Reconocidas personalidades con años de experiencia en energías renovables hablaron con Energía Estratégica sobre el proyecto de ley que se tratará durante el día de hoy en la Cámara Alta, donde se estima que habrá un fuerte apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, por lo que la aprobación sería inminente.

A saber, el proyecto de ley del senador nacional de Chubut, Marcelo Guinle, redactado por su asesor Sebastián Kind, director general de la maestría en energía renovables de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), propone modificar la Ley 26.190 pretendiendo llegar a un 8 por ciento del consumo de energías renovables de la matriz energética total en 2017 y alcanzar un 20 por ciento para el año 2025.Hoy sólo es del 0,5 por ciento.

Por otra parte, propone la conformación de un Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) para brindar financiación de proyectos de inversión, alimentado por un mínimo del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula que las energías renovables ahorrarían al fisco 41.000 millones de dólares hasta el año 2025), además de beneficios impositivos y mayor respaldo al desarrollo de equipamiento nacional.

Además, entre otros aspectos, propone la obligatoriedad de consumo para los grandes usuarios de energía eléctrica, aquellos que tienen un consumo igual o superior a 300 kW, para poder responder al cumplimiento individual de las metas de consumo de energías renovables que fija la ley.

Estos deberán abastecerse de un 8 por ciento de energía renovable en el año 2017, un 12 al 2019, un 16 al 2021, un 18 a 2023 y 20 por ciento al 2025, de no cumplirlo se le cobrará por aquello que se excedan un monto de 200 us$/MWh. El precio límite establecido por MW es de 113 dólares.

Este punto fue puesto en tela de juicio por Marcelo Álverez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), quien dijo a Energía Estratégica que sólo termina afectando a un 30 por ciento de los consumidores de energía del país.

No obstante, resaltó que se trata de “un paso en la dirección correcta que mejora muchos puntos de la Ley original pero que le falta mucho por agregar”. En ese sentido, dijo: “Es una ley fundamentalmente eólica que no tiene incorporada la multiplicidad tecnológica, eso es resultado del precio- techo que tiene: 113 dólares por MW generado; eso es un espacio para la energía eólica y no para las otras energías renovables al presente”.

Agregó que el Fondo Fiduciario es una “buena iniciativa” y se propone como solución a uno de los fracasos que significó para el GENREN en su problema para financiar proyectos.

Por su parte, Nicolás Brown, ingeniero industrial con un Máster en Energías Renovables, también dialogó con este medio y, al igual que Álvarez, hizo hincapié en el precio tope de 113 U$D/MWh que pone el proyecto y analizó que esto “posee tres impactos negativos: a) en la práctica, limita los contratos solo a eólica y excluye otras como la solar b) impide proyectos de, digamos, 130 u$d/MWh, que igual serían más baratos que la multa, y beneficiosos para el país y 3) al limitar la cantidad y variedad de proyectos, limita el mercado y no va a hacer que bajen los precios, además de dar una mala señal económica en términos de intervención política en el mercado”.

Sin embargo, admitió que “es un paso hacia adelante” en cuanto a la legislación de energías sustentables y que “es muy sólida desde lo técnico, y es la primera ley de renovables que se discute y analiza tanto”. “Espero que se pueda refinar un poco en Diputados”, se esperanzó en cuanto a su perfectibilidad.

Quien también calificó de “buena” a la iniciativa del proyecto del legislador chubutense fue Leandro Magri, del colectivo Colectando Sol, quien dijo que “todo suma” si se trata de medidas que promuevan el uso sustentable.

Desde el punto de vista de la energía solar térmica, Alexis Atem, de la empresa Energe, en consonancia con los especialistas anteriores, opinó que se trata de un proyecto “muy bueno” y que significa un “gran paso” en lo vinculado a energías renovables a pesar que no hace hincapié en iniciativas que impulsen el uso de colectores solares que son de fácil amortización. “Debería ser más inclusiva” la propuesta, disparó.

Del mismo modo, Horacio Pinasco, presidente de la compañía Tecnored, opinó: “Es necesario que haya una nueva Ley de energías renovables en la Argentina”, por lo que saludó el proyecto Guinle, pero dijo es “perfectible” y que es necesario llevar a cabo modificaciones con consenso y análisis de diferentes situaciones.

“Considero que una ley de energías renovables debe ser abarcativa a todas las tipologías y clases de energías renovables y, por lo tanto, las condiciones que se fijen en esta Ley deben contemplar las distintas situaciones que se plantean para los distintos tipos de energías sustentables. Y una ley de energías renovables deben contemplar aspectos como: cantidad de personal ocupado, mano de obra local generada, tecnologías locales aplicadas, disponibilidad de potencia para poder ser aplicada allí donde no hay disponibilidades. Favorecer y premiar las distintas situaciones que se plantean con los distintos tipos de energías renovables. Una ley de energías sustentables tiene que permitir que la energía sea un valor federal y que todos los lugares en la Argentina puedan ser beneficiados por los beneficios de esta Ley”, señaló.

Quienes no se mostraron de acuerdo fueron los directivos de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE). Opinaron que el hecho de no incentivar a un amplio arco de consumidores y limitarse obligar a los usuarios que consuman más de 300 kW a llegar al 8 por ciento del consumo individual de energía. Además agregaron que dudan que para el 2017 se llegue al objetivo propuesto, dijeron que se trata de un proyecto “demasiado político” en donde no se tuvo en cuenta opiniones de otros sectores.

En el mismo sentido se refirió el ingeniero Julio Nicolás Baima, de MEyCO SRL, quien dijo que “ve interés político” en la propuesta de ley. No obstante, el especialista resaltó que la intención es buena pero que “llevarla a la práctica es muy difícil”. Por otra parte hizo hincapié en la necesidad de comenzar a regularizar la posibilidad de que empresas puedan comprarle energía a particulares y no sólo al estado; punto que esta reforma no contempla.

Diego Franco, destacado especialista en energías renovables, presidente de Giafa S A y Asesor técnico del Parque Eólico Arauco, hizo hincapié sobre la devolución del Impuesto al Valor Agregado, sosteniendo que este debería devolverse a los 12 meses independientemente de las etapas de exigencias marcadas por el proyecto, éste plantea que en la primera etapa (compeliendo al 8 por ciento a 2017 en el consumo particular de una empresa) el IVA sea devuelto recién a los 2 años.

Explicó al respecto: “Una central con renovables (eólica y solar básicamente), tiene un costo de generación que está compuesto entre 85 y 90 por ciento de costo de capital y solo 10 a 15% de operación y mantenimiento. Una central térmica, tiene un costo de generación que está compuesto entre 25 y 30 por ciento de costo de capital y 70 a 75 por ciento de operación y mantenimiento, entre los que se encuentra el combustible.

“Por consiguiente, cuando se compra un equipo de capital para renovables, estamos pagando IVA por un capital muchísimo más alto que cuando compramos un generador térmico”. “Si esto no es así, se estará de alguna manera castigando a las renovables” a diferencia de las fósiles, indicó Franco.

Por otro lado, Héctor Cobelo, titular de la empresa fabricante de aerogeneradores ST Charger, criticó el hecho de que no haya “una política definida de energías renovables, sino proyectos aislados”. Sostuvo que debería incentivarse una línea de créditos dependiente de los bancos estatales para la compra de fuentes renovables y agregó que es necesario tomar medidas integrales como la actualización del mapa eólico, que hoy está fuera de servicio. “Hoy nos tenemos que basar en estudios que se hicieron hace años atrás”, subrayó.

Desde el punto de vista del recinto de senadores, este medio también dialogó con Damián Solanas, miembro de Proyecto Sur, quien dijo que desde su partido saludan este tipo de propuesta y se mostró optimista en la posibilidad de que el proyecto de ley obtenga la media sanción en senadores.