“Hemos manifestado claramente que nuestra posición es la ley”, aseguró el mandatario. Señaló que si bien se reconoce claramente que para la provincia es un hecho importante, tiene un valor económico trascendente y concuerda con la importancia de la energía nuclear, “habiendo observado rechazo social a la planta y falta de consenso, no vamos a insistir en la instalación de la planta”.

Weretilneck señaló que “si Cambiemos y el gobierno nacional quieren seguir adelante con la planta están en todo su derecho, que lo judicialicen y que vean si la ley tiene algún tipo de orificio” por el cual colar la central nuclear cuya construcción fue acordada con capitales chinos.

“Hay un camino judicial que lo tienen que explorar aquellos que consideran que el proyecto puede seguir adelante. Como gobierno de la provincia no podemos llevar adelante esto”, concluyó el gobernador en torno a los planteos del oficialismo nacional.

Por decreto

El presidente Mauricio Macri define en estos días la redacción de un decreto para instalar la central nuclear en Río Negro. Así, se genera un conflicto de intereses a partir de la ley provincial de prohibición. Esa será la excusa de Sierra Grande para recurrir a la Justicia y desactivar la norma que votó por mayoría el Parlamento, lo que abre no solo una controversia legal, sino y fundamentalmente, política.

La decisión presidencial fue transmitida al gobernador en Villa La Angostura. Macri, junto al ministro Rogelio Frigerio, se lo comunicaron a Weretilneck quien aseguró que no pondrá palos en la rueda. Sus declaraciones lo demuestran: “nosotros hicimos una ley de prohibición, ahora es responsabilidad de otros”. La síntesis es que si pasa, pasa.

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El parlamentó votó en contra

Al parecer la estrategia es no atacar la inconstitucionalidad de la ley provincial. Por el contrario, se espera que el gobierno nacional fije a Sierra Grande como localización de la quinta usina nuclear, que construirán los chinos. Esto es, no se deja lugar para un planteo en abstracto y por el contrario ante la certeza de su radicación llegarán las interpretaciones y el planteo del conflicto de intereses, tanto de Nación como de la comuna sierragrandense por la prohibición de Río Negro de instalar este tipo de emprendimientos nucleares en su territorio.

Pero el problema es que la Legislatura necesariamente debe reaccionar. Lo puede hacer orgánicamente o podrán haber expresiones de los legisladores individualmente o por bloque, ya que se estaría avasallando un norma votada por 45 de los 46 diputados que componen el Parlamento.