En esencia, de esto trata la eficiencia energética, en especial en el ámbito público. Es consumir menos y producir más. Es una forma de utilizar menos energía utilizando tecnologías más modernas, más eficientes con el fin de obtener un mejor -o al menos igual- beneficio por cada kilowatt de electricidad o metro cúbico de gas empleados.

Es también sinónimo de utilizar procedimientos y normas específicas que mejoran el consumo de la energía sin pérdida en la calidad de los servicios. Su aplicación requiere de una cultura adecuada en las organizaciones, y de la formulación de diagnósticos energéticos y de una planificación que optimice el consumo.

La experiencia internacional revela que en el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN) es posible alcanzar en poco tiempo y con baja inversión un rápido ahorro en energía cercano al 10-20 % y en pocos años alcanzar reducciones cercanas al 30-40%; manteniendo las mismas prestaciones, servicios y productos que produce cada unidad de energía consumida.

En este sentido, y desde ya hace unos años, el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) de la Comisión Nacional de Energía Atómica comenzó a abocarse a esta problemática con el fin de promover el uso racional y eficiente de la energía tanto en la misma CNEA como en otros organismos de la APN.

Entre sus actuales actividades se destacan las investigaciones y estudios específicos abocados a procesos energéticamente más eficientes, al desarrollo de  herramientas adecuadas para el cálculo de envolventes térmicas con fines académicos y docentes, y a la capacitación en la temática, entre otros proyectos en curso.

Un análisis del estado actual sobre el conocimiento, desarrollo y aplicación de la eficiencia energética en varios organismos públicos es concluyente: es muy poco o casi nulo lo que se ha hecho en el país.

Las razones son varias e incluyen desconocimiento, falta de preparación de cuadros técnicos, falta de información, procedimientos y normativas administrativas inadecuadas y falta de inversiones, entre otras. No obstante, también vale destacar lo positivo.

Esto se debe, en parte a la anterior Secretaría de Energía de la Nación que en su momento estableció un programa de etiquetado de electrodomésticos y un “Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos”; y por otra parte a la Unidad de Ejecución y Gestión para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UNIRAE) dependiente hasta diciembre de 2015 de la Jefatura de Gabinete de Ministros que llevó adelante una serie de acciones con el fin de asegurar la implementación del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) en los edificios públicos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo y no obstante estas acciones, es mucho lo que resta aún por hacer y por ello puede decirse que la Argentina se ubica en la retaguardia de las naciones que hacen de su  política energética un culto del uso racional y eficiente de la energía.

Aplicar y desarrollar la eficiencia energética no tan sólo nos permitiría consumir menos produciendo más, sino también hacer más barata a la energía y mejorar la competitividad económica y tecnológica de la nación en su conjunto.

Y las razones para que nuestro país avance en este sentido abundan. Así lo señalan dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, uno del 2007 y el otro del 2015, Así lo hace sentir la necesidad -una y otra vez anunciada desde el Poder Ejecutivo- de consumir menos energía.

Así lo demanda el tan deseado y necesario crecimiento  del producto bruto nacional que va de la mano, entre otras necesidades, de disponer de seguridad energética  a precios accesibles a la industria. Y así lo requiere la meta de alcanzar la justicia social para que todo ciudadano argentino acceda a la energía mínima que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Y todo esto no es posible si no disponemos de energía barata en el país y de autosuficiencia energética.

La llave, o al menos una de ellas, que abre la puerta a este objetivo es la eficiencia energética.