A mediados de febrero pasado, la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN) presentó un documento con comentarios y observaciones sobre el proyecto de Ley de Portabilidad Eléctrica.

A saber, esta iniciativa crea la figura del Comercializador, actor que compra y vende energía dentro del mercado regulado permitiendo (aseguran desde ACEN) generar tarifas más económicas para los usuarios y un mejor servicio. El espíritu de fondo es que la competitividad generará las mejoras.

Eduardo Andrade, Presidente de ACEN comenta a Energía Estratégica que las apreciaciones esgrimidas por la entidad tienen que ver con elementos que permitan promover la sana competencia.

Entre todas las observaciones, el dirigente plantea cuatro aspectos, uno de plazos y tres de carácter técnico que deberían ser tomados en cuenta en la Ley para que pueda desarrollarse de manera efectiva.

En lo que respecta a plazos, Andrade se muestra muy preocupado porque hace 6 meses que el proyecto de Ley todavía se encuentra en el despacho de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. La expectativa del sector era que antes de que termine el 2020 la propuesta tuviera media sanción.

“Hay voces que sostienen que este proyecto de Ley deberá esperar a que avancen otros aspectos ligados a éste, como el de la Calidad en el Servicio y el de Generación Distribuida”, confía con preocupación, y remata: “Si esto es así, los tiempos de demora serán realmente importantes lo que implicará que los usuarios finales, que cumplan los requisitos, se demorarán más en recibir los beneficios de cuentas de luz más bajas”.

“Nosotros creemos que es necesario avanzar sobre todos estos temas, pero no necesariamente hacerlo en conjunto sobre un único documento que abarque los tres temas. Porque si bien los tres son importantes, ponerlos a todos juntos implicará una demora muy grande en su tramitación, más teniendo en cuenta que primero deberíamos esperar que se constituya todo un nuevo articulado”, formula Andrade.

Eduardo Andrade, Presidente de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN)

Los aspectos técnicos

En cuanto a las observaciones técnicas del proyecto de Ley de Portabilidad Eléctrica, ACEN planteó una batería ellas. Pero Andrade destaca tres sobre el resto.

Por un lado, sostiene que las empresas distribuidoras no deben participar del mercado de la comercialización. “La separación estructural es la modalidad recomendada por la OCDE, además de la opción más simple y eficiente y con menores costos para el usuario final y el Estado”, justifica.

Agrega que si las distribuidoras participarían se daría un escenario de competencia desleal. “El distribuidor maneja mucha información de sus clientes lo que le permite hacer ofertas comerciales específicas y personalizadas”, explica.

Del mismo modo, indica que podría darse un escenario de favoritismo, donde las distribuidoras privilegien a sus clientes a la hora de atender cortes de suministros.

Por otro lado, Andrade señala que “se debe permitir la contratación y la libertad de negociación de precios, condiciones y plazos para clientes mayores a 20 kW”.

“Ello permitirá alcanzar acuerdos de suministro con usuarios finales acordes a necesidades individuales, profundizando el mercado y generando una oferta de soluciones estructuradas: financiamiento de proyectos fotovoltaicos, variedad de tarifas, etc. Situación similar a la actual donde estos usuarios finales, hoy los que tienen una potencia conectada de más de 500 kW, poseen un mayor conocimiento del mercado”, destaca.

Finalmente, el titular de ACEN plantea: “Se debe evitar la sobre-regulación ya que ello restringe la flexibilidad de oferta y, por lo tanto, la competencia”.

Comenta que es necesario estimular la cantidad de competidores, con exigencias de garantías que deben ser iguales para todos los participantes del balance de energía y potencia.

“Se debe modificar completamente la transición propuesta (por zonas pilotos): la implementación por zonas geográficas privilegia a los actores establecidos. Zonas pequeñas con un bajo número de clientes de menos de 20 kW obliga a que un nuevo competidor desarrolle una infraestructura completa para atender a un pequeño número de clientes, lo que no resulta atractivo”, indica.

Es por ello que ACEN propone una implementación por reducción del nivel de potencia conectada (desde los 500 kW bajando 100 kW por año) lo que permitiría la adaptación gradual de competidores de menor tamaño. “Adicionalmente, este tipo de transición podría realizarse durante la discusión de la ley puesto que la regulación actual lo permite”, sostiene Andrade.