La Asociación Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR) se ha abocado a lograr que el Poder Ejecutivo reforme el Decreto Ejecutivo Nº 39220-MINAE que es el Reglamento a la Generación Distribuida.

Particularmente, lo que pretende la organización que nuclea a las compañías del sector solar en Costa Rica, es eliminar las trabas asociadas a las instalaciones de equipos, considerando que existe una sobre regulación de la actividad.

“Existe una especie de patente de corzo para que cada distribuidora establezca sus requisitos para interconectar el sistema a la red de distribución”, sostuvo Juan Carlos Pizarro, asesor legal externo de ACESOLAR y Socio del estudio A Legal Group.

Respecto a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) diferenció que «el problema radica en la falta de seguridad jurídica, por el cambio casi antojadizo que sus funcionarios hacen a la hora de fijar requisitos y costos de estudios”.

Otra preocupación que Pizarro planteó por parte de ACESOLAR está vinculada a la disposición técnica de las sistemas fotovoltaicos, dado que solo pueden instalarse módulos hasta alcanzar un tope de 15% de la capacidad del circuito.

Esto, según las autoridades, se plantea a raíz de un tema de seguridad de la red de distribución. “Esta norma ha sido sumamente cuestionada por cuanto no cuenta con un estudio técnico que indique por qué debe ser un 15%», apuntó Pizarro.

Y aseguró que «las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía lo han reconocido públicamente». Por eso, afirma que ACESOLAR solicita «que se aumente dicho porcentaje”.

Según relata Pizarro, el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, fundamentó ante medios locales que este techo de potencia obedece a la intención del Gobierno de proteger a las empresas estatales ante una posible merma en sus ingresos por la instalación de sistemas de generación distribuida.

Lentos certificados

Otra falencia que demora el desarrollo de la distribuida, de acuerdo al asesor legal externo de ACESOLAR, tiene que ver con el tiempo que tarda el Ente Costarricense de Acreditación para emitir un certificado de producto.

“En algunos casos se ha tomado hasta tres meses para emitirlo, lo cual encarece los costos de los proyectos”, explicó.

Por estos motivos, el especialista advierte que la generación distribuida “avanza lento», siendo escasos los incentivos y demasiadas las trabas para instalar los sistemas.

El abogado ubicó un ejemplo para tomar dimensión: “el prosumidor que instale un sistema isla o lo interconecte a la red de distribución tiene que cumplir con una serie de requisitos que, en algunas ocasiones, no están ni siquiera publicados”.

En este sentido apunta que “hay una traba regulatoria importante que establece que el prosumidor solo puede generar en el mismo punto de generación”.

Y en consecuencia alerta que “no es posible para el prosumidor transportar la energía que genere fuera del punto de generación hasta sus instalaciones, a través de la línea de distribución, a pesar que ya existe una tarifa de peaje para las redes de distribución”.

Incentivos vigentes

El incentivo fiscal más importante es la exoneración del IVA a una serie de equipos para generación distribuida, ya sean importados o de fabricación nacional.

Estas tecnologías están definidas en la Ley 7.447 cuya lista se ha venido actualizando, siendo la última la del Decreto Ejecutivo Nº 41121- MINAE.

Tarifas, el gran tema

En Costa Rica, no existe un valor de inyección para el usuario-generador.  “Gracias a un criterio de 2015 de la Procuraduría General de la República, la venta de excedentes de energía estaría sujeta a la regulación de la Ley 7200 que autoriza la generación privada”, explica Pizarro.

¿Qué implica en la práctica? De acuerdo al especialista esto significa que “el interesado en instalar un sistema fotovoltaico necesitaría incluso una concesión para la generación de energía y cobrar las tarifas que fijare la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos lo cual hace prácticamente inviable el poder vender los excedentes”.

En este esquema, lo que se termina aplicando vía reglamento es la modalidad de medición neta sencilla, que, por ser para autoconsumo, no califica como servicio público, por lo que no cae dentro de la órbita de regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

No obstante, la regulación tiene otra limitante importante y está en el siguiente Artículo 34: “El productor-consumidor podrá depositar en la red de distribución la energía no consumida, y tendrá derecho a retirar hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la energía total generada, para utilizarla en el mes o meses siguientes en un periodo anual.”

Sobre este punto, Pizarro expresó que “aparte del desincentivo de solo poder retirar un 49% aunque inyecte a la red de distribución un porcentaje mayor de energía, tampoco parece tener un sustento técnico claro».

Como positivo remarca que «el prosumidor tiene la posibilidad que la tarifa por consumo de energía que adquiere de las distribuidoras disminuye al consumir energía que genera”.

Datos de la distribuida en Costa Rica

El último informe del MINAE a julio de este año muestra los siguiente resultados:

  • Potencia total instalada de sistemas registrados 35.221,07 kW
  • Potencia total instalada proyecto piloto ICE 11.000,00 kW
  • Total instalado: 46.221.07 kW
  • Cantidad de sistemas registrados: 1010

A modo de conclusión, el Socio del estudio A Legal Group, manifestó que “el mercado costarricense eléctrico presenta una paradoja muy particular: por un lado se procura que la matriz sea lo más “verde” posible, al punto que se espera que para el 2030 la matriz sea 100% de fuentes renovables, pero sin embargo, más por un tema ideológico, se restringe la participación privada cuando esta puede facilitar el proceso”.

“Desde hace unos años hay voces que señalan que el modelo actual, no es sostenible dado los altos costos de operación de las empresas estatales agravado por un secretismo y falta de transparencia en relación con sus finanzas. La generación distribuida es una realidad a pesar de las trabas burocráticas y la experiencia demuestra, que tarde o temprano, el avance tecnológico obliga al cambio”, confió a Energía Estratégica.