El jueves pasado la Alianza por las Energías Renovables de Argentina (AERA) organizó el “Encuentro Nacional de Energías Renovables”, en el auditorio del Honorable Senado de la Nación, a sala llena, con la presencia de las asociaciones más representativas del sector.

Se pensó con un espíritu participativo y permitió escuchar todas las opiniones respecto del futuro de la actividad. Gustavo Gil, representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) planteó: “Tenemos que lograr en un plazo razonable elaborar un documento sobre aquellos puntos en los que tenemos consenso, definirlos, precisarlos, ponderarlos, indica cuales son irrenunciables y llegar a marzo con un decálogo con temas de acuerdo; después seguiremos con los matices pero es un punto de partida para enmendar la ley”.

Sin dudas, la preocupación de los presentes apuntó a las exenciones impositivas que establece la nueva normativa hasta 2017 para cumplir con el 8 por ciento de renovables en la matriz. ¿Cómo se podrá cumplir este objetivo? ¿Se generará trabajo local?

Sobre este punto, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) planteó no caer en posiciones extremas: “hay lugar para todos; no tenemos que analizar en términos de que sea todo importado o cerrar totalmente las importaciones; hay que desarrollar el mercado y avanzar en la curva de aprendizaje con todas las tecnologías”.

En su visión “hay que articular el apoyo a la industria local” con una planificación de corto y mediano plazo que permita desarrollar la cadena de valor, pero sin dejar de “aprovechar la oportunidad” que plantea la ley 27.191. Su temor es que pasen los años y no se logre poner en práctica la ley, por discusiones internas, como ocurrió en las experiencias anteriores.

A la hora de los comentarios, los dirigentes solicitaron la palabra. Por su parte, Rubén Fabrizio, Director Ejecutivo del Clúster Eólico Argentino, puso el acento en aprovechar el potencial de la industria local, “hoy castigada”, por los altos aranceles que pagan las empresas nacionales, en un contexto de libre arancel para los equipos traídos del exterior.

Fernando Salgado, titular de Solartec, también planteó con preocupación el hecho que al 2017 se tenga que llegar al 8 por ciento. “Obviamente es más rápido comprar un bien terminado que producirlo en el país y no veo el beneficio de quitar aranceles a la importación”.

El empresario alertó que podrían entrar insumos y equipos, aprovechando beneficios fiscales, para luego ser utilizados con otros fines. “El control aduanero es complicado, no sólo para generadores eólicos y solares, sino para transformadores y otras partes; este es un punto muy crítico, porque no vamos a generar trabajo local, que es lo que necesitamos”.

Carlos Badano, directivo de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) sugiere extender en el Decreto Reglamentario la potencia permitida para centrales hidroeléctricas – en el texto marca hasta 50 MW – porque “restringe la posibilidad de integrar eólica con hidroeléctrica, impulsando las centrales de bombeo”. Es una manera de acumular la energía generada y suplir los inconvenientes de intermitencia que acarrean las renovables.

Héctor Pagani, gerente de Unidad Directiva del Proyecto Energías Renovables del  Astillero Río Santiago (ARS) planteó que el Fondo Para las Energías Renovables (FODER) pueda ser utilizado por las empresas locales que quieran expandir las instalaciones.  “Estamos tratando de instalar una planta de alta producción y no encontramos créditos con tasas acordes”, señaló.

Sugiere aclarar este aspecto en la reglamentación de la ley. ¿Quiénes tendrán prioridad para acceder al financiamiento? AERA se propone consensuar un punto de vista sobre el tema.

Para ir hacia un desarrollo del mercado local, en forma planificada, Gustavo Gil, del INTI, insistió en la elaboración del “Programa Federal”: “Es la herramienta más estratégica, desde aquí se piensan las cosas, no solamente desde el aspecto financiero, todo lo que acompañe a un efectivo plan de fomento de la industria nacional; diseñar desde allí el plan de desarrollo industrial”.

Representantes del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz fueron aún más lejos, respecto de la libre importación de equipos: “me llama la atención la dispersión de conceptos, han hablado del compre argentino, es contradictorio al límite que hace inconstitucional la ley. Cuando dedico financiamientos externos y quito trabajo local, llevo una contradicción constitucional”.

También haciendo uso del micrófono, Juan Pablo Santiago Gioja, del Gobierno de San Juan, provincia que está instalando una planta de fabricación de sistemas fotovoltaicos, alertó que sin protección a la producción “no habría mercado contra lo que costaría un panel importado”.

Juan Pablo Zagorodny, directivo de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA) hizo hincapié en anticiparse al “conflicto con generadores, cuando el ingreso de energía renovable desplace energía térmica; los generadores que tienen inversiones van a querer continuar con la renta, es natural, y la nueva generación con fuentes renovables de alguna manera empieza a disputar renta. Es una cuestión que tenemos que discutir”.