¿Es nueva la nueva Ley de Energías renovables?

Hace unos días fue aprobada en el Congreso de la Nación la denominada nueva Ley de Energías Renovables. Sin embargo, la misma tiene poco de nuevo, aunque intenta hacer un esfuerzo por generar mejores condiciones para las renovables mediante algunas herramientas, recrea viejos errores.

Acerca del debate

Se debiera tener en cuenta que el debate surge de actores vinculados a la problemática de las energías renovables y su incorporación. El mismo fue planteado desde el punto de vista de generar una herramienta que permita lograr lo que no pudo la Ley 26190.

Como se conoce, dicha Ley impulsaba alcanzar que el 8% de la energía eléctrica que se consuma en el 2016 provenga de fuentes renovables, objetivo muy difícil de lograr a esta altura.

Se debe reconocer un gran esfuerzo de académicos, políticos, cámaras empresarias, ecologistas y demás actores para pensar herramientas que permitan de una vez por todas despegar a las energías renovables en nuestro país. Sin embargo las mismas no son cualitativamente diferentes a las originales de la Ley 26190. En este sentido es necesario repensar porque no tuvo éxito dicha Ley.

Es muy probable que la imposibilidad de cumplir con los objetivos se deba a la fortaleza que aún tiene en el conjunto de decisores políticos y tecnológicos la idea de que las energías renovables tienen un carácter marginal. A esto debemos sumar el intenso lobby desarrollado por otros sectores energéticos como el de los hidrocarburos y el nuclear en nuestro país que han absorbido cuantiosos fondos para su desarrollo.

Sin dudas la decisión política no estuvo del lado del desarrollo de las energías renovables ya que recursos económicos no han faltado en estos años para el desarrollo energético.

No se ha avanzado en la meta del 8%, en gran parte, porque el dinero necesario para su desarrollo fue destinado a otras opciones energéticas. La culminación de Atucha II tomó préstamos de ANSES por más de 5000 millones de pesos, además de las erogaciones directas que más que duplican esta cifra. La central de Río Turbio de carbón fue desarrollada con fondos públicos, los más de 1000 MW de grupos diésel en contenedores se pagan con dineros públicos. A todos estos emprendimientos no se les cuentan las pulgas, pocos se preguntan sobre su “rentabilidad” o “amortización”.

Otro de los sectores que deben ser vinculados con el no avance de las energías renovables es el sector de los hidrocarburos. Se ha discutido recientemente la nueva Ley de Hidrocarburos que generó condiciones para desarrollar una transferencia de recursos multimillonaria hacia las empresas, entre ellos el producido por la diferencia entre el precio internacional del petróleo y el local.

A esto se debe sumar un conjunto de beneficios importantísimos para las empresas. Discutir la nueva ley de energías renovables sin discutir estas cuestiones es un error importante ya que en muchos casos, en el tema recursos, nos enfrentamos a un juego de suma cero.

El problema central del incumplimiento de la Ley 26.190, no es solo un error en sus herramientas sino una decisión política distinta. Decisión política no exclusiva del gobierno actual sino de otros gobiernos, de los gobiernos provinciales y de la mayoría de la oposición.

Acerca de la nueva Ley

En primer lugar se debe decir que entendemos importante el desarrollo de herramientas legales y regulatorias para el desarrollo de las energías renovables. Muchas normativas, en particular locales sobre energía, nos cuentan entre sus autores o impulsores.

Entre los aspectos positivos de la nueva ley se deben anotar el nuevo objetivo de meta propuesto, que resulta sumamente importante, y el esfuerzo por mejorar algunas herramientas económico-financieras más el desarrollo del fondo fiduciario, que en su espíritu estaba en la ley original pero que nunca encontró voluntades de desarrollarlo

Entre los aspectos negativos se deben incorporar varios elementos, entre ellos:

‐ El haber obturado, en nombre del pragmatismo, un debate que incluya posibilidades para el desarrollo de fuentes que no sea la energía eólica. En muchos casos los mismos impulsores, y con el espíritu de “al menos avancemos en esto” cerraron los espacios de negociación para ampliar las posibilidades de otras fuentes energéticas. Esto no solo tiene efectos concretos en el desarrollo de otras fuentes sino que dilapidó la posibilidad de mejorar los acuerdos entre diversos sectores. Hubo muchos aportes sectoriales que no fueron tenidos en cuenta.

‐ En los mismos fundamentos que hacen los autores de la ley señalan que fue un error establecer valores fijos para los incentivos en la anterior Ley, sin embargo insisten en establecer valores fijos en dólares en la nueva Ley. Valores que, además, obstaculizan el desarrollo de muchas fuentes.

‐ Si bien puede aparecer como lógico abrir temporalmente las importaciones para cubrir las metas, existe el peligro de que esto se prorrogue y no se ha notado en el texto la misma preocupación por desarrollar la industria local.

‐ El error más importante tiene un profundo impacto político. Los autores, en el afán de transferir responsabilidades a los usuarios, en realidad a algunos usuarios, plantean transferir la obligación de las metas a los mismos. Sin embargo, la herramienta que proponen es la del desarrollo de contratos de compra‐venta de energía. En pocas palabras están tratando de revitalizar lo peor de la ley de privatizaciones del sector eléctrico, ley que de hecho no está operativa en el país desde el quiebre de la convertibilidad. Pensar en el desarrollo de un mercado de estas características, del que ya tuvimos experiencias, con el desarrollo de brokers de energía, lobbys y entrega de plusvalor a intermediarios creemos es un gran error. Esto, más allá de la coincidencia de los objetivos respecto de que la responsabilidad sea colectiva.

‐ En todo caso en el apartado anterior no queda claro porque no se incorporan a las empresas distribuidoras con la idea del impulso real de la generación distribuida con fuentes renovables.

A modo de cierre

Desde los que trabajamos hace muchos años en los espacios de desarrollo, impulso y apoyo de las energías renovables apostamos fuertemente al desarrollo de herramientas para su despegue.

Muchos han dicho en estos días “bueno, si aunque sea sirve para poner 1000 MW eólicos está bien”. No está mal pensar de esa manera, no cuestionamos el pragmatismo como tal, aunque sí es doloroso perder oportunidades. En el 2006 de alguna manera festejamos la Ley 26190, y no observar las causas reales de su no cumplimiento y caer en errores similares pueden significar un nuevo retraso.

Es necesario discutir la energía en Argentina, no solo las energías renovables. En el contexto climático actual, de escasez de recursos y de desigualdad en el acceso, es necesario fortalecer la idea de la energía como un derecho en contraposición a la idea establecida que es una mercancía.

Es necesario revisar los impactos del sistema energético actual, fortalecer la idea de incorporar las externalidades en las cuentas energéticas como paso necesario y lograr un acuerdo para desfosilizar la estructura energética, desconcentrarla, descentralizarla y democratizarla.