La coalición “Va por México”, conformada por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que no votaría a favor de la reforma eléctrica de López Obrador, sino que incluso presentó una contrapropuesta. 

De todos modos, los integrantes de la coalición aclararon en conferencia de prensa que presentarán su iniciativa en el Congreso de la Unión una vez que “se deseche la reforma de AMLO” y se concluyan las elecciones de mitad de año que se realizará en algunos Estados del país.

En concreto, la contrapropuesta de “Va por México” mencionada consiste en varios puntos, donde el primero de ellos es la modificación del Artículo 4 de la Constitución para reconocer el acceso a la energía como un derecho humano, “con suficiencia, limpia y gratuita para los sectores sociales menos favorecidos”.

En segunda instancia, el proyecto establece la transformación de CFE Suministro Básico en una empresa del Estado independiente, denominada Suministro Básico del Ciudadano. Además que se implementen mecanismos de subastas de cobertura eléctrica de mediano y largo plazo como medida específica de protección al usuario o consumidor, obligatoria para el suministro básico, o, en su caso, el Suministrador del Ciudadano podrá firmar contratos bilaterales con plantas ya existentes siempre y cuando su precio sea inferior al promedio del último año del PML.

La propuesta del PRI, PAN y PRD tampoco se olvida de la generación distribuida y elevaría el límite de 500 kW a 1 MW, es decir, el doble de lo permitido actualmente. 

“La nueva Comisión Nacional de Redes Eléctricas tendrá la obligación de fortalecer el sistema eléctrico nacional para permitir una mejor penetración de energías renovables en el territorio nacional”, ratifican en el documento presentado. 

Justamente, la coalición busca darle autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía, que CENACE absorba la planeación general del Sistema Eléctrico y la Transmisión y Distribución (CFE transmisión y CFE distribución) y se transforme en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas.

Mientras que a la CFE se le otorgaría autonomía presupuestaria y de gestión, operando fuera del presupuesto, con órganos de Gobierno Corporativos, independientes y profesionales, aunque conservando la Rendición de Cuentas como Organismo Público. 

Otro punto que se diferencia de la iniciativa del Poder Ejecutivo es que plantea que la transición energética sea una obligación del Estado, en lugar de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación del sector privado y social.  

Siguiendo con las medidas, se pretende asegurar la creación de un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan diez años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año.

También abre la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños puedan acceder al mercado eléctrico y sus beneficios, a partir de la disminución del suministro calificado de 1 mega a 500 kW. “Y se establece un periodo de 4 años para que, cada año, se reduzca de 100 KW el umbral hasta quedar en 100 kW”, detalla el archivo. 

Asimismo, establece que se alineen los Certificados de Energía Limpia (CEL) con sus pares similares a nivel internacional. Y se expedirán como modelo de contabilidad de energía renovable generada. En tanto que el tema de los diversos permisos para proyectos energéticos, la iniciativa propone un único procedimiento para su otorgamiento. 

“Si MORENA quiere aprobar una reforma eléctrica, que aprueben la nuestra”, manifestaron los legisladores de la coalición, a modo de ratificar que no aprobarán la modificación constitucional propuesta por Andrés Manuel López Obrador.