Controversia por el uso de terrenos para proyectos renovables utility scale en Puerto Rico

Desarrolladores enfrentan retos para obtener las autorizaciones que les permitan el aprovechamiento de tierras en la isla.  

El uso de terrenos para el despliegue de centrales de gran escala está siendo cuestionado por distintos actores en Puerto Rico. Multisectoriales, entidades de gobierno y legisladores han puesto en duda la masividad de estos proyectos en tierras con alto valor productivo agrícola.

Sin ir demasiado lejos este mes la senadora Ana Irma Rivera lassén, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, compartió aquella premisa a las autoridades del Negociado de Energía (NEPR) durante una vista pública efectuada en el Senado (ver).

“Tenemos serias preocupaciones sobre dónde se plantan estos proyectos si son terrenos de fincas cultivables. Tenemos mucho interés en eso. Cuando lo sepamos haremos las preguntas pertinentes”, adelantó.

Esa declaración se suma a otras expresadas por organizaciones multisectoriales que sin oponerse a las políticas de transición energética que promueve la actual administración de gobierno, llaman a verificar el destino de nuevos proyectos de gran escala.

Haciéndose eco de aquello, desde la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) expresaron con preocupación que estos cuestionamientos e incertidumbre que se genera en torno al uso de tierras sería contraproducente para el avance de autorizaciones y permisos de proyectos ya aprobados en el sector energético.

“Puerto Rico tiene que lograr una racionalización fundamental basada en sus prioridades como país sobre el tema de uso de terrenos”, observó Javier Rúa-Jovet, director de políticas públicas en SESA.

Y subrayó: “Necesitamos que los requisitos se expongan claramente”; ya que la falta de certeza y alineación entre organismos públicos sobre los permisos de usos de terreno ya estaría afectando no solo a algunos proponentes que han logrado PPAs en el “tranche 1” de Solicitudes de Propuestas (RFP) sino también proyectos anteriores que todavía no lograron autorizaciones.

Desde la óptica del referente de SESA, no hay barreras técnicas que impidan un despliegue sostenible de proyectos de energía solar utility scale: «las soluciones tecnológicas están todas ahí«, aseguró.

Consultado sobre posibilidades en agrovoltaica o plantas solares flotantes, observó que, si bien son soluciones tecnológicas positivas, su viabilidad es más baja no sólo porque la tecnología para ejecutar estos proyectos sobre agua o altura encarecen los costos que hoy demostraron su alta competitividad en suelo, sino que además requerirían de medidas de seguridad extremas ante las inclemencias climáticas que suele enfrentar la isla.

“Pondría agrovoltaico en todos lados, en contexto agrícola y hasta urbano. Pero no hay que olvidarse de los costos que esto implica y las barreras de financiamiento que aún existen”, expresó Rúa-Jovet, y desarrolló:

“Digamos que Puerto Rico pone una nueva obligación de que para que se apruebe un proyecto deba tener determinadas características que permita el uso de tierras para el sector agro. Primeramente, tendría que ser prospectiva la obligación y no retroactiva, pero además debería garantizar que estos proyectos pasen el cedazo de costo accesible en que puso la Junta de Control Fiscal”.

“Si la Junta de Control Fiscal da una señal de que el precio que va a aceptar por PPAs será más o menos hasta US$ 0,10 kWh, cada vez que se añade algún nivel de ingeniería y de complejidad de un proyecto, que añaden costos adicionales, se deberán crear las condiciones para que se no pierda acceso al financiamiento”.

Brownfields to Greenfields

La ubicación de proyectos en terrenos impactados o terrenos contaminados también es una alternativa que podría abrirse para sortear la actual problemática por la ubicación de nuevos proyectos de energías renovables utility scale.

Sin embargo, también eso acarrearía un costo para los proyectos porque en aquellas zonas habría que realizar inversiones adicionales de remediación ambiental incluso antes de iniciar obras civiles, requiriendo más fondos y más tiempo para su realización.

Esta alternativa que ya se evalúa en Puerto Rico deberá continuar en debate. Por eso, el referente de SESA sugirió como prioritario “analizar todos estos temas desde los distintos niveles de complejidad y tener una discusión de alto nivel. Si así fuese, sonaría todo racional y totalmente válido, tanto para el inversionista como para el sector público y otras partes como grupos ambientalistas”.

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