“Los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para los productores de las Economía Regionales y los pertenecientes a Agricultura Familiar, deberán ser un 30 por ciento inferiores al resto de las actividades agropecuarias que asimismo serán iguales para todos los productores del país, excluyendo expresamente a los mencionados en este artículo”, expresa el artículo tres.

¿Quién regularía la política a este sector? Martínez sugiere crear el “Consejo Energético Agropecuario”, para encargarse de elaborar una vez al año un informe estableciendo los precios y tarifas de estímulo, como así también las cuotas energéticas para cada tipo de producción.

Esta transferencia de ingresos, según el legislador, produciría, en cinco años, un aumento del 20 por ciento de la producción primaria de la Argentina, lo que haría que ese costo subsidiario se viera ampliamente compensado. “Traería aparejado un importante aumento de divisas por el incremento obtenido que se constituiría en menos del 10 por ciento del valor obtenido por el aumento”, sostiene.

Y agrega: “debemos establecer con firmeza mecanismos activos para recomponer la situación del sector agropecuario, uno de los puntales más importantes de nuestra economía. De esa forma, como hace la mayoría de nuestros países vecinos, convertir al campo en una plataforma de lanzamiento hacia una economía activa, competitiva, dinámica y que dé respuestas a las necesidades de nuestros compatriotas”.

Sobre el proyecto de ley

Fue presentado en la cámara de diputados por Julio Martínez, de la Unión Cívica Radical por La Rioja, el 26 de agosto de este año, bajo el número de expediente 4582-D-2015 y el número de trámite 108.