La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia suspendió el “Impuesto al Viento”, que estaba cobrando el municipio de Puerto Madryn, y ordenó que también se deberá abstener de poner medidas compulsivas de recaudación y de aplicar penalidades administrativas por falta de pago hasta que haya una sentencia definitiva. 

El fallo se dio a partir de una queja del grupo alemán Nordex, al que esa ciudad le exigía más de $38 millones en concepto de “tasa municipal por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental”. 

Para ser precisos, la carga impositiva bajo la Ordenanza N° 11.546 consistía en que las empresas con aerogeneradores debían pagar una tasa de alrededor del 4,5% de la facturación, tan sólo por el hecho de que las aspas se muevan, es decir, sumas de dinero que no fueron previstas en las propuestas de inversión, ocasionando serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector.

Medida que comenzó a regir en 2020 a través de la aprobación del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, pese a que, entre otras normativas, la Ley Nacional N° 27191 detalla que “las fuentes renovables de energía no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025″.

Agustín Siboldi, abogado y socio del O’Farrell Abogados y miembro de la Comisión Directiva de CADER, dialogó con Energía Estratégica sobre este fallo y compartió una breve postura en nombre de la Cámara Argentina de Energías Renovables. 

“Es una muy buena noticia que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia detuviera cautelarmente los avances del municipio, que en lo técnico-legal es inconstitucional y que producía inseguridad jurídica. Es tranquilizador porque se hace eco de lo veníamos planteando hace tiempo”, aseguró. 

“Asimismo, sirve de base para evitar estas situaciones en el futuro. Pero lo importante sería que, una vez que se resuelva definitivamente, la justicia ratifique la inconstitucionalidad y nulidad de la ordenanza de Puerto Madryn y de todas las acciones consecuentes”, agregó. 

Y es preciso mencionar que CADER quien advirtió sobre el fuerte impacto que generaba el “Impuesto al Viento” sobre las inversiones y el desarrollo en energías renovables, dado que estimó estimó que un parque eólico de potencia promedio (100 MW) se vería obligado a pagar 20 millones de dólares, por lo que ratificó su oposición no sólo a esta la decisión del municipio chubutense sino a cualquier modificación modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables.