principales reclamos que históricamente realizaron los inversores.
“El objetivo es que en noviembre de este año podamos que toda la recaudación de nuestras utilidades sea a través del fideicomiso. Y eso da seguridad jurídica al inversionista privado, de que el retorno y el pago de su inversión esté asegurado”, sostuvo Salao.
“Tenemos 1250 MW que debemos inyectar a través de ERNC. Por eso existe el marco normativo. Especialmente en los procesos públicos de selección, que han estado detenidos por la cuestión de la seguridad jurídica, pero a partir de ahora se tendrá y se harán a través del fideicomiso”, insistió.
La herramienta busca garantizar el flujo de pagos dentro del sector eléctrico y brindar previsibilidad a desarrolladores interesados en ingresar al mercado ecuatoriano.
Además, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para incorporar capital privado en un sector que durante décadas estuvo dominado por el Estado, entre ellas una regulación que habilita proyectos de hasta 10 MW y otra que amplía el esquema para iniciativas de entre 10 y 100 MW, con tarifas definidas para incentivar capital privado.
Incluso, en los últimos meses trascendieron versiones sobre una eventual convocatoria para incorporar hasta 2100 MW mediante nuevos proyectos eléctricos, con participación relevante de la tecnología solar fotovoltaica. Aunque cabe aclarar que la iniciativa no fue confirmada oficialmente.
Asimismo, el mercado ya venía mostrando movimiento en el segmento comercial e industrial. Incluso, durante los últimos años, empresas ecuatorianas desarrollaron cerca de 100 proyectos solares sobre techos industriales, principalmente en escalas de entre 1 y 3 MW, una señal de que el sector productivo comenzó a buscar soluciones propias frente a la crisis energética.
Ecuador también busca reducir pérdidas equivalentes a 5100 GWh por año
Mientras avanza la incorporación de nueva generación, el país enfrenta otro desafío estructural vinculado a la eficiencia de las redes eléctricas.
Actualmente, las pérdidas del sistema “alcanzan 15,86%, equivalentes a aproximadamente 5100 GWh anuales”, una cifra que el Gobierno pretende reducir mediante proyectos desarrollados junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En paralelo, el Gobierno busca consolidar condiciones que permitan atraer nuevos jugadores al mercado. La reducción del riesgo país y la existencia de mecanismos destinados a garantizar los retornos aparecen entre los argumentos que la administración considera centrales para captar inversiones.
“Debemos asegurar la confianza de la inversión privada. Y eso se mide también un parámetro con el riesgo país, que con Ecuador lo hemos disminuido. La confianza del indicador del riesgo país ha disminuido. Y los instrumentos financieros que le permiten al privado retornar su inversión están definidos. Entonces, bueno, que el privado venga al país a ayudar a fortalecer”, concluyó.