¿Qué efectos cree que puede generar en el mercado la nueva Resolución 212 del Ministerio de Energía y Minería que da la posibilidad de que los contratos se firmen en agosto?

Para aquellos adjudicatarios que tuvieron algún obstáculo en los meses post adjudicación y precisaban consecuentemente más tiempo para terminar alguna gestión, ciertamente, la resolución será un alivio.

La gran evolución del Programa RenovAr pareciera poner el inicio de este plan lejos en el tiempo, pero hay que tener en cuenta que la Ronda 1 es recién de mediados de 2016, por lo que ciertamente estamos transitando una «curva de aprendizaje» de la que pueden surgir algunos obstáculos a sobrepasar.

De un análisis aislado del contexto real, aplicando fallos o doctrina en licitaciones públicas, podría decirse que las medidas que alteran las bases de cualquier licitación tienden a atacar la credibilidad del sistema y que un oferente que no fue adjudicado podría sentirse afectado por el cambio de «reglas de juego». De todos modos, esta situación debiera analizarse en función de la situación general y de los reales perjuicios -no meramente teóricos- que debiera argumentar y demostrar tal oferente.

¿Era previsible esta extensión en los plazos?

No era necesariamente previsible, pero fue estimada “conveniente” (como indica el considerando de la norma) por el Ministerio de Energía y Minería debido al estado de los proyectos. La intención del Gobierno es respaldar a los adjudicatarios que no están aún listos para suscribir los contratos. En las rondas anteriores, también hubo extensiones de plazos que recibieron algunas críticas.

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¿Esta medida podría motivar algún tipo de acción legal en contra del proceso licitatorio por parte de algún privado que haya quedado fuera de la Ronda 2 del Programa RenovAr?

Desde el punto de vista jurídico, un oferente que no haya resultado adjudicatario bien podría creerse con derecho para cuestionar la medida, si pudiera comprobar que, con este mayor plazo o con la posibilidad de extensión de la firma de los Contratos de Abastecimiento, hubiera sido distinta (más baja) su oferta y el resultado de la licitación. Es decir, debería haber un perjuicio sustancial, directo y concreto que el interesado debería poder acreditar.

Sin embargo, desde la posición del Gobierno, también es entendible que haya un margen mínimo de flexibilidad, debido a que el mercado de las energías renovables en su conjunto -financiamiento, suministro, logística, construcción, decisiones provinciales, etc.- es prácticamente novedoso y está en sus primeras etapas. De modo contrario se dificultaría poder concretar los proyectos adjudicados.

¿Cómo repercutiría cumplir el plazo límite para agosto y ejecutar garantías de aquellos que no hayan firmado contratos, sobre todo pensando de cara a la Ronda 3?

Este nuevo plazo debiera poder cumplirse. Resulta difícil aventurar las consecuencias de la ejecución de una garantía por parte del Gobierno, ya que por un lado ello demostraría firmeza para aplicar estrictamente las reglas de juego -siendo una señal clara para inversores acostumbrados a moverse en este terreno y a la vez, llevaría a especuladores a evitar operaciones de este tipo-, pero por otro implicaría ciertamente una demora en la concreción de los proyectos para generar la energía necesaria para cubrir la creciente demanda.

Será importante, en consecuencia, encontrar el equilibrio necesario que mejor proteja el progreso de la industria en su incipiente desarrollo.