El Decreto 486/2018 (Ver Decreto) publicado lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Francisco Cabrera (Producción), Juan José Aranguren (Energía y Minería) y Nicolás Dujovne (Hacienda).

En los fundamentos, los funcionarios explican los motivos de la medida: «De acuerdo con la reducción progresiva de la alícuota del derecho de exportación del aceite de soja establecido en el Decreto N° 1343/16, resulta necesario continuar propiciando la convergencia entre los derechos de exportación de dicho producto y el del biodiesel».

Todavía los empresarios no se pronunciaron sobre el tema pero la medida no habría caído bien en la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), entidad que nuclea a las grandes exportadoras.

Casualidad o no, se da en un contexto internacional que favorece a los industriales,  dado que el precio internacional del barril de crudo comenzó a subir al punto de alcanzar los 80 dólares el barril, cifra que no veía desde el año 2014, cuando se exportaron 1.602.694 toneladas, generando ingreso de divisas por 1.244.290.611 dólares, según datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Esta es una expectativa que todavía no se observa en la operativad de las plantas. De hecho, según CARBIO  la Argentina tiene un horizonte de negocio acotado sobre el mercado europeo: colocaciones por apenas 600.000 toneladas de biodiesel para este año por 450 millones de dólares.

Inclusive las relaciones comerciales podrían volver a cerrarse a partir de septiembre por nuevas acciones por dumping y subsidios que se están llevando a cabo contra el Gobierno nacional.