La Provincia de San Juan dio el primer paso. Reglamentó los “Lineamientos Rectores” para la instrumentación en su territorio del “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública – Ley Nacional Nº 27.424”, a través de la Resolución E.P.R.E. Nº 119/2018.

A partir de esta disposición, el EPRE San Juan determinó básicamente dos cuestiones: que el precio de energía limpia que inyecte el “Usuario – Generador” sea el mismo que las distribuidoras y cooperativas compran al Estado nacional (CAMMESA), y que en cada conexión se deban instalar dos medidores, uno que mida el consumo y otro la energía renovable inyectada.

Para Omar Zorzenon, coordinador de la Comisión de Política Energética de FACE, el Ente sanjuanino dio un paso correcto sobre lo que las cooperativas y distribuidoras están solicitándole al Gobierno nacional con la reglamentación de la Ley de Generación Distribuida mediante energías renovables. Sobre todo en lo que tiene que ver la instalación de dos medidores.

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En diálogo con Energía Estratégica, el dirigente opina que en las compañías proveedoras de energía existe “una real preocupación” si es que la Ley 27.424 se aplica sin hacer esta salvedad. “Si es una decisión política, la bancamos, pero si la decisión técnica se toman mal, es un error”, señala.

De acuerdo a lo que explican desde FACE, si no se midiera de este modo la energía se les verá alterado su impuesto recaudador ‘VAD’ (Valor Agregado de Distribución), cargo que cobran las empresas por el uso de sus redes, en concepto de servicios de operación, mantenimiento e inversiones. Esto, según las compañías, pondría en jaque al sector.

“Hoy tenemos problemas gravísimos las cooperativas, sobre todo en Buenos Aires, Córdoba, Misiones, porque nuestros asociados realizan profundas quejas por la suba de tarifas”, agrega Zorzenon y explica que de darse un escenario más adverso podría haber “grandes problemas”.

Por otra parte, existe un sector que se opone a la obligatoriedad de que los usuarios tengan que instalar dos medidores, por tornar a la actividad más engorrosa, lo cual pueda desalentar el negocio.

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Por su parte, el Gobierno nacional planea publicar una ‘reglamentación provisoria’ de la Ley 27.424, para que el sector privado y las asociaciones civiles opinen, y luego de ese proceso, sacar conclusiones y darle aplicación definitiva a la norma. Según fuentes del sector el proceso podría quedar concluido en junio.